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Etiquetas:   Reales de vellón   -   Sección:   Opinión

País emponzoñado

Sergio Brosa
Sergio Brosa
lunes, 12 de abril de 2010, 08:02 h (CET)
Para donde se mire y en particular a las instituciones del Estado, este país está emponzoñado por los políticos que se han arrogado el derecho a medrar en todos los campos y lo que han hecho en el falso nombre y representación de la sociedad ha sido transgredir el mandato constitucional y politizarlo todo, acabando con la separación de poderes que es la garantía de funcionamiento de toda democracia. “La democracia secuestrada por los partidos” (post, 13 de octubre de 2008).

Estamos asistiendo a uno de los esperpentos jurídicos y judiciales más aberrante desde la recuperación de la democracia, cual es el procesamiento del juez Baltasar Garzón. Garzón que, a instancia de parte inició la investigación de los crímenes del franquismo, a instancia ahora de los rescoldos de aquella dictadura, va a ser juzgado por prevaricación al declararse competente para tal investigación.

La prensa internacional, la misma que celebró el procesamiento de Pinochet por el mismo juez Garzón, se echa ahora las manos a la cabeza ante la incomprensión planetaria de tamaño despropósito.

Algo falla cuando resultó ser Garzón competente para encausar a Pinochet, no lo sea ahora para investigar las tropelías de la dictadura, hasta el extremo de ser deshabilitado, como parece que va a resultar y enjuiciado por el presunto delito cometido.

A las asociaciones judiciales les ha faltado cintura para manifestar su postura, como ahora han hecho. Y los poderes políticos que, en contra de lo que manda la Constitución en el artículo 122.3 por el que se establece que de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial, tan sólo ocho serán propuestos al Rey para su nombramiento por el Congreso y el Senado a partes iguales, la tergiversación del espíritu de este artículo en la ley posterior que desarrolla este capítulo VI de la Constitución, ha concluido en que los veinte miembros sean propuestos por las cámaras. Lo que dicho de otro modo significa lo que decidan los partidos políticos, pues es sabido que la disciplina de voto castra la libertad de diputados y senadores para manifestar su voluntad.

El caso Gürtel, así denominado por el propio juez Garzón, investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular, a base de corrupción, cohecho, prevaricación, delito fiscal y no sé cuántas cosas más, pone en evidencia que el hoy primer partido de la oposición que representa casi a la mitad del electorado español, tiene indicios racionales de haber estado robando al país para financiarse, porque con las subvenciones a los partidos que pagamos sin derecho a chistar entre todos los españoles porque así lo han decidido nuestros políticos, no tienen suficiente para mantener su estructura y tantos sueldos como deben atender, ahora que no están en el gobierno.

Felipe González acabó por perder el gobierno después de tres legislaturas, también por la corrupción generalizada de propios y extraños, comenzando por Juan Guerra, hermano del vicepresidente del gobierno. Luís Roldán, director de la Guardia Civil, fue condenado a 28 años de cárcel por malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa. O José Barrionuevo, ministro del Interior y Rafael Vera Secretario de Estado de Seguridad, condenados por secuestro y malversación de caudales públicos. También Josep Maria Sala, condenado a dos años de prisión por el caso Filesa, de financiación irregular del PSOE.

Es descorazonador que en todos los partidos haya corrupción y sea constante el encausamiento de concejales y otros cargos políticos por robar que significa hurtar del modo que sea.

El Tribunal de Cuentas entre otras funciones tiene la de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Sus doce miembros, antiguos políticos, son elegidos por el Congreso y el Senado. ¿Morderán ellos la mano de quien les da de comer?

Otra muestra de descrédito político es el Tribunal Constitucional del que los propios políticos dicen que carece de credibilidad, sobre todo aquellos que temen un fallo desfavorable al Estatuto de Catalunya. Carecerá de credibilidad porque son los propios partidos lo que lo han emponzoñado al entrometerse en su funcionamiento. Por suerte sus miembros no han dimitido en bloque porque tienen la vergüenza de la que carecen los políticos quienes tenían que haberlo renovado por mandato legal, en otro flagrante desprecio a la sociedad.

Si el Estatuto de Catalunya fuese íntegramente constitucional, haría años que el alto tribunal se habría pronunciado en tal sentido. Pero como es manifiesto que parte del articulado no respeta lo establecido por la Constitución, por mucho que fuese avalado en referendo por el 33% del censo electoral lo que no es garantía de constitucionalidad, los políticos influyen severamente para que no pueda dictarse sentencia al gusto de todos los interesados. Razón por la que los partidos catalanes en el Govern y CiU estén induciendo a la ciudadanía catalana a una reacción adversa a la sentencia apelando a sus sentimientos patrióticos vulnerados por una institución española (no catalana) al margen de que la sentencia pudiera suponer el esclarecimiento de la constitucionalidad del Estatuto.

Y en medio de este panorama, la crisis sigue su curso sin que el gobierno haya sido capaz de sacar adelante el pacto de Zurbano y se haya limitado a establecer por decreto una serie de medidas económicas que deberán ser ratificadas, en su caso, por el Congreso.

Se recuerda ahora con nostalgia la toma de la Bastilla y ganas dan de hacer un “revival” y volver a empezar, ahora con la lección aprendida.

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