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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

Cuando la reforma es una pendiente resbaladiza

Ruth Marcus
Ruth Marcus
sábado, 8 de mayo de 2010, 06:45 h (CET)
PHOENIX - "¿Qué le pasa a Arizona?" es la pregunta obvia a propósito de la nueva ley de inmigración del estado. Hay algunas respuestas obvias - y una no tanto que me sorprendió escuchar a los observadores de todo el espectro político aquí.

Obviamente, el estado está reaccionando - exageradamente - a la comprensible frustración con el fracaso del gobierno federal a la hora de controlar la inmigración ilegal. La inmigración ilegal se ha reducido en general, pero la implementación de la ley más estricta en California y Texas ha contribuido a desplazar el problema a Arizona.

Obviamente, el estado está reaccionando a una crisis económica que ha hecho más insostenibles las presiones de la inmigración ilegal. En porcentaje de puestos de trabajo perdidos, Arizona se ha llevado una parte peor que Michigan, y sus problemas presupuestarios han superado a los de California.

Obviamente, el Partido Republicano, que controla ambas cámaras de la Legislatura de Arizona y la gobernación, es cada vez más conservador a nivel nacional. En el estado del Gran Cañón, los detractores fiscales se han unido a los activistas de la inmigración.

Pero Arizona no es tan increíblemente Republicana como lo fue antes. Los habitantes de Arizona votaron a Bill Clinton en 1996 y eligieron gobernadora a Janet Napolitano en dos ocasiones. Cinco de sus ocho miembros en la Cámara son Demócratas. Su población hispana alcanza el 30 por ciento y creciendo - lo que sugiere que un político racional de cualquiera de los partidos haría bien en no alienar a este electorado clave. Lo que nos lleva a la razón menos obvia que mucha gente aquí intenta colar como explicación, en parte al menos, de la ley de inmigración: la ley de "elecciones limpias" del estado aprobada en 1998. La medida, adoptada en respuesta a un escándalo de corrupción, es una de las leyes de financiación pública de mayor calado de la nación.

Los candidatos a la Legislatura pueden recibir financiación pública si recaudan 220 donaciones de 5 dólares cada una por lo menos. Esto les da derecho a más de 14.000 dólares para la campaña de las primarias y más de 21.000 para las generales. Si un candidato opta por no respetar los límites de donaciones y gasto, el competidor que recibe financiación pública tiene fondos adicionales para equilibrar las cosas.

Una idea admirable que subyace al código era hacer más reñidas las campañas, armonizando el terreno entre titulares enfrentados en deuda con intereses adinerados y contrincantes advenedizos incapaces de recaudar las cantidades necesarias.

El problema es que funcionó - tal vez demasiado bien. Las barreras a la entrada eran extremadamente bajas. Gente de escasa experiencia política a cualquier nivel se presentaba a la legislatura y ganaba. Anteriormente, para bien o para mal, los candidatos de ambos partidos eran "vetados" por los grupos empresariales que a continuación procedían a ayudarles a recaudar dinero, un proceso que servía para filtrar a los radicales de ambas partes.

Y, como se vio después, una ley implantada para favorecer a los políticos de "la buena gestión", sobretodo Demócratas, acabó favoreciendo a los Republicanos conservadores que rápidamente se dieron cuenta de que el dinero de la ley se podía utilizar para proponer a Republicanos locales del sector privado.

"La ley permitió a los particulares... no tener que competir financieramente, ya que no tenían que construir electorados", decía en una entrevista el alcalde de Phoenix Phil Gordon, Demócrata.

J.D. Hayworth, el ex congresista conservador que se presenta contra el Senador John McCain en las primarias Republicanas aquí, me decía que "para aquellos de nosotros que lo criticamos como medida intervencionista, y con toda razón", la "consecuencia imprevista es que ha favorecido los conservadores".

La magistrado jubilada Sandra Day O'Connor está encabezando una iniciativa de reforma que incluye la derogación de la ley de financiación. Pero la medida para hacerlo era sentenciada en la sesión legislativa recién concluida.

Mientras tanto, otra iniciativa de buena gestión - crear distritos electorales más ajustados asumiendo la tarea de diseñarlos al margen de la legislatura y poniendo el diseño en manos de una comisión bipartidista - tampoco funcionó como se esperaba. Bajo la enmienda constitucional aprobada por los votantes en el 2000, Arizona se convierte en el primer estado en exigir por ley la armonización en el diseño de los límites de los distritos electorales legislativos.

Gran idea. Pero la competencia es sólo uno de los muchos factores a considerar, y sólo cuatro de los 30 distritos electorales acabaron registrando resultados ajustados. El Supremo de Arizona rechazaba pronunciarse en un proceso presentado por legisladores Demócratas hispanos que pretendía volver a diseñar las líneas para crear distritos indecisos adicionales.

Escaños protegidos mas ley de elecciones limpias igual a candidatos más radicales - y a una legislatura en donde los Republicanos moderados brillan por su ausencia.

Soy una firme partidaria, en teoría, de la financiación pública y, aún más, del diseño de distritos independiente. Pero la experiencia de Arizona ofrece una lección realista a los reformistas. No hay que tener cuidado con lo que deseas necesariamente. Pero hay que formular el deseo con precisión o puedes acabar lamentándolo.

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