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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

¡España no puede depender del Estatut catalán!

Miguel Massanet
Miguel Massanet
martes, 20 de abril de 2010, 02:48 h (CET)
Cuando pintan bastos se ponen en marcha todas las alarmas del independentismo catalán. Nadie parece acordarse del Decreto del Gobierno para prolongar el mandato de la presidenta del TC, señora Mª Emilia Casas, nadie recuerda la bronca propinada en plena calle, ante una multitud que presenciaba un desfile militar, a cargo de una irritada vicepresidenta De la Vega sobre una compungida presidenta del TC y nadie tiene en cuenta, pasados tres años y medio de la presentación de los recursos del PP, el Defensor del Pueblo y varias autonomías, cuestionando la constitucionalidad del Estatut catalán; las presiones del Gobierno para lograr una sentencia favorable a las aspiraciones catalanas.. No obstante, ante el quinto fracaso para conseguir acuerdo para dictar sentencia sobre esta ley orgánica, que nunca debió ser aprobada en el Parlamento, parece que, desde el propio señor Montilla hasta el último mono del independentismo y socialismo catalanes, buscan encontrar un resquicio, una salida de urgencia, un medio útil para evitar que este mamotreto jurídico, cuajado de burlas a la Constitución y creado a imagen y semejanza de los deseos del más radical independentismo catalán; no resulte que ser que acabe por salir del TC como un queso Emmental, lleno de agujeros y desprovisto de aquellos artículos en los que una parte, una parte limitada en cuanto a su número, pero influyente, sectaria y antiespañola, habría puesto sus esperanzas para desgajar a la comunidad catalana del resto de la España constitucional.

Y es que no hay modo, es imposible y por muchos más años que quieran prolongar esta discusión bizantina, entre las dos tendencias del Alto Tribunal, resultará imposible hacer encajar, ni con triquiñuelas legales ni con interpretaciones laxas o espurias, unos artículos secesionistas, claramente insolidarios, específicamente favorables a la inhibición del Poder central en temas de tanta enjundia como la Justicia, la Hacienda Pública y tantos otras cesiones de soberanía que, en la práctica, sería como concederle a la comunidad catalana la consideración de un “estado asociado” al resto de España. Y así se desprende de la pretensión de conseguir un trato especial de bilateralidad entre la comunidad catalana y España. El revalidar el Estatut, así como se aprobó en las Cortes, significa abrir la espita a que, el resto de comunidades que integran la península ibérica, hicieran valer su derecho constitucional a tener el mismo trato que el Estatut les atribuye a los catalanes. No hablamos de una federación de Estados, sino que ya estamos ante una confederación de naciones regidas, no se nos ocurre pensar en otra cosa, por un poder político fuerte que las mantuviera unidas, al estilo del estado policiaco que caracterizaba a la antigua URRS.

Resulta algo fuera de lugar, claramente oportunista y, evidentemente, una forma de presionar, intimidar y chantajear al TC, por parte de las autoridades del Tripartit; de los medios de prensa subvencionados por la Generalitat y aquellos otros que se apuntan a un fregado y a un barrido cuando piensan que, de ello, van a sacar beneficio; el atacar con inusitada vehemencia a los magistrados que dirimen la constitucionalidad del Estatut, acusando a quienes no quisieron renovarlos a su debido tiempo, cuando les tocaba haberlos cesado en su puesto, de acuerdo con el reglamento de la Institución. Sin embargo, durante todo el tiempo de la tramitación de los recursos,¡y miren los años que llevamos con este tema!, a nadie se le ocurrió protestar y pedir que se renovara totalmente la composición del TC y, aún más, nadie pidió que se cambiasen las normas de elección de sus componentes, de modo que fueran elegidos por el Consejo del Poder Judicial (que, a su vez, debiera ser elegido de entre los jueces capacitados para el puesto) para evita la contaminación política que supone el ser propuestos por los partidos políticos.

CIU y el propio Montilla, tarde y a deshora, se acuerdan de la necesidad de que se cumplieran los plazos. Pero lo hacen cuando la ponente, dispuesta a la aprobación de la ley, ha debido ser sustituida por otro magistrado, de los que no parecen estar por la labor de dejar que salga tal y como entró del TC. Es obvio que, a todos ellos, se les ve demasiado el plumero, se les nota a la legua la preocupación que sienten ante una votación de 6 a 4 a favor de los que quieren depurar de cualquier infección de anticonstitucionalidad el apretado contenido de esta ley Orgánica y, el hecho de que sea ponente uno de los magistrados que ellos llaman “conservadores”, le pone a todos de lo nervios.En cualquier caso, la chapuza ha quedado a la vista y la señora presidenta del tribunal ha demostrado, aparte de su subordinación al PSOE, ser incapaz de dirigir una discusión en la que la parte técnica, el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el sentido común se impusieran a las presiones solapadas del Ejecutivo, a las amenazas de los separatistas y al doble juego de los comunistas que, siendo eminentemente partidarios de la unidad nacional, no han dudado (como les ocurre a los socialistas), para mantenerse en el poder, en adherirse a las tesis separatistas.

Deberíamos recordarle al señor Joan Ridao de ERC, este partido que tiene prisa por una sentencia (y si fuera adversa para el Estatut, mejor que mejor para sus fines) antes de las elecciones catalanas; estaba el otro día amenazando, sin ningún disimulo, en el Parlamento de la Nación, al Gobierno y a toda España para el caso de que se tocara “una sola coma” del texto que fue recurrido ante el TC. Las “consecuencias” según dicho señor, serían, de una magnitud como para hacer temblar los cimientos de la nación. Lo mismo decía el señor Ibarretche cuando proponía un referéndum independentista y lo mismo repetía el grupo PNV cuando el PP y el PSOE hicieron un pacto de gobierno en el País Vasco, ¿ha ocurrido algo malo?, ¿se ha producido un levantamiento abertzale? No señores, no sólo no se ha producido ninguna alteración ciudadana, sino que las banderas nacionales cuelgan en todos los edificios oficiales, ETA está de capa caída y la vida en dicha autonomía goza de una normalidad como hace tiempo no tenía. Miren, el famoso Estatut no consiguió que fueran a votar más que una irrisoria parte de la población que creo que fue, más o menos, de un 30% y, si bien ganó holgadamente dentro de los que votaron, hubo votos negativos y votos nulos; lo que nos indica, sin negarle legalidad a la consulta, que sólo una ínfima parte de los catalanes quiso ir a dar su apoyo a un cuerpo legal que, a una gran mayoría, les parecía algo innecesario y fuera de lugar.

Somos muchos los que estamos convencidos de que, aparte de los políticos y de algunos grupos minoritarios levantiscos, en Catalunya no pasaría absolutamente nada si el Estatut no se aprobara en su totalidad e, incluso, si fuera rechazado por inconstitucional. El señor Ridao puede que, con sus bravatas, pueda pensar que va a imponer la ley del miedo entre la ciudadanía española, pero yo le diría que su figura quijotesca (mal que le pueda pesar semejante parecido) no consigue más que confirmar el sentimiento general de que, la política de intolerancia de la clase política, ha conseguido trasmitir al resto de los españoles: cansancio, despego, y antipatía para quienes han centrado su discurso en denigrar los símbolos de la patria y en exigir la parte del león en todo el reparto de bienes que haga el Estado a las comunidades. Un mal método, una mala política y, puede, que incitar a una mayoría de ciudadanos españoles a desear que les den, con el famoso Estatut, en toda la cresta a esos que se desgañitan pidiendo la independencia.

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