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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

La protección de la salud

Francisco Arias Solís
Redacción
domingo, 11 de abril de 2010, 20:55 h (CET)
El derecho a la protección de la salud es un derecho social básico reconocido por nuestra Constitución, y es una prioridad porque forma parte del Estado social y democrático de Derecho.

En el Estado social los principios rectores marcan el hilo conductor de la actuación de los poderes públicos para que exista un mínimo de coherencia entre el objetivo a conseguir y los resultados obtenidos.

La efectividad de este derecho a la protección de la salud no se consigue con la inhibición de los poderes públicos sino que requiere una actuación tutelar en dos frentes bien definidos. Uno, mediante el desarrollo de medidas y actuaciones preventivas que eviten la enfermedad, que luchen contra el deterioro de la salud y que mantengan la calidad de vida de los ciudadanos. Otro, centrado en una actuación directamente prestadora de servicios, mediante la organización de los recursos necesarios, para que cuando surja la enfermedad pueda y deba ser combatida con todos los medios disponibles y las ciencias idóneas.

Sin embargo, el Estado social viene padeciendo desde hace tiempo no pocas ofensivas. Las conquistas sociales alcanzadas en la segunda mitad del siglo XX en el mundo occidental, comienzan a ser cuestionadas por los neoliberales, que argumentan que la sobrecarga del Estado es la responsable de la crisis económica que en los últimos años han padecido muchos países de forma más o menos profunda. Pero una sociedad sin derechos económicos y sin derechos sociales, regida exclusivamente por el principio de la libre competencia, será conducida de nuevo a una sociedad con enormes diferencias y antagonismos de clase que explotaría por sí misma tarde o temprano.

La Ley General de Sanidad al establecer el principio de universalización de las prestaciones proporcionó un marco jurídico a las demandas de la población, pero también responsabilizó al Sistema Nacional de Salud de atender sin acepción a todos los ciudadanos en sus necesidades y derechos.

En la actualidad, hay propuestas extremadamente peligrosas que suponen la quiebra del principio del Sistema Nacional de Salud como asegurador universal. Estas propuestas, basadas en la libertad de elección entre entidades aseguradoras, no toman en consideración los costes de solidaridad y, además, introducen incentivos para la selección de riesgos. La pretendida libertad de opción del ciudadano o consumidor acabaría en la libre elección de las compañías privadas que serían, finalmente, las que elegirían a sus clientes. Estas propuestas prometen mejoras inmediatas para una mayoría de la población, pero ocultan negativos efectos futuros.

En sanidad no funcionan los esquemas del libre mercado. El libre mercado en el aseguramiento sanitario crea situaciones de gran injusticia y además existen ejemplos de cómo los recursos se utilizan mal, el consumo inútil aumenta y los ciudadanos desconfían y acuden masivamente a reclamar a la Justicia. Y es que, como dijo el poeta: “Al fin y al cabo no tienes / en dónde caerte muerto. / Por eso, al fin, no te caes / y, al cabo, sigues viviendo”.

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