Entre los propios partidarios hay contradicción. Mientras unos dicen que el referéndum catalán sobre la independencia se celebrará, otros lo ponen en duda. Estos últimos días, la escenificación del sainete ha sido de escándalo.

Mientras la presidenta del Consell de la renovada Convergència Democrática -el partido de Pujol y de Mas-, Mercé Conesa, declaraba que el referéndum “podría no celebrarse”, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmaba -en un gesto de matonismo pueblerino- que “se celebraría indefectiblemente en septiembre del próximo año”.Esta es la mejor manera de desmotivar a la ciudadanía, incluso la más partidaria.

Pero, además, las encuestas, en el más favorable de los casos, señalan un cierto empate, una división por la mitad de los 'pro' referéndum y los en 'contra'. Incluso entre los partidarios a la celebración, son mayoria los defensores de que se haga de acuerdo con el Estado. Lo cual, por ahora, resulta jurídica, social y políticamente inviable.

Se ha perdido demasiado tiempo sin buscar una fórmula que, no vulnerando el marco jurídico constitucional, permitiera encontrar una solución a este contencioso. Por ejemplo, pactar que fuera posible una votación a nivel estatal y autonómica, a la vez, para un mejor reconocimiento de la personalidad de Catalunya y una ampliación y blindaje más claro de sus competencias.

Esto, fruto de dos posturas miopes, de vuelo gallináceo y torpemente enfrentadas, ha llevado el problema a un callejón de muy difícil salida, en que razones y sentimientos, de ambos lados, se enzarzan a palos de todo tipo. Lo contrario de la política, y en que el débil suele salir apaleado.

Y si -como estamos viendo- incluso en la política se siembran dudas y contradicciones permanentes entre los del mismo bando, no habrá más remedio que bajarse definitivamente a la realidad de lo posible.

Que es lo que. al parecer, estaría intentando -fracasados sus sueños de grandeza redentora- el repintado y rebautizado partido del ex president Artur Mas.