BOSTON - El proyecto de ley anti-inmigración aprobado esta semana por la Legislatura de Arizona es lo que pasa cuando se mezclan motivos válidos de preocupación con temores infundados, un liderazgo débil y episodios caducos de la historia.

Que el Gobernador Republicano Jan Brewer vaya a aprobar el proyecto de ley no está claro. Dado que obliga a las fuerzas del orden a solicitar los documentos de inmigración a todo aquel sospechoso de ser un sin papeles, los hispanos entre otros pueden ser objeto de detenciones, interrogatorios y arrestos si no tienen la documentación en regla.

Los restriccionistas de la inmigración elogian el anteproyecto como referente, aunque otros estados aguardarán probablemente a ver el resultado de los recursos de inconstitucionalidad y el elevado gasto de la implantación esperado. Si Arizona es ejemplo de algo, es del fracaso del gobierno federal a la hora de reformar el averiado sistema de inmigración del país, que empuja a los estados a intervenir en terrenos que no les corresponden.

El proyecto de ley, además, se origina en un periodo de la historia de Arizona nada admirable. El estado del Gran Cañón, tan rico como pueda ser en la tradición de los vaqueros y en maravillas naturales, se creó en parte a través de la oposición a los mexicanos. En 1906, el Congreso estipuló que los territorios de Arizona y Nuevo México se unían como un único estado. Nuevo México aceptó, pero la población de Arizona rechazó la oferta de forma abrumadora tras protestar apuntando que Nuevo México tenía demasiados descendientes mexicanos. Mucho más dominada que Nuevo México por los anglosajones recién llegados, Arizona logró finalmente la consideración de estado en 1912, el más reciente de los 48 contiguos.

Arizona vuelve a ser un imán de anglosajones recién llegados, jubilados muchos de ellos procedentes de otras partes del país. La investigación de Marie Provine, politóloga de la Universidad pública de Arizona, ha concluido que el electorado más numeroso de Joe Arpaio, el reluciente sheriff del Condado de Maricopa hoy expedientado por el Departamento de Justicia por fichar hispanos, es la enorme comunidad de jubilados de Sun City.

Los residentes anglosajones, especialmente los jubilados, apunta, se sienten culturalmente amenazados por los inmigrantes de lengua hispana y "la impresión de desorden" porque muchos están ilegalmente allí, aunque los sajones se benefician de la mano de obra inmigrante barata.

La inquietud relacionada por ser invadidos no responde a la realidad. El número de inmigrantes sin papeles que atraviesan Arizona ha crecido a medida que el resto de fuerzas del orden canalizan los pasos fronterizos al desierto de Arizona. La Patrulla de Fronteras del sector de Tucson explica casi la mitad de todos los indocumentados detenidos el año pasado.

Pero según el censo, el 30 por ciento de los 6,5 millones de habitantes de Arizona son hispanos, una proporción idéntica a la de 1930. La mayoría son ciudadanos, y dos tercios de ellos son oriundos. El número de latinos ha aumentado, pero también lo ha hecho el número de anglosajones blancos.

La percepción popular de que los inmigrantes atraen la delincuencia es igualmente ajena a la realidad. Phoenix es de hecho la capital del tráfico de estupefacientes de la nación, donde las bandas secuestran a los miembros de otras bandas, donde se libran sangrientas refriegas por el control del paso de sustancias a través de la frontera, y donde los cárteles influencian el tráfico de personas. Pero según el FBI, la incidencia de los delitos violentos en el estado ha descendido de manera constante desde principios de la década de los 90. En los años 2007 y 2008, los años más recientes de los que hay datos, la incidencia fue una cuarta parte inferior a la de la década anterior.

La mayoría de los comisarios de policía de Arizona se oponen al nuevo proyecto de ley porque temen perder la cooperación local de los latinos en la lucha contra la delincuencia real. Los consistorios se unen a ellos haciendo sonar las alarmas con el coste del procesamiento y el encarcelamiento asociados a la ley. El estado tiene un déficit presupuestario de 3.000 millones.

Muchos achacan el déficit de Arizona a la educación y el coste sanitario asociados a las familias inmigrantes, pero no tienen en cuenta el gasto de la implantación de la ley ni el varapalo económico que se llevaría el estado si todos los ilegales se fueran. El Centro Udall de Estudios de Legislación Pública de la Universidad de Arizona estima que la producción económica total atribuible a inmigrantes de Arizona, legales e ilegales, fue de 44.000 millones en 2004, lo que generó alrededor de 400.000 puestos de trabajo a jornada completa.

Entre 1990 y 2008, según el Instituto de Legislación Fiscal, la economía de Phoenix creció un 140 por ciento, el crecimiento más acelerado de las 25 mayores zonas metropolitanas del país, al tiempo que el porcentaje inmigrante de la población activa ascendió al 12 por ciento, no cualificada casi en su totalidad y sin papeles en regla en su mayor parte. Ciudades como Pittsburgh o Cleveland que registraron niveles bajos de inmigración también registraron ritmos de crecimiento lentos.

La Secretario de Seguridad Nacional Janet Napolitano vetó una legislación similar cuando fue gobernadora de Arizona, pero Brewer, su sucesor, se presenta a las primarias Republicanas y es vulnerable. El proyecto fue aprobado por los Republicanos siguiendo la disciplina de partido. Sin embargo, Arizona fue el hogar de Wyatt Earp. La esperanza es que Brewer encuentre la valentía para hacer lo correcto y vete el anteproyecto.