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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

¿Curso elemental de protección quitapánicos?

Robert J. Samuelson
Robert J. Samuelson
miércoles, 28 de abril de 2010, 05:29 h (CET)
WASHINGTON - Lo único que sabemos de la "reforma" financiera que se tramita ya hacia lo que parece su eventual aprobación en el Congreso es que sus virtudes serán exageradas, según el economista de la Fundación Kauffman Robert Litan. Se nos dirá que evitará para siempre la repetición de la reciente crisis financiera; que extirpará la corrupción del sector financiero; que invalidará los "rescates"; que protegerá al consumidor de avarientos agentes de crédito. El Presidente Obama, los Demócratas y los Republicanos participarán de este gran exceso retórico.

¿Qué podemos esperar nosotros realmente?

Los precedentes aconsejan precaución. Cada reforma financiera, hasta las exitosas en su mayor parte, termina cediendo el paso finalmente a la siguiente porque se presentan consecuencias imprevistas o problemas inesperados. Sheila Bair, la directora de la Corporación Federal de Protección de Depósitos (FDIC), ha señalado que las reformas de principios de la década de los 90 que frenaron la inversión de riesgo dentro del sistema bancario también desplazaron contra toda lógica el préstamo al "sistema bancario secundario" sin regular casi en su totalidad - corredores de inversión hipotecaria, agentes especializados de crédito y "titularización".

El objetivo central de la reforma actual es evitar otro episodio de pánico financiero. El pánico no es una burbuja ni grandes pérdidas simplemente. Éstas son inevitables y, en parte, deseables: sin pérdidas, los inversores se vuelven imprudentes. Un episodio de pánico es una avalancha de ventas y acopio de líquido, suscitada por el miedo, que amenaza la integridad del sistema financiero y, a través de él, a la producción y el empleo. El pánico se desató en septiembre de 2008 cuando Lehman Brothers quebró. Desconfiando de la mayoría de las instituciones financieras, inversores y gestores de capital huyeron a la seguridad (también conocida como deuda pública).

Por su naturaleza, el episodio de pánico no avisa. La reforma puede parecerse a los Generales al frente de la batalla definitiva. Supongamos que la próxima crisis financiera se origina fruto del descontrolado gasto federal, que mina la confianza en el vasto mercado de la deuda pública. Los tipos de interés y la cotización de las divisas reaccionan con violencia; el efecto dominó se extiende a nivel mundial. La ironía estaría clara: mientras se predicaba la reforma financiera, la Casa Blanca y el Congreso sembraron la próxima crisis dando el visto bueno a déficit presupuestarios a largo plazo.

La legislación también omite la protección más segura frente a las quiebras financieras: requisitos más estrictos de gestión de los depósitos de capitales. El capital de depósito representa principalmente la participación de los accionistas en las instituciones financieras; proporciona un colchón frente a las pérdidas. Pre-Lehman, los depósitos de los bancos representaban alrededor del 10 por ciento de sus activos. Algunos expertos plantean elevar el porcentaje hasta la friolera del 15 por ciento. Pero la legislación deja los requisitos de depósito a los reguladores, encabezados por la Reserva y el Tesoro. Están negociando con otros países para fijar estándares globales. El resultado está claro, y hay un dilema: las normas de gestión de depósitos excesivamente rígidas deprimen el préstamo.

Aun así, la legislación parece a fin de cuentas una ventaja. Aunque no elimina la amenaza de crisis en el futuro, "las hace menos probables", dice Litan. El problema que reviste el "demasiado grande para quebrar" ha sido paliado, aunque no resuelto del todo. Durante la crisis, el gobierno se enfrentó a una elección amarga. Dejar que las enormes instituciones financieras quebraran amenazaba con desatar una reacción en cadena que causaría pérdidas a sus socios comerciales. Cuando Lehman se declaró en quiebra, se desató el caos. Pero el rescate de grandes instituciones en crisis puede ser muy caro para el contribuyente, como demostró el rescate de AIG.

Bajo los anteproyectos del Congreso, el gobierno podría intervenir en las instituciones financieras cruciales gradualmente y recuperar el coste a través de la gravación de otras instituciones financieras. En términos generales, esto amplía las actuales competencias de la Comisión Federal de Protección de Depósitos sobre los bancos hasta abarcar las grandes instituciones financieras cuya actividad no es bancaria como AIG o Lehman o, probablemente, los fondos de riesgo. Hay críticos. Peter Wallison, del American Enterprise Institute, cree que la regulación estricta de las organizaciones financieras "demasiado grandes para quebrar" les dará un carácter privilegiado y las convierte en "herramientas del gobierno estadounidense". Sin embargo, es mejor que nada.

La estabilidad financiera también debería beneficiarse de sacar de mercados secundarios muchas operaciones, dice Robert Pozen, presidente de MFS Investment Management y autor de "¿Demasiado grandes de salvar? Cómo corregir el sistema financiero estadounidense". Las destacadas entre ellas son las de los productos financieros "derivados", sobre todo la ya célebre "deuda intercambiable" (CDS). La mayoría se negoció en el mercado directo sin intervención de las Bolsas (OTC); es jerga económica para referirse a contactos por teléfono y correo electrónico entre corredores y clientes.

Los productos derivados pueden cumplir papeles económicos legítimos - proporcionan cobertura frente al riesgo de descubiertos o pueden canjearse en mercados con tipos más favorables, por ejemplo. Pero la confianza en los mercados OTC crea exposiciones masivas al descubierto en medio de un secreto casi total. La exposición de AIG a los descubiertos de la deuda intercambiable superó los 400.000 millones. Las propuestas de Obama consolidarían gran parte de la negociación de derivados trasladándola a instituciones de compensación y mercados supervisados por el gobierno. Esto limitaría los riesgos, observa Pozen. Las instituciones de compensación obligarían a que el precio de los productos derivados fuera fijado a diario y a que los operadores que pierdan posiciones añadan garantías adicionales a sus ofertas. Esto garantizaría que puedan cumplir con sus obligaciones.

Todo esto suena alentador, pero no podemos saber las consecuencias de la reforma financiera. No se trata sólo de que haya muchos interrogantes que sigan sin responderse, incluyendo la "regla de Volcker" (bautizada así en honor al ex gobernador de la Reserva Paul Volcker, restringe la capacidad de los bancos de realizar la gestión de sus propias carteras) y las competencias de la agencia de protección del consumidor financiero que se propone. Hay motivos más profundos para ser humildes. El tamaño del sistema financiero, su complejidad y su naturaleza global desafía las tentativas de pronosticar su comportamiento. Ninguna "reforma" es, ni puede ser, para siempre.

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