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Etiquetas:   Políticamente incorrecta   -   Sección:   Opinión

Corrupción en Madrid: ¿No sabía Ignacio González lo que hacía su número 2?

Almudena Negro
Almudena Negro
@almudenanegro
viernes, 9 de abril de 2010, 08:22 h (CET)
El pasado martes se levantaba el secreto del sumario del caso “Gürtel”. Como ya les conté, conocí, incluso tengo documentos gráficos y audiovisuales de ello, en los 90 las andanzas de varios de los ahora imputados. Ya publiqué aquí mismo bajo el título “Alberto López Viejo: ¿historia de un final anunciado?”, el pasado 9 de marzo de 2009, un artículo en el que daba algunos detalles acerca del personaje, dicen que mano ejecutora de la trama en la Comunidad de Madrid.

Ciertamente, nada que no hubiera sido filtrado previamente a los medios de comunicación, aporta el sumario desde el punto de vista jurídico: una banda de presuntos chorizos, capitaneados por Francisco Correa, dedicados fundamentalmente a la organización de eventos, se ha forrado a costa del PP entre onerosos presentes a sus dirigentes. Regalos, por cierto, que, aunque sean muy mediáticos, son jurídicamente casi lo de menos. ¿A quién le importa que le regalaran una manta al papá de Camps? Salvo fotos electorales, la obsesión manifiesta de Baltasar Garzón, el presunto de las instrucciones chapuceras que tal vez le hiciera perder la vista sobre lo realmente importante, por ver si empitonaba a Francisco Camps y Rita Barberá (Tomo 6), interesantes comentarios transcritos, como aquél en que Correa afirma que Gallardón, Zarrías y Chaves estarían implicados en la “operación Malaya” y que “Polanco lo está tapando” (Tomo 7, pág. 366) o que hasta la página web de la Comunidad de Madrid habría sido adjudicada a un amiguete, completan los 50.000 folios. De momento la apertura del sumario se ha cobrado su primera “medio-víctima” (aquí no suelta el cargo público nadie): Luis Bárcenas, tan defendido por Javier Arenas y la ex de Jesús Sepúlveda, ha solicitado su baja en el PP.

Jurídicamente es un sumario endeble, pero la imagen del PP ha quedado hecha añicos. Es todo chusco. Barriobajero. Prepotente. Si algo queda claro es que los hoy imputados, e incluyo aquí al imputado José Luis Peña, quien fuera concejal del PP de Majadahonda y hoy héroe televisivo y televisado de la extrema izquierda, se sentían impunes. La impunidad propia de un sistema corrupto hasta el tuétano y de unas personas que ya no distinguen entre decencia e indecencia. La misma impunidad que tantas veces hemos visto en el PSOE.

Pero no es todo esto, tan comentado en los medios, lo que ha llamado mi atención. Por un lado, sorprende (o no) la presencia, casi omnipresencia, en el sumario de la empresa SUFI S.A, que también hizo sus negocios con la Comunidad de Madrid cuando la presidía Alberto Ruiz-Gallardón. Y la facilidad con que las personas de la trama hablaban de elaborar las listas del PP en Madrid.

Por otro, Pedro Rodríguez Pendas, en los años 90 Presidente de NN.GG. de San Blas por la gracia de Alberto López Viejo y Ginés López, qué casualidad, era, según declara Isabel Jordán (“si tu llegabas con una factura de 140.000 euros te decían que no se podía pagar, entonces había que ponerlo en diferentes facturas”), quien indicaba a los imputados cómo “trocear” los más de 500 contratos que la Comunidad de Madrid firmó, vía adjudicación directa, con las empresas de Francisco Correa. Muchos de ellos durante el tiempo en que López Viejo (recuerden, secretaría de organización del PP, Juan Carlos Vera, Jesús Sepúlveda…) ejercía de Viceconsejero (2004-2007) de Ignacio González en Presidencia, cargo que anteriormente ocupó, hasta irse al ayuntamiento, otro miembro del “clan Bolero”, Miguel Ángel Villanueva (2003-2004). Alejandro Halffter ocupaba la Secretaría General Técnica de Presidencia.

El entonces todopoderoso y omnipresente Ignacio González, por lo visto, no se enteraba de lo que hacía su número 2. La mayoría anda despistada pensando en López Viejo como Consejero de Deportes. Y es que hay una clave en todo esto: habría que ver quién firmaba los ADOK y OK (autorización de pago) de las adjudicaciones sospechosas. Según el artículo 41, apartados h) e i) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid la competencia es… del Consejero. Como desconozco si éste tenía la firma delegada (con lo cual seguiría siendo su responsabilidad, pero firmaría otro y el Consejero podría alegar desconocimiento o estupidez), dejaremos ahí el asunto.

Carlos Clemente, quien fuera Viceconsejero de Inmigración y también imputado en la causa, ha declarado, Isabel Jordán ratifica su declaración, que todos los actos que realizaba la Consejería de Inmigración en la Puerta del Sol y por los cuales se ha visto metido en el lío, los contrataba directamente Presidencia, quien luego pasaba la factura a la Consejería correspondiente. Otra vez López Viejo, al cual cita literalmente como muñidor del asunto. López Viejo… Viceconsejero. Por cierto… ¿es que en Hacienda tampoco se enteraban? ¿Para qué está la Intervención?

Tengo delante el sumario, tomo 10, página 121, en el cual la Consejería de Economía y Hacienda, Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio (nº solicitud 2009/225), envía al Juzgado, informando de los contratos, adjudicados por importe de 619.377,45 €, a EASY CONCEPT COMUNICACIÓN. Aparecen con fecha 10 de agosto de 2004 (López Viejo es nombrado Viceconsejero en mayo de 2004) 14 contratos en relación con un “HOMENAJE 11-M”, ni a los muertos respetaban. Todos ellos de un importe inferior a los 12.000 euros. Es decir, el límite –la ley se amplió en 2007 a 18.000 euros- a partir del cual, según la ley de 1995, bastaba con la autorización del gasto y una factura. Sin concurso de ningún tipo. Suman estos 14 contratos en total más de 130.000 euros. Una ilegalidad flagrante cuya responsabilidad política, evidentemente, no recae sólo en el imputado López Viejo. Según el mismo listado, facilitado por la Comunidad de Madrid, posteriormente, el 28 de agosto, aparece otro ADOK, responsabilidad legal del Consejero, a otro contrato para el mismo homenaje, por importe de 10.936,54 €. Y esto es sólo un ejemplo de cómo operaba la banda.

Hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿quién firmó las órdenes de pago (ADOK)? Es más, ¿se han solicitado dichos documentos a la Comunidad de Madrid? Sin duda podrían resultar esclarecedores para conocer hasta qué punto Ignacio González, es tonto o demasiado listo. "La responsabilidad política dice que ante la aparición de una razonable duda de la conducta de cualquier cargo público se le debe apartar de las funciones que tenga en ese momento mientras se aclara la cuestión", afirmaba esta misma semana Esperanza Aguirre. Pues eso.

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