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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

El coste de la implantación de la Ley de Inmigración

Edward Schumacher-Matos
Edward Schumacher-Matos
sábado, 8 de mayo de 2010, 06:48 h (CET)
NUEVA YORK - Se avecina un endurecimiento de la lucha contra la inmigración ilegal. Pero, ¿qué pensaría usted si el precio de esta implantación fuera más elevado que el coste que como contribuyente suponen para usted los sin papeles?

Los dos están, de hecho, más o menos equilibrados hoy en día, suscitando dudas del sentido que tiene el endurecimiento. La respuesta: algo, pero no mucho.

Echemos un vistazo a los números. Comencemos por lo mucho que los inmigrantes aportan a la economía frente a lo que cuesta prestarles servicios. A pesar de las muchas reclamaciones enfervorecidas, nadie conoce las cifras exactas. Pero el consenso entre economistas por lo demás enfrentados dice que a corto plazo - repito, a corto plazo - es una minucia.

Los inmigrantes sin papeles, hasta en la recesión actual, contribuyen poco al crecimiento económico, la creación de empleo y los salarios de la mayoría de los estadounidenses. La excepción es el 10 por cierto de rentas más bajas, integrado en su mayoría por inmigrantes, además de los nacionales que colgaron los libros. Pero hasta para este grupo, la pérdida de empleo es pequeña, y la pérdida salarial de los inmigrantes ilegales está entre el cero y el 5 por ciento.

El impacto que pagamos como contribuyentes, mientras tanto, es ligeramente negativo. Los inmigrantes ilegales pagan menos impuestos que lo que reciben en servicios locales, estatales y federales. Pero también reciben menos servicios que los ciudadanos.

Como concluye Gregory Hanson, economista de la Universidad de California en San Diego, tras revisar muchos estudios, el coste fiscal total ronda la décima parte del 1 por ciento del producto nacional bruto. El beneficio total para el trabajador estadounidense y el empleado ronda las tres centésimas de punto porcentual del PIB. Esto se traduce en un ligero impacto económico negativo global de siete centésimas de punto porcentual, que entra dentro del error de redondeo y podría ser ligeramente positivo fácilmente.

Hace pensar a qué viene tanto alboroto. El coste para escuelas y hospitales es mayor en algunos estados fronterizos y comunidades locales donde se ha registrado una gran afluencia de inmigrantes ilegales. Pero el beneficio de empleo y empresas en esas áreas también ha sido mayor.

Ahora echemos un vistazo a la implantación. En 2009, el presupuesto de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que patrulla las fronteras, fue de 9.500 millones de dólares. Se presupuestaron 5.400 millones de dólares para Inmigración, que lleva a cabo las operaciones en busca de ilegales y las auditorias de las plantillas. El total ronda los 15.000 millones. Esto sin contar las policías estatal y local, las costas judiciales y el gasto penitenciario, como los de Arizona, que a través de su nueva ley de inmigración acaba de comprometerse a pagar.

Sin embargo, las siete centésimas de punto porcentual del PIB que hemos calculado como carga económica total rondan los 10.000 millones. En otras palabras, ya pagamos más en mecanismos de lo que nos cuesta la inmigración ilegal. Es un cálculo aproximado, pero los diversos estudios no cambian el resultado final mucho más.

¿Cuánto más, pues, debe de apoquinar el contribuyente?

La administración Obama y ambos partidos del Congreso están decididos a endurecer el mecanismo. Ellos responden a nuestra demanda, como se ve en una encuesta New York Times/ CBS News publicada la semana pasada en la que el 74 por ciento de los encuestados cree que los inmigrantes ilegales "empeoran" la situación económica, el 78 por ciento dice que el gobierno "podría estar haciendo más" en la frontera para detenerlos, y el 60 por ciento dice que la nueva ley de Arizona que obliga a los cuerpos de seguridad a parar a cualquiera sospechoso de ser un inmigrante ilegal es "acertada" o no basta.

Por supuesto, necesitamos mejorar los mecanismos, aunque sólo sea por saber quién está aquí. Pero aparte de algunas medidas adicionales en las zonas fronterizas abiertas como Arizona, la respuesta no es la enorme ampliación - y cara - de la militarización de la frontera que exigen muchos en la esfera pública y la política. Las medidas actuales reducen ya significativamente la inmigración ilegal. Las más eficaces implican controles laborales a prueba de manipulaciones de la identificación de la seguridad social.

El propio Cuerpo de Fronteras dice que la selección de traficantes de drogas y terroristas (de los que hasta la fecha no se ha registrado ningún caso) en la frontera mexicana es mucho más eficaz que la militarización masiva. Sale también mucho más barato.

En el transcurso de sus vidas, la mayoría de los inmigrantes ilegales son contribuyentes económicos netos - incluso fiscalmente - lo que es un motivo para legalizar a los que ya están aquí.

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