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Etiquetas:   The Washington Post Group   -   Sección:   Opinión

Acabar con la reliquia de la plaza vitalicia

Ruth Marcus
Ruth Marcus
sábado, 24 de abril de 2010, 08:09 h (CET)
WASHINGTON - No es que vaya a pasar, pero la marcha del juez John Paul Stevens y el énfasis en la edad de la elección del Presidente Obama como reemplazo me han hecho pensar en la limitación de la estancia de los magistrados del Supremo.

Estoy a favor.

Me apresuro a decir: esto no va a ser una reflexión sobre el magistrado que se va. Algunos han sobrepasado su tiempo en el estrado, aguantando más allá de la idea de productividad; Stevens es la excepción que confirma la regla. Ojala yo sea tan fuerte y enérgica a los 70 como él a los 90. Sé que mi saque no será tan bueno.

Más bien me motiva el debate de la necesidad de que Obama elija a un juez lo bastante joven para ejercer durante décadas. Uno de los nombres de aspirantes que circulan, el magistrado de la sala de apelaciones Merrick Garland, tiene 57 años. Otro nombre, Diane Wood, cumple 60 años el 4 de julio. ¿Su edad les invalida en el proceso de nombramiento por fecha? ¿Da ventajas sobre la asistente del Fiscal General Elena Kagan, a punto de cumplir 50 años? Cualquiera de los tres sería un magistrado estupendo, pero resulta ridículo que el sistema genere un incentivo perverso a la hora de destacar a los candidatos más jóvenes.

En general, el mandato vitalicio de los magistrados no es sólo una buena idea, es esencial para tener una judicatura independiente. Como cuestión de principios, los límites al mandato de funcionarios públicos son una mala idea; privan a la opinión pública del conocimiento nacido en la experiencia. Pero en el caso del Tribunal Supremo, los límites serían una gran mejora. El mandato vitalicio es una reliquia de los tiempos en los que la vida era mucho más corta.

En primer lugar, por las razones ya descritas, los candidatos bien cualificados están en desventaja en el apogeo de sus carreras. En segundo lugar, la combinación del mandato vitalicio y la creciente esperanza de vida conduce a una instancia judicial geriátrica, a veces de forma problemática. Según las cifras compiladas por los profesores de Derecho de la Universidad Northwestern Steven Calabresi y Lindgren James, la edad media de los candidatos al Tribunal Supremo se ha mantenido estable en torno a los 53 años al tiempo que el período de su ejercicio ha crecido más de una década durante la historia reciente. De 1789 a 1970, los magistrados ejercieron durante una media de 15 años. De 1970 hasta principios de 2005, la antigüedad media se amplió hasta casi 26 años. Los cuatro magistrados que desde entonces se han apartado (incluyendo a Stevens) formaron parte del tribunal durante una media de 28 años.

En tercer lugar, y en relación a lo anterior, la creciente antigüedad significa que un tribunal puede soportar largos períodos sin ningún relevo. Hasta la salida del presidente del Supremo William Rehnquist en 2005, la sala pasó una horquilla de 11 años sin ningún cambio en su composición. Esto no es saludable para ninguna institución democrática. En cuarto lugar, la ausencia de límites a los períodos de ejercicio da lugar a una especie de lotería presidencial en la que algunos presidentes (Jimmy Carter) no tienen opción a elegir a ningún magistrado del Supremo al tiempo que otros tienen varias (Richard Nixon tuvo cuatro). En quinto lugar, imponer límites evitaría que los magistrados ajustaran su marcha para dar ventaja a un presidente de sus convicciones políticas.

Remitirse a un reglamento exterior es una práctica polémica en estos tiempos, pero ningún otro país importante reconoce el mandato vitalicio a su versión de Sala Suprema de Justicia. Tampoco ninguno de los 50 estados. Un plazo de 18 años, implantado de forma paulatina, significaría que las vacantes del Supremo se producirían una vez cada dos años.

La mayoría de los debates de los límites del Supremo han concluido que haría falta una enmienda constitucional para lograr este cambio. Pero un grupo ideológicamente diverso de profesores de Derecho propuso el año pasado una solución legislativa que merece más debate del que ha suscitado.

La primera vez que escuché la idea de limitar los períodos de ejercicio del Supremo, pensé que sonaba vagamente antiamericano. Cuanto más lo pienso, más convencida estoy de que mejoraría América.

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