Se está hablando mucho, quizás demasiado, de reformar nuestra Constitución aunque los partidos políticos no tienen nada claro lo que quieren modificar salvo los populistas que lo que desean es deslegitimarla y abrir un nuevo periodo constituyente. Su programa es sobre todo destruir pues saben bien que solo pueden crecer en situaciones de crisis y dificultades capitalizando el odio y el descontento.

Por mi parte pienso que más que una reforma nuestra Constitución lo que necesita es una poda a fondo, eliminar todo el título VIII y terminar de una vez con el estado de las autonomías que solo nos está trayendo gastos y problemas.

Pero es imposible que nuestros políticos se decidan a terminar con las autonomías, pues son el gran pesebre en el que se alimentan y además en un país troceado es más fácil asaltar el poder pedazo a pedazo. El estado autonómico no facilita la igualdad de todos los españoles sino que introduce diferencias hirientes e insalvables.

Los que hicieron posible transición creyeron, equivocadamente, que con el reconocimiento de regiones históricas, fueros añejos e identidades más o menos inventadas se iban a conjurar los viejos demonios separatistas. No fue así sino que se estimuló el apetito secesionista.

Aquello de alcanzar la autonomía a dos velocidades que preveía el texto constitucional se vino abajo con el referéndum andaluz y la solución salomónica de Suarez de “café para todos”. ¿Cómo podía hablarse de la unidad de España con comunidades autónomas de tan variados tamaños?

Las comunidades con veleidades independentistas se encontraron en la rentable posición de ser partidos bisagra y prestar sus votos a uno u otro de los partidos mayoritarios, cobrándolos a precio de oro con cargo al resto del país.

La aparición de nuevos partidos de ámbito nacional ha dejado inservible el invento, como hemos podido comprobar. Han llegado al poder en varias comunidades y ayuntamientos extrañas coaliciones que no parece que estén representando ningún avance en la gobernabilidad del país sino, a mi parecer, todo lo contrario.

La crisis, de la que tanto se habla, no es más que el resultado de vivir por encima de nuestras posibilidades. El gobierno cree que puede resolverlo todo con reformas económicas pero sin abordar la necesidad de gastar menos, de adelgazar la gigantesca administración que padecemos, al parecer intocable.

¿Son necesarios 350 parlamentarios en el congreso? ¿Sirve para algo el Senado? ¿No hay demasiados parlamentos autonómicos llenos de gente que cobra? ¿No sería más barato que nos gobernara un estado central?

Pensar que nuestros políticos van a hacer nada de esto es pura fantasía, aunque podemos despertarnos de golpe cuando se compruebe que estamos en quiebra, que hay demasiadas inversiones no rentables que estamos pagando entre todos, desde líneas de alta velocidad, autopistas radiales, aeropuertos o universidades, teatros y polideportivos en cada pueblo que, en muchos casos apenas se usan, pero si los del pueblo de al lado lo han conseguido nosotros nos vamos a ser menos, si las otras comunidades autónomas tienen esto o lo otro, pues eso, que no vamos a ser menos y así todo.

Seguramente habrá quien piense lo mismo que yo, pero me temo que los políticos no están por la labor.