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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Eduardo Bueno Ferrer

Rafael del Barco Carreras
Redacción
lunes, 10 de mayo de 2010, 06:43 h (CET)
4-05-10. Confirmando el título del artículo anterior, “el juicio de nunca acabar”, adjunto en www.lagrancorrupcion.blogspot.com el acta oficial de la sesión de fecha 20 de abril de 2010 sobre las periciales Ibusa, propiedad de Eduardo Bueno, del que ya dejé referencia en el artículo V de esta serie, que también adjunto. Al acta se deberían unir las grabaciones en cinta y video, pero de por si describe el porqué de la pesada lentitud del juicio.

Digo, después de tanto oído en el juicio, y sin poderme tachar de demagogo o demasiado progre, que a quien se debería juzgar es al Estado y su Ministerio de Hacienda por crear unas leyes y su práctica donde la arbitrariedad convierte en simples extorsionadores a sus funcionarios, y a los presuntos sobornadores, los empresarios, en chantajeados. Y aun ese principio merece aclararse.

Es evidente por mis 50 escritos que mis simpatías por los acusados es nula, sobre los condenados en otros juicios hasta he suprimido el presunto culpable, pero quién les reclama dinero y cárcel, el Estado Español, lo diré vulgar y suave, no jugó limpio, cartas marcadas, juez y parte, me lo guiso y me lo como, y además protegiendo a unos indiscutibles culpables, en principio la cúpula de Hacienda. En el caso Javier de la Rosa, sin duda alguna. Un Poder, el del Estado, demasiado absoluto, tan arbitrario como sus funcionarios juzgados.

Cualquier Estado para crear e imponer el DELITO FISCAL debería legitimar su DEMOCRACIA con la estricta división de sus PODERES, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. De lo contrario, caso España, y sobre lo debido al propio Estado cualquier actuación judicial es cuanto mínimo sospechosa no solo de seleccionar culpables sino de partidismo político.

Quizá los hay que se merecen los años de cárcel porque jugaron con ese Poder, con sus mismas cartas marcadas, a lo mafioso, LA GRAN CORRUPCIÓN, pero la mayoría de los presuntos culpables obedecían o aprovechaban, obligados en defensa de sus empresas, las circunstancias que les envolvieron.

Tanto es así que los varios peritos de Hacienda, propuestos por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, en altos cargos en la actualidad, han repetido hasta la saciedad que aquella Hacienda, su organigrama y métodos, no se parece en nada a la actual. Ignoro si es así, pero lo hemos oído repetidamente. Citan la Ley del 95 e innumerables disposiciones anteriores y posteriores. Un laberinto mortal o imposible telaraña.

Puede que con tanto repetir se solidifiquen las acusaciones de Fiscalía, pero lo que queda claro sin el “puede” es que faltan en el banquillo desde el Delegado de Hacienda Ernesto Aguiar y Josep Borrell hacia arriba, y que sin ellos no se puede juzgar lo actuado bajo sus órdenes, condescendencia o directos pactos. Faltan pruebas comprobando talones (prescrita la entrega por parte bancaria ¿¿??) y demasiado dinero en efectivo sin más comprobación que señalar a los sentados en el banquillo. Sin entrar en la nebulosa en que quedará DIAGONAL MAR, recalificaciones, la extraña personalidad, existencia y muerte, de John Rosillo, el propio Javier de la Rosa y sus repartos a toda altura y de todos los colores, etc.

No es suficiente. Pretender culpabilidad demostrando una ínfima parte de aquella GRAN CORRUPCIÓN, por muy probada que parezca, es más una mascarada que un juicio.

Y con ello no acuso al Tribunal, ni siquiera a la actual Fiscalía Anticorrupción, heredera de un sumario sospechoso por mutilado, con prescripciones y exclusiones decididas hace años, enorme a propósito para demorarlo, prescribirlo o anularlo, engorroso en las pruebas aportadas, enmascarando más que aclarando, revolviendo acusados sin nexo, y alguno no me cabe duda, sin culpa ni ganancia.

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