El comportamiento desleal de la Generalitat de Cataluña representa una quiebra en el sistema de garantías constitucionales respecto a los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. El desprecio de los independentistas a la ley y a las resoluciones de las diversas instancias judiciales, es expresión de un empeño que secuestra a la sociedad catalana. La respuesta tanto del Gobierno, como de las instancias judiciales, debe ser serena y contundente. La vía penal de la inhabilitación no tiene porqué ser descartada ante quienes desprecian el Estado de Derecho.
Para una adecuada respuesta política no estaría de más que España tuviera un gobierno estable que apuntalara la voluntad común de hacer frente a quienes por sistema hacen oídos sordos a la ley y se han empeñado en un proceso que lleva a Cataluña a la deriva.
