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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

¿Comisarios políticos en la empresa privada?

Miguel Massanet
Miguel Massanet
jueves, 29 de abril de 2010, 05:57 h (CET)
Ha surgido una corriente de ciudadanos, a la que me adhiero sin reservas, que está buscando apoyos para pedir la reforma del Estado de las Autonomías. Se argumenta que la implantación de semejante distribución del país en comunidades autónomas, sustitutivas de las antiguas provincias en las que estaba organizada España, no ha causado más que perjuicios a España, ha roto la solidaridad, la igualdad y la cohesión entre regiones, tres cualidades indispensables para sostener la unidad nacional; ha incrementado sensiblemente el gasto público y el funcionariado; ha creado un maremagno de leyes, las estatales y las autonómicas, que han contribuido al desconcierto de los ciudadanos; ha provocado la existencias de políticas económicas, sociales, sanitarias y fiscales y, en especial, en lo referente al sistema educativo que resta fuerza y posibilidades de libertad de actuación, con el consiguiente entorpecimiento y obstacularización de la precisa libertad de maniobra, que nos impide salir rápidamente de la crisis en la que estamos inmersos.

Pero, aún siendo muy importantes los argumentos económicos, la realidad cotidiana, la experiencia de treinta y dos años de vigencia de la actual Constitución, la evidencia de los progresos que, en este lapso de tiempo, han conseguido todas aquellas formaciones que entonces apenas eran corpúsculos, desorganizados y sólo sostenidos por el terrorismo etarra y que ahora, gracias, en parte, al poder que se les ha conferido a las comunidades autónomas, a las transferencias de competencias; a la permisividad que ha caracterizado al gobierno del señor Rodríguez Zapatero –que siempre ha precisado del apoyo catalán o del PNV ( en este caso, en menor grado) para poder mantenerse en el poder – que ha hecho la vista gorda cada vez que los partidos separatistas han puenteado la Constitución, se han saltado las leyes del Parlamento de la nación imponiendo sus propias reglas, erradicando la enseñanza del castellano, impidiendo a los padres decidir la clase de formación que quieren para sus hijos y constituyéndose, de hecho, en un verdadero contrapoder, cada vez más agresivo e incontrolable, del Estado español.

Lo cierto es que, en estos momentos, los ciudadanos de a pie, vemos horrorizados como en España se está procediendo a recortar a marchas forzadas, con toda la premura que necesitan los socialistas para desarrollar su política estatalista y sovietizante, los derechos que la Constitución que todos nos dimos, nos había conferido; entre ellos el de propiedad, el de libertad religiosa, el de la igualdad entre hombres y mujeres etc. Si la señora Aído ha sido capaz de transformar un delito, el del aborto, en un derecho de la mujer; si los matrimonios entre hombres o entre mujeres eran impensables sólo hace diez años los socialistas los han convertido en una innegable realidad; Si la igualdad entre hombres y mujeres parecía que se había conseguido, los socialistas han tenido que romperla legislando, motu propio, un modelo claramente anti constitucional ,estableciendo un tipo de igualdad que ellos califican de “positiva”, en virtud de la cual se les otorga a las mujeres privilegios de los que no gozan los hombres y que sólo se justifican en la diferencia de sexos. Hoy en día han de nombrarse el mismo número de ministras que ministros; las mismas cantidades de concejales que de concejalas y, por si faltara la puntilla en tamaño desaguisado del razonamiento lógico, la ínclita señora Aido pretende dar una nueva vuelta de tuerca a los empresarios, al pretender coartar, aún más, su libertad de organización, de contratación, de dirección y de libre administración del patrimonio de la empresa; con una nueva limitación, un forma inadmisible de intervención estatal en la empresa privada y un gravamen más, añadido a las dificultades de la recesión y de la falta endémica de competitividad de la mayoría de nuestras industrias, que las ponen en grandes apuros cuando se trata de competir con el resto de empresas europeas que no están sometidas a semejantes limitaciones en cuanto a disponer de plantillas adecuadas a las necesidades de producción de cada una de ellas.

La señora Aido, se ha quitado la careta y ha convertido su ministerio de Igualdad en lo que, seguramente, pretendía que fuese el señor Rodríguez Zapatero; un facsímile de lo que fueron en su día la KGB rusa o la Stasy de Alemania del Este. La polifacética Aído quiere, señores, implantar lo que se podrían considerar como “comisarios políticos” en las empresas, lo que se podrían conocer como “los Agentes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”. Es evidente que se quiere volver al sistema del Estado policía, el estado intervencionista y la eliminación del sistema de empresa libre y privada. Si el dueño de una empresa no puede contratar a los empleados que tengan mejor currículo, que sean más aptos para el trabajo y, a la vez, más cumplidores, eficaces y que resulten menos onerosos para la empresa y se ve obligado a renunciar a esta facultad para, como decía esta niña terrible del socialismo, verse obligado, para mantener la igualdad, a tener que contratar, por cada hombre, a una mujer; ya se pueden empezar a preparar los del Gobierno para hacerse cargo de los cientos de miles de empleados de las nuevas empresas que van a cerrar las persianas.

Y uno, cuando ve tan poco sentido común, tan poco conocimiento de la Historia y tan escaso bagaje cultural de los que nos gobiernan, tiene la tentación de recordarles a estos socialistas de nueva hornada, lo que fue, en Rusia, el Estajanovismo. Esta doctrina se implantó en 1935 , cuando el Comité Central del PC declaró que "el movimiento estajanovista significa organizar el trabajo en una nueva moda, en la racionalización de los procesos tecnológicos, en una correcta organización del trabajo, la liberación de los trabajadores cualificados de trabajos secundarios, la mejora de lugar de trabajo, proporcionando un rápido crecimiento de la productividad laboral y la obtención de aumento significativo de los salarios de los trabajadores". Es obvio que nuestra ministra de Igualdad no está muy puesta en esta materia y, por ello, no ve más que “feminismo” por todas partes; no piensa más que en colocar a las mujeres por encima de los hombres, sin importarle un ápice si, en realidad, están preparadas para el puesto; si reúnen las condiciones óptimas para sustituir con ventaja al hombre o si
– cuando se les ha concedido patente para abortar, una ley especial que las protege de su oponente masculino y que es sancionada, para el mismo tipo de delitos” con una pena inferior a la que le corresponde al otro sexo – no resulta que, después de todo, se está inclinando la balanza demasiado hacia el feminismo cuando se pone en ella, aparte de la justicia, tal y como corresponde, un sobrepeso emocional, una sobrecarga de oportunismo y una gran ración de hipocresía, capaces de encubrir la parte de culpa que, cada una de ellas, pueda esconder y encubrir en esta explosión de agravios que han decidido cargar sobre los del sexo contrario.

No es este el camino de reivindicar los derechos de las mujeres porque, de hecho, y es evidente que así sucede, aquellas mujeres bien preparadas, que valen, inteligentes y con capacidad para ejercer una profesión, no han tenido problemas en ascender en cuanto a consideración de sus jefes, compañeros de trabajo o destacar en profesiones liberales, en las que ya están luchando codo a codo con los hombres. No se crean ustedes las cifras de estas sociedades feministas, que intentan seguir manteniendo que la mujer está postergada; quizá las que no valgan o tengan peor preparación no quieran admitirlo y apelen al truco fácil de decir que están infravaloradas. Contra esta enfermedad no hay más remedio que una gran dosis de humildad.

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