Se dice, aunque pocas veces se llega a cumplir, que las formaciones políticas deben darle 100 días a quienes han ganado la gobernanza de un país, para que puedan demostrar sus presuntas cualidades, recursos y méritos, que los confirmen como la mejor opción que los ciudadanos pudieron escoger. A los que votamos, una vez más, al señor Rajoy, pensando que tendría el acierto de remodelar, de cabo a rabo, su ejecutivo; que se desprendería de rémoras como la señora vicepresidenta o que tendría la valentía de acabar, con energía y sin concesiones, con el problema catalán, ya no precisamos más tiempo, más período de prueba ni más promesas para cortarle el sayo a este nuevo equipo ( en realidad el mismo de antes con algunas incrustaciones que han venido a sustituir a los ministros halcones por personas, aparentemente, más “negociadoras”, más “flexibles” y más propicias a los pactos, concesiones, renuncios y componendas de lo que lo fueron sus antecesores en el cargo) que, para decirlo sin ambages ni equívoco alguno, ya podemos afirmar que ha acabado con las pocas esperanzas que nos quedaban cuando supimos que, contrariamente a lo que dictaba el sentido común, se avinieron a asumir el gobierno de la nación, transigiendo y sometiéndose a las humillaciones de sus adversarios, en lugar de haberse enfrentado valientemente y con todas las posibilidades de sacar un resultado mejor, a unos nuevos comicios que se hubieran celebrado, según lo previsto, uno de estos días de diciembre.

Cuando se promete algo a los votantes lo prudente es cumplirlo. Cuando una vez se ha prometido algo y no se cumple y, la segunda vez se sigue insistiendo en prometerlo y, finalmente, se vuelve a incumplir la promesa, no es probable que, aquellos ciudadanos que, a contra corriente, prefirieron votar al PP por una cuestión de fidelidad a los presuntos valores que representaba el antiguo partido de Fraga Iribarne, y siendo capaces de pasar por alto algunas de las excusas que se alegaron ( situación de crisis, deuda pública, déficit desorbitado y burbuja inmobiliaria, entre otras causas), aún que tampoco se habían cumplido promesas como la de solucionar el problema catalán, abolir la ley del aborto, enfrentarse decididamente al problema de la educación, y reducir el gasto público. Ninguna de estas promesas electorales se cumplió, si bien, hay que reconocer que, en el aspecto económico, se consiguieron importantes avances que han contribuido a que España se encuentre en una posición más ventajosa que cuando la dejaron los socialistas del señor Rodríguez Zapatero.

Pero si en, la primera ocasión, en noviembre del 2011, les votamos pensando que todo iba a cambiar para bien e intentarían aprovechar aquella holgada mayoría absoluta, en las dos cámaras, para darle un vuelco a aquella España destrozada por aquel clono de Atila, el inconsciente y descerebrado Rodríguez Zapatero que, con sus huestes de bárbaros insensatos, consiguieron, sólo en dos legislaturas, dejar a sus sucesores un país de tierra quemada, arrasada por la horda dilapidadora, con el tesoro público exhausto y en situación técnica de quiebra soberana. En esta segunda ocasión, cuando una parte importante de los españoles conseguimos que el PP ganara con mayor amplitud, distanciando al partido de sus seguidores de la izquierda, tampoco hemos conseguido otra cosa que seguir avergonzándonos de quienes nos representan y llegar al convencimiento de que, el nuevo gobierno de la nación, no pretende otra cosa que mantenerse en el gobierno del país aunque, para conseguirlo, tenga que pasar por las Horcas Caudinas de verse obligado a someterse a la voluntad de aquellos partidos que, a lo que aspiran, es a hacer el país ingobernable y a que la gestión del Rajoy y los suyos, al frente de la nación, se convierta en un fracaso sobre el que poder erigir un gobierno de extrema izquierda, que acabe convirtiendo a España en una más de las naciones sometidas al vergonzante yugo del comunismo bolivariano o estalinista que, tanto monta monta tanto.

Otra vez las primeras iniciativas del nuevo ejecutivo se han centrado en aumentar los impuestos, anunciar una revisión catastral ( no para adaptarla a los nuevos precios de los inmuebles, notablemente inferiores a los de los años 2007) con la intención de gravar más a los poseedores de viviendas y locales; mantener las pensiones como están, después de años de perder valor adquisitivo, aumentar el gravamen sobre el tabaco y las bebidas edulcoradas permitiéndose, una vez más, tomar a los ciudadanos por tontos al argumentar que “lo hacen para combatir la obesidad prematura” y no para aumentar descaradamente la recaudación a costa de los de siempre, la siempre sacrificada clase media, víctima expiatoria de todas las decisiones de este ministerio de Hacienda, que se ha convertido en perseguidor implacable de aquel que, sacrificándose, se ha hecho un rincón para la vejez. Si en lugar de cometer el error de ahorrar, el mismo ciudadano se hubiera dilapidado todo lo ganado dándose la gran vidorra y despilfarrador todo su capital, es seguro que ahora no tendría nada de lo que preocuparse.

El Estado precisa 7.000 millones de euros para satisfacer a Bruselas. No se atrevieron a reducir el gasto público en la proporción que era precisa, ni tampoco lo hicieron con la cantidad de empresas públicas que sólo son verdaderos nidos del enchufismo de los partidos por medio de los cuales premian a sus acólitos para que estén contentos y los voten. Es más, sin el menor rubor han estado financiando, con más del 50% de las cantidades destinadas al FLA, a la comunidad catalana; aunque han sido plenamente conscientes de que una parte importante de esta ayuda ha ido a para fomentar los preparativos de su anunciada independencia, pagando a comisiones que estudian la nueva constitución catalana, que están contratando a funcionarios para la Hacienda catalana, que se utilizan en la adquisición de inmuebles para instalar a las instituciones que deberán implantarse, el día en el que, según ellos, Cataluña se convierta en una nación independiente.

En la actualidad, la señora Sáez de Santamaría, alguien a quien seguramente se le puede achacar que no se hayan llevado a cabo, en la anterior legislatura, medidas contra los crímenes del aborto o actuar radicalmente contra la adopción por el gremio de los homosexuales; está derrochando sus dotes de seducción con el señor Puigdemont o con el señor Juncadella que no desaprovecha la ocasión de darle sendos ósculos cuando se encuentran, con el fin de intentar que renuncien al famoso derecho a decidir, a cambio de lo que, al parecer, el gobierno español, está dispuesto a transigir como es el tema de la lengua o aumentar, de una manera sustancial, la financiación de esta comunidad (¿qué van a decir las demás cuando se vean perjudicadas por esta política?) o, quien sabe, si podrían llegar a celebrar los consejos de ministros en la capital catalana, para darles facilidades a todos los de la CUP o los de Podemos para que puedan montar las algaradas más sonadas cada vez que se reúnan en la capital catalana.

Un ministro portavoz del Gobierno a quien se le podría dar el premio Nobel de la Paz porque, al parecer es incapaz de decir que no a nada de lo que sus interlocutores del resto de partidos políticos le proponen. Ahí tiene el tema de la educación donde, sin discusión previa ni hacer la menor reflexión acerca de la conveniencia de hacerlo, le han dado el portante a las reválidas establecidas y se han cargado, de cuajo, la ley Werd, sin que se tenga ninguna garantía de que, lo que salga de este contubernio de partidos, sea la ley que, en realidad, necesita la juventud española. Se empieza cediendo un poco y se acaba con los pantalones bajos humillándose a todo lo que se les pide para así, señores, poder seguir gobernando durante unos meses hasta que, cuando ya no les sea posible seguir negando la realidad de su fracaso, se vean obligados a convocar unas nuevas elecciones para el próximo año. Claro que, en esta ocasión, sin las garantías de obtener un mejor resultado, ya que muchos de los que los votaron anteriormente es posible que decidan que no son merecedores de su confianza y que ya no se fíen de estos usurpadores del partido de Aznar, que han renunciado a los valores y los principios que caracterizaban a aquel partido, para intentar convertirlo en un partido más de estos que se atribuyen el marchamo de democrático, pero con tintes “progres”, de modo que, finalmente, acaban formando parte de todos estos que han decidido que ser español es lo mismo que ser catalán o francés o portugués porque, en definitiva ¿ qué importa la nacionalidad, las costumbres propias, la bandera o los símbolos patrios?

Yo, no obstante, no estaría tan convencido de que, en nuestra nación, ya no queden personas que continúan pensando que es un privilegio sentirse español, que no aceptan ni se conforman, con que cada autonomía haga de su capa un sayo y, como piden algunos, cada una pueda decidir si quiere seguir perteneciendo a la gran nación española o prefieren seguir el ejemplo de los catalanes y vascos. Una vez, hace 80 años, ya se produjo una situación semejante, se calentaron los ánimos, se encendieron las pasiones, se luchó en las calles, luego en las trincheras y, finalmente, más de medio millón de muertos coronaron aquella proeza. Y es que, señores, la historia se repite pese a que los hay que no creen en ello.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos el presentimiento de que, en este país, se está corriendo el riesgo de que, todo lo que hemos conseguido después de los años en los que hemos sabido respetar las reglas democráticas de convivencia, está a punto de irse al garete, si los que debieran poner remedio se limitan a velar por sus propios intereses, sin ver el peligro que nos acecha desde la izquierda.