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La situación socio-económica y los extranjeros

A. Komarek
Redacción
sábado, 17 de abril de 2010, 10:21 h (CET)
En su programa político, el Partido Nacional Republicano aboga por adecuar los flujos inmigratorios a la realidad socio-económica española. Esta realidad la conocemos. Veamos, ahora, cómo influye la presencia de millones de extranjeros en la misma.

Datos del panorama actual
Según los datos oficiales más recientes (2009, INE), el 12% de la población residente en España es extranjera. Este porcentaje es el doble que la media de la Unión Europea y superior a países europeos con una tradición receptora mucho más asentada: Alemania, 8,5%; Reino Unido, 6,6%; Francia e Italia, 5,8% respectivamente. En estos cinco países se concentra el 75% del total de extranjeros (23 millones sobre 30,8) en la Unión Europea (2009, Eurostat).

Cabe destacar que en estas cifras no se incluyen los inmigrantes nacionalizados que, por ejemplo, en Alemania eran otro 10,1% en 2008 o en Francia eran otro 8% en 2006. En el Reino, el porcentaje de residentes nacidos extranjeros, que sí incluye a los naturalizados, era del 10,7% en 2008 (cuando en 2001 era del 8,3%). En España, desde 1995 hasta junio de 2009 se ha reconocido la nacionalidad a 451.249 inmigrantes.

Frente a países como Alemania, donde el número de extranjeros ha disminuido en los últimos años, España ha visto como la población extranjera se ha multiplicado por cinco en la última década: en 2000, los extranjeros censados eran 923.879 y en 2009 han sido más de 5,6 millones. España es el segundo país del mundo, tras Estados Unidos, que mayor número de inmigrantes recibe al año.

La evolución del flujo inmigratorio durante el año pasado ha desbordado las previsiones y ha sorprendido incluso a los especialistas, ya que pese a la gravedad de la crisis económica y al histórico crecimiento del número de desempleados, la población de extranjeros a España ha seguido creciendo, aunque no tanto como en años anteriores. El número de extranjeros empadronados durante 2009 fue de 5.648.671, con un incremento respecto al total de 2008 de 379.919 (en 2007 llegaron 716.257 y en 2008 lo hicieron 443.930).

De este total, casi un millón de extranjeros no tenían permiso de residencia ya que eran 4.715.757 los residentes legales a 30 de septiembre de 2009 (según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración). El número de extranjeros regularizados también ha continuado creciendo: en junio de 2009 se había incrementado en un 10,94% respecto al mismo mes del año anterior.

La procedencia de los extranjeros regularizados se dividía entre los procedentes de países de la Unión Europea (38,4%), de Iberoamérica (31%), de África (20,96%), de Asia (6,28%), de países europeos no comunitarios (2,87%), de Norteamérica (0,44%) y de Oceanía (0,04%). El contingente nacional más numeroso era el marroquí (16,1%), seguido del rumano (15,1%), ecuatoriano (9,5%), colombiano (6,2%), británico (4,6%) y chino (3,2%).

Orígenes
Como se ha dicho, una característica específica de la experiencia española es la masiva llegada de extranjeros en tan sólo una década. Esto ha sido posible gracias a las políticas desarrolladas por las dos fracciones políticas del régimen, PSOE y PP, al amparo de un discurso ideológico y mediático esgrimido tanto por la extrema izquierda como por los liberales –libertarios, progresistas, conservadores, etc.–.
Ha sido un discurso impregnado de contenidos humanitarios y caritativos muy emotivos pero eminentemente abstractos que pasa por alto la situación de los ciudadanos españoles (desempleo, equiparación laboral de la mujer, precariedad y pobreza, etc.). Y es que nos hallamos ante una ideología en la que el genérico concepto de ser humano pasa por delante de la cualificación política específica de español.
En la izquierda son muy poderosas aún las reminiscencias del sermón de la primacía de los «parias de la tierra» y el congénito odio a España que globalmente la ha caracterizado. El hundimiento de los esquemas doctrinales tradicionales de la izquierda marxista impone la búsqueda de un nuevo sujeto histórico. Para todo ello, la inmigración representa una buena salida: toda inmigración es benéfica. Y la ilegal lo es más todavía, pues impone una saludable trasgresión. Ese izquierdismo considera que sólo el agua bendita de un buen mestizaje podrá redimirnos y purificarnos. Se justifica mediante la atribución a España de una responsabilidad en la ruina actual del tercer mundo. Ese masoquismo enloquecido se empeña en que España, entre otras naciones, expíe su culpa convirtiéndose en asilo de todos los desheredados del planeta.
En el caso de otros muchos expañoles se trata de un anclaje inconsciente en los valores liberales dominantes, aunque plenamente consciente en el caso de la oligarquía y sus terminales políticas o mediáticas. Se vende esta inmigración desaforada como un aspecto más de la beneficiosa mundialización neoliberal. Esta oligarquía insiste en que esta inmigración no sólo es inevitable en un mundo globalizado, sino que es beneficiosa para la sociedad de acogida. Pero siendo el español un pueblo acogedor, lo cierto es que tanto la velocidad como la cantidad de esta inmigración se antoja excesiva. Como aseguraba el politólogo Jorge Verstrynge en un informe de 2007, «prohibir las regulaciones masivas y regular el flujo migratorio se está transformando en un imperativo político, económico y social (cuando no incluso religioso)».

El PP y la inmigración
Bajo la cortina de humo de una enorme palabrería e iniciativas legislativas para «el control de la inmigración», la línea practicada por el PP ha sido un economicismo liberal atento sólo a la maximización del beneficio privado disfrazado de crecimiento macroeconómico.
Ya los gobiernos del PP admitieron contingentes de inmigración legal desproporcionados a la vista de la situación social de España. Al final de la segunda legislatura del PP, la cifra de inmigrantes regularizados podía aproximarse a los dos millones. La gestión de los trámites de renovación de permisos de trabajo y residencia de esa ingente cantidad de personas desembocó en un atasco burocrático colosal (400.000 expedientes sin resolver).
Pero antes, tras proceder a una regularización masiva de ilegales en 2001, permitió que en España se instalase un millón de inmigrantes irregulares que con la ley de extranjería en la mano deberían haber sido expulsados. No sólo no lo hizo, sino que además adoptó esa fingida actitud de resignada impotencia: «no se pueden poner puertas al campo». Aquí se sitúan las primeras causas del denominado efecto llamada en los últimos años que, a reglón seguido, fue potenciado por el artículo 41 del reglamento de la ley de extranjería elaborada por el PP, que reguló el concepto de “arraigo”. Según el mismo, un extranjero irregular que viviera tres años en España y demostrara una incorporación real al mercado de trabajo obtenía la residencia. Esto sólo podía tener una interpretación: el extranjero indocumentado que lograse eludir a la Policía durante tres años obtendría como premio el permiso de residencia.

El PSOE y la inmigración: más de lo mismo

El PSOE no ha hecho otra cosa que apoyarse en la permisiva línea liberal del PP y explotar su nefasta gestión, para iniciar un nuevo curso de regularización masiva con devastadoras consecuencias en los más diversos planos.
En el campo de la inmigración legal, ha implantado la consigna de “papeles para todos” de forma encubierta. El PSOE se comprometió a desatascar el colapso burocrático legado por el PP antes de septiembre de 2004 y se jactó de haber resuelto en pocas semanas 100.000 expedientes de los 400.000 acumulados. Ante esa pasmosa celeridad, se alzó la denuncia de la Confederación Española de Policía (CEP) de que se estaban renovando los permisos de residencia de forma indiscriminada, «sin mirar los expedientes» y aplicando el silencio administrativo positivo. Se supo que 5.000 de esos expedientes resueltos correspondían a inmigrantes con causas judiciales pendientes. Éste es un problema que carece de arreglo en el vigente marco legal, ya que la ley de extranjería sólo contempla la denegación de papeles cuando hay sentencia. Así, muchos extranjeros dilatan los plazos con argucias legales para propiciar que no se dicte sentencia por el delito cometido hasta pasados cinco años, en que un extranjero obtiene la residencia permanente y se hace imposible su expulsión.
En el campo de la inmigración ilegal, el PSOE ha seguido una línea de “papeles para todos” descarada. La reforma del reglamento de la ley de extranjería que el PSOE preparó inmediatamente se apoyaba en la mencionada figura del “arraigo”. Según este nuevo cauce de regularización, el inmigrante que probase «de forma fehaciente» hallarse trabajando en España en situación irregular al menos un año, debía denunciar a su patrón, quien a su vez se libraría de incurrir en responsabilidad alguna si accedía a pagar los gastos de Seguridad Social correspondientes y a formalizar un nuevo contrato legal por al menos un año más. En suma, se premiaba a quienes habían penetrado ilegalmente en nuestro territorio y se otorgaba una amnistía a los empresarios que habían incumplido la legislación laboral. Esta política estaba diseñada para favorecer la aceptación por los irregulares de cualquier contrato, por abusivo que fuese.
A finales de 2004, nuevas reuniones entre el gobierno de Zapatero, la patronal y los sindicatos decidieron ir todavía más lejos. Se dispuso que el reglamento de la ley de extranjería recogiese una disposición transitoria para abrir un nuevo proceso de legalización de inmigrantes en situación irregular. Requisitos exigidos como norma general: haber llegado a España antes de junio de 2004 y contar con un contrato de trabajo de una duración de seis meses. Esta fórmula ya no obligaba a los inmigrantes que estuviesen trabajando sin papeles a denunciar a sus empleadores, y éstos ya no tendrían que pagar las penalizaciones de la Seguridad Social. Se exigió simplemente al extranjero que estuviese empadronado en España seis meses antes de la entrada en vigor del reglamento y que presentase un contrato de trabajo, firmado por empleador y empleado, para otros seis meses. Una vez finalizada esta etapa transitoria, el “arraigo” sería la figura general que entrase en aplicación. Exigiría dos años de residencia en España, de los cuales en uno habría que demostrar que se había estado trabajando, o tres años de residencia en España con un contrato de trabajo.
Entre febrero y mayo de 2005 tuvo lugar el mencionado proceso de “normalización” de inmigrantes ilegales, al que se calculó que se acogerían 800.000 personas. A mitad del mismo, el Gobierno tuvo que relajar sus requisitos alarmado por el escaso volumen de los aspirantes e improvisó la figura del “empadronamiento por omisión”, a la que se agarraron numerosos ilegales para demostrar que cumplían el requisito de empadronamiento anterior al 8 de agosto de 2004. El certificado de empadronamiento inicialmente requerido podía ser sustituido por cualquier otro documento: las propias órdenes de expulsión o las denuncias por supuestos delitos fueron admitidas para probar ese arraigo.
Al final se consiguieron unas 700.000 solicitudes (según la CEP, el 3-4% de los regularizados tenía causas penales pendientes). La mayoría de las solicitudes fue aceptada. En sus eufóricas comparecencias, Caldera presumía de haber logrado la regularización del 90% del empleo sumergido existente en España. Pero tales afirmaciones sólo hubieran tenido algún sentido en el caso de haberse confirmado las altas en la Seguridad Social, así como su continuidad. Pero esto no ocurrió. Gran parte de los contratos esgrimidos para la regularización eran fraudulentos y no tenían otro objeto que facilitar la consecución de los papeles. Además, Caldera tampoco consiguió eliminar la enorme bolsa de inmigrantes ilegales. Al tiempo que anunciaba que podrían quedar sólo unos 100.000, los datos del INE demostraron que durante el proceso habían llegado otros 800.000 como consecuencia del “efecto llamada”. La “regularización” del PSOE en el 2005 fue un engaño que sólo sirvió para que se incrementara escandalosamente la cantidad de extranjeros residentes.
Como hemos visto, las políticas tanto del PP como del PSOE siempre han garantizado a cualquiera que penetrase ilegalmente en nuestro territorio la obtención de un estatus legal en poco tiempo. Y por esta razón han incentivado la llegada de un flujo de inmigrantes cada vez mayor. Las consiguientes “regularizaciones” de los extranjeros ilegales forman parte de un proceso imparable dentro del sistema liberal-capitalista, inserto en su dinámica. Este proceso tiene, ante todo, causas económicas, que tanto el PP como el PSOE han debido atender, en su calidad de aparatos políticos del capital.

Las verdades sobre la inmigración
El discurso pro-inmigración defendido a la limón por todos los liberales y la izquierda post-marxista al que nos hemos referido se ha centrado en varios ejes. Se ha asegurado que el crecimiento macroeconómico de la última década no hubiera sido posible sin la llegada de tantos trabajadores extranjeros, que aportan más de lo que cuestan y que rejuvenecen la población española asegurando el sistema de pensiones actual. Sobre cada uno de estos ejes cabe argumentar una serie de verdades a tenor de los datos reales.

1ª verdad: un ejército laboral de reserva

Según el primero, la llegada de trabajadores extranjeros estaría en el origen del citado crecimiento económico. En realidad, el desarrollo económico español se remonta a 1986, al momento de la entrada en la CEE, y a los fondos europeos que desde entonces han llegado, cifrados en más de 150.000 millones de euros. Bien es cierto que a un precio tan elevado como es la subordinación de la economía española a los intereses del eje franco-alemán: desmantelamiento del sector primario, desindustrialización y deslocalización, especialización en el sector turístico, creciente dependencia tecnológica, hegemonía de transnacionales extranjeras en sectores enteros, etc.
En realidad, la llegada tan masiva de trabajadores extranjeros ha tenido otro fin: la constitución de un nuevo ejército laboral de reserva a disposición del capital que compitiera deslealmente con los trabajadores nacionales. Llevados por sus necesidades propias y familiares, han servido a los intereses de una buena parte del empresariado, literalmente fascinado ante la posibilidad de disponer de una mano de obra poco exigente. Han posibilitado la creación deliberada de condiciones (precariedad, salarios, altas en la Seguridad Social, horarios, etc.) que sólo ellos están dispuestos a aceptar y que echan abajo todas las conquistas de los trabajadores españoles. Como consecuencia, éstos van siendo expulsados de crecientes sectores del mercado laboral.
Un informe elaborado por la Presidencia del Gobierno en 2006 afirmó que «los inmigrantes habían sido directamente responsables de la mitad del crecimiento del PIB español entre 2000 y 2005». El engaño radica en el uso exclusivo de las cifras macroeconómicas que esconde la realidad de cómo se ha distribuido ese crecimiento económico entre los españoles. Porque si bien es cierto que este ejército laboral de reserva ha «contribuido decisivamente al crecimiento del PIB nacional» (A. Recarte), más cierto aún es que ha sido imprescindible para que haya aumentado la desigualdad de la distribución de la renta entre los españoles. Según el índice de Gini, que mide la concentración de riqueza, sólo en los cinco primeros años del gobierno de Zapatero la distribución equitativa ha empeorado un 5,86% (un 9% peor que la media europea). Según la curva de Lorenz, entre los felices 2003 y 2007, el 60% de la población española con peores salarios perdió renta real, siendo quien más la ganaba el 10% más rico (que poseía el 31% de la riqueza); en cuanto a la riqueza financiera, ese 10% se apropiaba del 70%. De acuerdo con el “ratio de desigualdad”, la relación entre el 20% de las familias más ricas y el 20% de las familias más pobres ha pasado de 5,1 en 2004 a 5,4 en 2007 (un 28,6% superior a la media de los países más ricos de la UE, en donde se ha reducido). Por lo demás, la participación de las rentas del trabajo en la riqueza nacional no ha hecho más que descender desde 1996 (del 48,7% a menos del 46%) por cuanto los beneficios empresariales aumentaron en mayor medida que los salarios (concretamente, en el sector de la construcción, ese beneficio creció en 2000-2006 una media anual de 8,5 puntos por encima de la renta).
Esto ha sido así porque este ejército laboral de reserva ha tirado los salarios a la baja, algo que han reconocido incluso sindicatos como CC.OO en un informe de 2007: «la política de inmigración anima la entrada de trabajadores extranjeros sin derechos laborales para abastecer los requerimientos de mano de obra barata que precisa este modelo de crecimiento». En términos reales, el salario medio aumentó en España un 1,9% anual en el periodo 1990-1995, cuando apenas había trabajadores extranjeros, y disminuyó entre 1995-2000 y 2000-2005 un 0,5% y un 0,3% respectivamente. Esta evolución ha colocado a España en el primer puesto de la UE en cuanto a desigualdades salariales y ha sido enmascarado mediante las políticas de crédito masivo para el consumo hasta que la burbuja ha estallado.
Un informe del Banco de España sobre la asimilación salarial de los extranjeros en España ofrece datos contundentes. Se hace eco de la Encuesta de Estructura Salarial de 2006, en la que se calcula que los inmigrantes reciben al llegar a España, en promedio, un salario alrededor de un 30% inferior al de un trabajador nacional con equivalente nivel de estudios y de experiencia profesional. Los estudios en otros países han demostrado que esta diferencia tiende a disminuir con el paso de los años, aunque sin llegar a completarse dicho proceso de asimilación salarial. Concretamente, los inmigrantes sin experiencia laboral previa que llegaron a España en 1996-2000 recibieron un salario inferior en un 35%; una brecha que se redujo al entorno del 15% tras 10 años. Transcurrido ese decenio no se han constatado nuevas reducciones. Esta explotación salarial no sólo se perpetúa entre los inmigrantes, sino que estudios en otros países evidencian que se transmiten a la siguiente generación: en Alemania y Francia los hijos de los inmigrantes procedentes de países pobres no consiguen la asimilación salarial con los nacionales.
Básicamente, se ha justificado la necesidad de trabajadores extranjeros argumentando que venían a desempeñar aquellos trabajos que los españoles no querían ocupar. Lo que en realidad han hecho ha sido cubrir aquellos trabajos muy mal pagados. Porque son los salarios y no el trabajo en sí, la razón del rechazo, más en una sociedad donde el estatus social y el acceso a una vida más confortable viene determinado exclusivamente por la remuneración y no por su prestigio social. Trabajos que no podían ser aceptados por sus menguantes pagas y prestaciones. Que esto es así lo demuestran diversas realidades: por ejemplo, cada vez se contrata a más médicos extranjeros en los servicios públicos de Salud al tiempo que más médicos españoles que se marchan a otros países que ofrecen mejores salarios. En un reciente estudio se advierte que en España hay un déficit de 9.000 médicos cuando en el extranjero hay trabajando 8.500 profesionales.
Por lo demás, la apuesta de la inversión privada y pública por un modelo de crecimiento basado en los sectores menos productivos (construcción y servicios), si bien generan un importante volumen de puestos de trabajo precarios –sin requerimientos profesionales, mal remunerados y muy vulnerables ante cambios del ciclo productivo– va en contra del incremento de la productividad de la economía española. Los trabajadores extranjeros se han empleado casi exclusivamente en estos sectores económicos de deficiente productividad. De acuerdo con las cifras de la Seguridad Social, el 65% estaban afiliados en el Régimen General (1.210.693), un 14% al Régimen Agrario (259.429), un 10,7% al Régimen de Autónomos (197.625) y un 9,5% al del Hogar (175.490). Dentro del Régimen General, el 19,89% trabajaba en la hostelería, el 16,87% en el comercio y el 15,29% en la construcción.
Esto permitió a los más miopes e incapaces empresarios reducir sus costes salariales, pero sólo pospuso el inevitable cierre de sus empresas, tal y como se ha comprobado con el estallido de la crisis. Hemos visto, pues, que este eficaz ejército laboral de reserva frena la innovación tecnológica que aumentaría la productividad y competitividad de la economía española aunque son muy rentables para los empleadores al tratarse de mano de obra barata, sumisa y paciente.
Con el estallido de la crisis se ha precipitado otra realidad: la de la economía sumergida. Sus dimensiones actuales no se han hecho públicas, pero en 2002 se cifró en el 22% del PIB. Que está creciendo es indudable, concretamente un 60% en el caso del fraude a la Seguridad Social durante el año pasado. La economía sumergida es un campo propicio para que este ejército laboral de reserva siga cumpliendo las funciones descritas. En 2009, el porcentaje de extranjeros que trabajaban en la economía sumergida creció hasta el 54%, el doble que en 2006. Esta situación afectaba tanto a los que se encontraban en situación regular como irregular y los sectores donde más se daba eran el servicio doméstico, la construcción y la agricultura.
De esta situación se benefician directamente sectores de empresarios faltos de escrúpulos, a lo que se añaden, en el caso del servicio doméstico, las indecentes ínfulas de señorío de sectores de las clases medias. Dentro de la esfera empresarial, la economía sumergida significa competencia desleal para todos aquellos que cumplen con la legislación. Dentro de la esfera de los trabajadores significa una mayor presión a la baja de los salarios, empeoramiento de las condiciones laborales, desprotección jurídica y anulación de las prestaciones de los trabajadores. Para el Estado, reducción de los ingresos. Para la ciudadanía, quiebra del principio de igualdad y extensión generalizada de injusticia.

2ª verdad: aportan menos de lo que cuestan

De acuerdo con el segundo eje, los extranjeros aportan más de lo que cuestan. En términos globales, la afiliación media de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social se situó al finalizar 2009 en 1.848.047, lo que significó una pérdida de 90.585, (-4,6%) respecto al año anterior. La simple comparación con el número total de extranjeros empadronados en esa misma fecha, 5,6 millones, nos indica que por cada extranjero cotizando a la Seguridad Social hay 2,11 extranjeros que no lo hacen. En el caso de la población española esta relación es menor, de 1,53 (16,2 millones frente a 41 millones). Quiere esto decir, que el número de extranjeros improductivos a efectos de la tesorería de la Seguridad Social es un 7,4% superior al de los españoles que no están en edad laboral, que están desempleados, que no quieren trabajar o que lo hacen en la economía sumergida.
Por contingentes nacionales, el desglose es el siguiente: rumanos, 280.468 (15,1% del total); marroquíes, 224.462 (12,1%); ecuatorianos, 185.577 (10,4%); colombianos, 115.948 (6,2%); chinos, 75.238 (4%); peruanos, 72.527 (3,9%); bolivianos, 70.629 (3,8%); italianos, 61.001 (3,3%); portugueses, 58.870 (3,1%); y búlgaros, 53.985 (2,9%). Cabe destacar que esa relación varía notablemente según las nacionalidades. Así, por ejemplo, si de cada dos residentes chinos uno está afiliado a la Seguridad Social, en el caso de los marroquíes, por cada afiliado hay 2,3 que no lo están.
La presencia de este creciente contingente extranjero ha significado el aumento del gasto público. La relación entre la aportación y el gasto público de la población inmigrante fue analizado en un informe elaborado por las consejerías de Economía e Inmigración de la Comunidad de Madrid de 2005, donde reside actualmente el 21,5% de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social.
En el mismo se cuantificaba en términos globales su aportación a la Hacienda en 1.115 millones de euros y el coste en servicios sociales, sanidad y educación en 1.374 millones. Así, la aportación fiscal de cada inmigrante fue una media anual de 1.468 euros en concepto de IRPF, IVA y cotizaciones a la Seguridad Social; mientras que sus gastos en servicios sociales, sanidad y educación ascendieron a 2.097 euros. Así, cada extranjero suponía un coste neto de 629 euros anuales.
Como consecuencia de su inferior retribución salarial (cuantificada un 30% por debajo de la de un español que realizara la misma labor) se comprobó la propensión a un menor consumo junto con una elevada tasa de ahorro cercana al 35% (frente a la del 11% de los españoles) que destinan al envío de remesas. Los extranjeros residentes en España son los que más remesas envían a sus países de toda la UE: 7.840 de los 31.780 millones de euros totales, según Eurostat, en 2008. Aunque esta cifra descendió respecto a la del año anterior un 7%, representó un 130% más que las remesas que salieron de Francia y un 152% más de las remitidas desde Alemania. Del total europeo, el 70% fueron a países extracomunitarios.
También se comprobó, como consecuencia de su inferior retribución salarial, una inferior contribución fiscal respecto a la de un ciudadano español. Por ejemplo, casi toda la recaudación del IRPF de este colectivo se realizaba por medio de las retenciones (180 euros al año), ya que sus rendimientos del trabajo no superaban el límite de la obligación para declarar la renta. Lo mismo cabía decir de los impuestos que gravan el consumo (IVA): así, la cesta de la compra de un inmigrante costaba 3.995 euros al año frente a los 6.577 de un español medio. De hecho, el 65% de los ingresos totales de los extranjeros al Estado correspondían a las cotizaciones de la Seguridad Social. La baja categoría de sus puestos de trabajo reducía su aportación: los inmigrantes suponían un 12% de los afiliados a la Seguridad Social pero sus cotizaciones apenas llegaban al 6% del total.
En definitiva, la población extranjera en Madrid que era entonces el 12,1% del total consumía el 46% de la factura en programas sociales de la región (prestaciones por desempleo, fomento de la inserción laboral, etc.).
Como consecuencia de su condición de ejército laboral de reserva, el porcentaje de extranjeros desempleados es superior a la media y está ya en el 29,7%. Una tasa que según los especialistas se debe más a la masiva llegada de extranjeros en 2008 y 2009 que a la destrucción de puestos laborales. A este respecto, el INEM publica los datos relativos a las prestaciones por desempleo que reciben pero no a los subsidios. La evolución en los dos últimos años demuestra cómo ha ido creciendo. Así, mientras que en enero de 2008 los extranjeros beneficiarios eran el 10% del total y el monto de sus prestaciones equivalía al 9,2% del total, en enero de 2010 representan el 15,3% de todos los beneficiarios y reciben el 12,1% de todas las prestaciones.
Existe, además, un aumento del gasto público no cuantificable como consecuencia de este incremento de la población en España en forma de inversiones extraordinarias en todo tipo de infraestructuras: carreteras, urbanización de nuevos poblamientos y dotación de nuevos servicios (agua, electricidad, etc.), construcción de colegios, de hospitales y centro de salud, de comisarías, juzgados y prisiones, etc. Al liberalismo le gusta hablar de costes pero silencia estos costes indirectos, que ensombrecen sus aparentes cifras triunfales. Sobre estos costes indeterminados, especialmente los de educación y sanidad, repercute en mayor medida la normativa vigente sobre el reagrupamiento familiar de los extranjeros, de tal manera que cada contingente anual de inmigrantes, como mínimo, se duplica o triplica en poco tiempo. Concretamente, según el estudio citado de la Comunidad de Madrid, en materia de educación es donde se da un crecimiento inmediato del gasto como consecuencia del paulatino incremento del porcentaje de alumnos extranjeros, que ya supera el 10%. El coste medio por alumno extranjero es un 3,4% superior al de un español.
Pese a no existir cifras concluyentes se puede referir, a título de ejemplo, la cuestión de la seguridad ciudadana y la justicia. En 2009 el porcentaje de población reclusa extranjera era del 35%, lo que supuso un incremento en esta década del 228% frente al del 29% de los presos españoles. Es decir, seis de cada diez individuos que entraron en las cárceles españoles eran extranjeros. El pronóstico de la Comisión Europea es que para finales de 2010 los presos extranjeros llegarán al 50%. Sin duda, este hecho ha influido decisivamente en el crecimiento de la población reclusa total española durante esta década, cifrado en el 70%, y sólo superada en Europa por Grecia.
Junto a los extranjeros que buscan efectivamente trabajo se trasladan bandas de delincuentes organizadas. A ello se suma que muchos ilegales que no consiguen acceder al mercado laboral acaban en la delincuencia, pequeña u organizada. Ésta destaca por su paulatina implantación, formada en más de un 80% por extranjeros. La instalación de mafias, denunciada por escritores como Roberto Saviano, es especialmente grave. Son organizaciones criminales que disponen de unos recursos económicos tan desmesurados que corrompen a las distintas administraciones públicas, tal y como lo ilustran los casos de Italia, Rusia, Méjico, Colombia, etc.
Respecto a la violencia machista, cabe señalar que en uno de cada tres casos el agresor y la víctima son extranjeros y que el 25% de los presos por este motivo es también extranjero.
Finalmente, dentro de este apartado de los costes no cuantificables, hay que citar el gasto en el que incurren los ayuntamientos con presencia significativa de extranjeros por la prestación de todos aquellos servicios sociales que les son propios. La reciente decisión –finalmente retirada– del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los extranjeros ilegales se justificó precisamente por esta razón.
Este incremento de los costes de nuestro sistema de protección social es financiado mediante un sistema de impuestos que, ante todo, recae sobre las retribuciones del trabajo. Más concretamente, recaen en su inmensa mayoría sobre los trabajadores españoles por cuanto el aporte fiscal de los extranjeros es exiguo al disponer de retribuciones salariales inferiores, tal y como hemos visto. Además, conviene recordar cómo este peso que soportan las rentas de los trabajadores españoles va en aumento como consecuencia de un sistema tributario que es cada vez menos progresivo. Unas retribuciones sobre las que descansa mayoritariamente la financiación del llamado estado del bienestar.

3ª verdad: no aseguran las pensiones
El tercer eje se centra en el rejuvenecimiento de la población y el consiguiente reforzamiento del actual sistema de pensiones. Sería absurdo negar que la llegada de 5,6 millones de extranjeros ha significado el crecimiento de la población residente en España a tasas anuales superiores al 1,1%. Ahora bien, conviene destacar que se habla del crecimiento de la población residente en España pero no de la población nacional. Esta aclaración es pertinente desde el punto de vista de la soberanía nacional, para la que la distinción entre ciudadano nacional y extranjero es vital. Un reciente y pionero estudio con adolescentes extranjeros (con una media de seis años de residencia) y con adolescentes españoles hijos de extranjeros (segunda generación) ha desvelado que sólo un 30,5% se considera español, que sólo un 23,5% considera que no hay mejor país en el mundo que España para vivir o que sólo un 27,2% elige a España como el país en el que vivir cuando sean mayores. Aún más llamativo es que no alcance la mitad el número de los nacidos ya españoles que deseen vivir en España en el futuro.
También es cierto que la llegada de tantas extranjeras ha repercutido en un muy ligero incremento de la tasa de natalidad. Pero este fenómeno es algo temporal ya que su más elevada tasa de natalidad se adapta rápidamente a la de las mujeres españolas. Las razones son evidentes. Además de su inmersión en una situación laboral de bajos salarios e inestabilidad en el marco de inexistentes políticas familiares para el aumento de la natalidad, está su plena adopción de los valores y hábitos de vida predominantes en toda sociedad consumista, que al fin y al cabo, han sido la razón que les ha llevado a venir. Cuando se plantea un proyecto vital consistente en emigrar al llamado primer mundo, el objetivo final es alcanzar un mejor nivel de vida y no precisamente para poder tener cuatro, cinco o más hijos. Por lo demás, esta adaptación al modelo natalicio imperante se hace por la vía más costosa para el sistema de prestaciones sociales: el aborto, frente al más barato de las medidas contraceptivas. Así, en 2008, el 43% de los abortos correspondieron a mujeres extranjeras, de las cuales casi la mitad ya lo habían practicado antes al menos dos veces.
Recientemente ha saltado a los medios de comunicación el debate sobre el futuro del sistema de pensiones al calor de la depresión económica a la que nos encaminamos. Los anuncios oficiales han fechado entre los años 2020 y 2025 el colapso del mismo. Y ante esta perspectiva, el discurso pro-inmigración insiste en la necesidad de más extranjeros que rellenen el «agujero demográfico» de España y apuntalen el sistema de pensiones.
Las previsiones del INE en base a los actuales índices de natalidad, mortalidad y migratorios son elocuentes. En los próximos 40 años, la población mayor de 64 años se duplicará y pasará a ser el 31,9% de la población. La población menor de 16 años aumentará un 2,2% mientras que la comprendida entre los 16 y 64 años disminuirá un 18,4%. Así, en 2049, por cada diez individuos potencialmente activos habrá casi nueve inactivos: esta tasa de dependencia pasaría, pues, del 47% actual al 89,6%. La causa principal es el incremento de la esperanza de vida y un ligero incremento de la fecundidad hasta 1,7. Respecto a los flujos inmigratorios, se calculan en 3,8 millones hasta 2019 y unos 400.000 extranjeros anuales desde esa fecha.
De acuerdo con estos datos, el debate sobre esta cuestión tal y como está planteado es inútil, ya que demuestra la inviabilidad del actual sistema de pensiones, con o sin extranjeros. De hecho, estas previsiones estiman en 15,8 millones los extranjeros que llegaran en los próximos 40 años. Aún así, un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada estima que para mantener este modelo de pensiones harían falta unos 35 millones de extranjeros.
En el Reino Unido, al calor de un debate similar, se han publicado proyecciones que determinan que la actual relación de 4,15 entre trabajadores y pensionistas caería hasta el 1,9 en 2051 sin la llegada de extranjeros, y hasta el 2,4 con un flujo neto inmigratorio de 180.000 individuos anuales (13,6 millones en total). Este incremento supondría un aumento del 22% respecto a los 61,1 millones de habitantes británicos en 2009 en uno de los países europeos con mayor densidad de población. De hecho, esa actual relación de 4,15 sólo se podría mantener si con la llegada de extranjeros se alcanzase los 119 millones de habitantes en 2051 (un 95% de incremento) y los 303 millones a finales de siglo (un 396% más).

Consecuencias
Por muy generosos y solidarios que seamos los españoles para con los que sufren y malviven, España no puede acoger a todos los extranjeros procedentes de países más pobres que desearían instalarse aquí. Esto es una evidencia para cualquiera. Dicho esto, surge una cuestión: ¿cuál es ese límite de acogida? Según la última encuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración, realizada entre septiembre y octubre de 2008, el 77% de los ciudadanos españoles creen que ese límite ya se ha alcanzado al considerar «excesivo o elevado» el número de extranjeros.
Además, desde 2005 ha aumentado del 24% al 42% el número de españoles que consideran «demasiado tolerantes» las leyes que regulan la entrada y la permanencia de extranjeros. Además, el porcentaje de los que las entienden «más bien tolerantes» alcanza el 32%. El total de los españoles que están a favor de un endurecimiento de las leyes de inmigración alcanza al 74%, cuando en 2005 era del 56%.
El 68% considera «muy o bastante aceptable» que sean expulsados los extranjeros legales que cometan algún delito. Y el 40% está de acuerdo con que sean expulsados los que lleven mucho tiempo en paro.
El 58% estima que los extranjeros son el grupo de población que más protección recibe del Estado, y uno de cada dos cree que se les dan más ayudas sanitarias y educativas aunque tengan los mismos ingresos que los españoles.

Conclusiones
La actual política de inmigración, arma del capital contra los trabajadores españoles, es puesta en rendimiento por todos los aparatos políticos del sistema. Lo que comúnmente se llama derecha e izquierda no es más que un conjunto de fracciones políticas que sirven al capital. Y tanto la derecha del capital (el PP), como la izquierda del capital (PSOE, IU y burocracias sindicales), llevan adelante las mismas políticas migratorias.
El carácter masivo de esta avalancha inmigratoria y los niveles retributivos que están dispuestos a aceptar los inmigrantes abren una lógica de exclusión del acceso a crecientes sectores de actividad que afecta a capas extremadamente humildes de nuestros compatriotas (temporeros en la agricultura, servicio doméstico, etc.). E introducen una dinámica más general de desvalorización del trabajo nacional, empujando sistemáticamente a la baja sus umbrales retributivos y sus condiciones.
Ha instalado, además, el escarnio que supone la discriminación de la inmensa mayoría de españoles a la hora de beneficiarse de algunos de esos servicios. Los extranjeros acaparan como mínimo el 50% de las ayudas sociales de las comunidades autónomas y ayuntamientos: becas, plazas escolares y de guardería, mini-créditos, pisos de protección oficial, etc.

Ha sido un proceso que ha conducido a un paulatino desbordamiento y deterioro de los servicios de policía, juzgados, cárceles, sanidad, educación y asistencia social. Unos servicios que son financiados mediante un sistema de impuestos regresivo que, ante todo, recae sobre las retribuciones de los trabajadores españoles.

La inmigración que se ha desarrollado durante los últimos años, legal o ilegal, es un expediente del capital en su lucha encarnizada por mantener sus tasas de beneficio. Es un instrumento de explotación capitalista, y no sólo de los inmigrantes, sino ante todo de la masa laboral española, pues de modo incesante va rebajando el valor de su trabajo y las condiciones del mismo, duramente conquistadas.

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