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Etiquetas:   Pacto antiterrorista  

PP y PSOE acuerdan medidas para impedir la presencia de Batasuna en la vida p blica

Redacción
viernes, 31 de diciembre de 2004, 14:02 h (CET)
El Gobierno, el PSOE y el PP, a instancias de este ltimo partido, acordaron hoy, durante la reuni n de la Comisin de Seguimiento del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, la adopci n de medidas legislativas y judiciales para impedir la presencia de Batasuna en los ayuntamientos y para evitar la normalizacin de la presencia de esta formaci n ilegalizada en la vida pblica.

Redacci n / EP
Segn el secretario general del PP, Angel Acebes, en este momento hay cinco ayuntamientos en el Pa s Vasco en el que la corporacin municipal que sali elegida en las elecciones municipales de 2003 an no ha tomado posesi n y Batasuna sigue gobernando en esas localidades. Se trata de los municipios de Azarnazabal, Hernialde, Irura, Itsasondo y Leaburu.

Los firmantes del pacto acordaron adoptar las medidas legislativas y judiciales necesarias para que esto no ocurra y tambin acordaron instar, por el conducto del Ministerio de Justicia, a la Fiscal a General y a la Abogaca del Estado para que los miembros de la ilegalizada Batasuna y de otras plataformas de la izquierda abertzale participen en los plenos de los ayuntamientos con normalidad.

Esto, asegur Acebes, se viene produciendo en cada vez ms ayuntamientos vascos gobernados por el PNV y por EA. Adem s de estas medidas, acordaron analizar todas las posibilidades de actuacin para evitar que se normalice la presencia de Batasuna en actos p blicos o ruedas de prensa.

El dirigente popular tambin explic que durante la reunin de hoy, su partido hab a reprochado al Gobierno el nombramiento unilateral de Gregorio Peces Barba al frente del Alto Comisionado de Atencin a las V ctimas del Terrorismo. Adems, el PP requiri al Ejecutivo que recurra el archivo de la querella contra Juan Mara Atutxa y otros miembros de la Mesa del Parlamento Vasco por no disolver el Grupo Parlamentario de Socialistas Abertzales.

En este punto, seg n Acebes, el ministro del Interior, Jos Antonio Alonso, asegur que ser el Ministerio de Justicia quien tendr que analizar si se recurre o no.

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