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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Tenía razón el alcalde de Vic. Rectifiquen

Miguel Massanet
Miguel Massanet
lunes, 19 de abril de 2010, 00:56 h (CET)
Hay asuntos que resultan incómodos, que se ocultan a la ciudadanía y sobre los cuales se intenta tender el oscuro velo del tiempo y el olvido. Recordarán ustedes que hace apenas unos meses el alcalde de una ciudad catalana, Vic, con mucho sentido, con la evidencia de la discordancia entre una ley que impedía entrar a inmigrantes por la puerta falsa y la exigencia a la que se le sometía de tener que empadronar a dichos emigrantes aunque carecieran de la documentación necesaria y el contrato de trabajo, que avalasen su estancia en España. Fue valiente, fue tenaz y no dio su brazo a torcer a pesar de que, desde el propio Gobern de la Generalitat, se le presionó cuanto se pudo para obligarle a desistir de su empeño. Ahora bien, vean ustedes como el mundo sigue girando a pesar de que, algunos humanos, se empeñan en pararlo para ajustar su movimiento a sus propios deseos. El eurodiputado Ramón Tremosa hizo una pregunta a la comisaria europea de interior, la señora Cecila Malmström, sobre el caso mencionado de la negativa del alcalde de dicho municipio a empadrona inmigrantes que no residieran legalmente en nuestro país. La respuesta, no por esperada, lógica y aclaratoria, no ha dejado de sorprendernos porque, en nuestra nación, todos los ciudadanos de a pie, podíamos pensar que nuestras autoridades centrales, si no los componentes del Gobern catalá, meros aprendices de políticos y con una formación jurídica manifiestamente mejorable; estarían enterados de la legislación comunitaria, sabrían la normativa sobre la inmigración ilegal y procederían, en consecuencia, a ponerla en práctica cuando se tratara de aplicarla en el territorio nacional.

Pues no. La señora comisaria ha dado una respuesta tan breve como contundente que, a nuestro modesto entender, deja el caso resuelto y pone a nuestras autoridades autonómicas, como vulgarmente se dice, “al estricote”. “Las autoridades españolas, una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio”. Las palabras de la comisaria europea avalan, cien por cien, el proceder del señor alcalde de Vic de negarse a empadronar a los inmigrantes irregulares que pretendían, de este modo, poder acceder a asistencias y derechos que sólo corresponden a ciudadanos que gozan de la nacionalidad española, entre otras razones, porque somos los que, con nuestros impuestos, colaboramos para poder tener derecho a estas prestaciones. Evidentemente que esta obligación no es un invento de la señora comisaria, sino que figura en una directiva del 2008 aprobada por el Parlamento Europeo y los estados miembros, basada en la necesidad, por otra parte llena de cordura, de “reducir las zonas grises, evitar la explotación de las personas en situación irregular, y mejorar la seguridad jurídica de todas las partes implicadas”. Esta norma, sin embargo, entrará en plena vigencia el día 24 de diciembre del corriente año, por lo que todavía no obliga a los países de la UE.

Ello no obstante, resultaría ridículo que, ante la inminencia de que se establezca la obligación de cumplir con aquella directiva, el Gobierno y las comunidades autónomas se empeñen en mantener una interpretación lasa y contraria al pensar de la CE que, si dicta las directivas oportunas lo hace en función de que los países que la integran han considerado que era conveniente para sus intereses. Así, no debe de llamarnos la atención que, el señor alcalde de Vic, que no tiene un pelo de tonto, pronto haya encontrado un sistema hábil y a la vez efectivo, para de librarse de esta avalancha de inmigrantes sin papeles. Ha decidido que los va a empadronar pero que, previamente, va a poner en conocimientos de las autoridades de inmigración el hecho de que existe alguien que reside irregularmente en territorio español, lo que, sin duda, va a obligar a quienes les competa a decidir entre iniciar los trámites para la expulsión del irregular o, por el contrario, a poner en marcha el procedimiento oportuno para regularizar su situación y otorgarle la categoría de ciudadano español.

Lo que parece que puede rayar en la conocida pataleta, propia de niños mal criados o en el “mantello y no enmendallo”, de aquellos que no saben admitir sus errores y se empeñan en no rectificar; es la postura del Gobern, presidido por el señor Montilla. Hay que observar que, el Tripartit, está pasando por horas bajas, todas las encuestas de intención de voto le conceden una amplia victoria a CIU, que si no alcanza la mayoría absoluta muy cerca va a estar de ella y esto coloca, a los tres partidos que integran en la actualidad el gobierno de la Generalitat, en una postura incómoda, debido a que tienen las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina y, en teoría, cada uno de ellos ya debería a empezar a marcar distancia de los otros, si es que quieren aspirar a mejorar sus resultados o, al menos, evitar que sean peores. No obstante, saben que si se separan o provocan votaciones que rompan la unidad de la alianza, puede resultar letal para ellos y quedar situados en una situación muy incómoda en el Parlament, expuestos a sufrir importantes descalabros que, en nada, les van a ayudar en sus aspiraciones electorales.

Así las cosas, parece que el Gobern se ha encastillado en que se deben mantener los empadronamientos de los irregulares mientras, como es natural, los partidos de la oposición han encontrado una grieta muy rentable en la estructura del Gobern para introducir cizaña por ella y poner en peligro todo el edificio político ya, de por sí, dañado por los errores cometidos durante toda la legislatura. Por si los problemas no se multiplicaran los de ERC aprovechan el mar revuelto para insistir, una y otra vez, en la necesidad de hacer un referéndum independentista, aún sabiendo que están dando patadas contra el espolón de la Constitución. Pero no les importa, porque de esta manera mantiene en vilo a toda la parroquia independentista, que parece que se va extendiendo a medida que, el Gobierno central, va cediendo cuotas de poder a Catalunya y los tribunales, las fuerzas del orden y los fiscales, parece que prefieren pasar desapercibidos, quizá esperando a que la sentencia, tan esperada, del Tribunal Constitucional, deje despejado de una vez el camino para las aspiraciones independentistas del pueblo catalán. Las 32 leyes que ya se han promulgado, en cumplimiento de los preceptos estatutarios, para algunos, son 32 razones de peso para considerarlo un hecho consumado, sin marcha atrás; incluso en el caso de que, el Estatut, saliera mutilado de dicho tribunal.

Pero parece que, España, hablo de la España oficial, no está por estas “minucias” y mientras, en el Parlamento de la nación el PP y el PSOE están discutiendo de “ si son galgos o son podencos”; casi de matute, con sigilo y alevosía, es posible que se estén dando los últimos pasos para que, en un futuro no muy lejano, alguna de las actuales autonomías españolas, como son Catalunya y Baleares, se desgajen dolorosamente del resto del Estado, a no ser que, antes de que esto suceda, alguien entre en razón y recuerde a los españoles que, España, es la nación de todos y que, su unidad es uno de los requisitos para que, a la vez, todas sus regiones sean solidarias entre si. Para luego, es tarde.

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