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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

El Gobierno toca el violón en el tema religioso

Miguel Massanet
Miguel Massanet
miércoles, 7 de abril de 2010, 08:43 h (CET)
Aconfesionalidad significa no “pertenecer a”, no profesar ni tener ni, por supuesto, apoyar ningún tipo de creencia o confesión de cualquier tipo y, por extensión, la religiosa. Si la constitución española de 1978 declara al Estado como aconfesional, es evidente que quiere decir que no se debe inclinar por ningún tipo de comunidad de tipo religioso; lo que, a la vez, comporta mantener fuera de sus decisiones, cometidos, instituciones, preferencias y ayudas o colaboraciones, todo aquello que directa o indirectamente pueda significar obligar a los ciudadanos españoles a contribuir, sea con sus impuestos o sea con leyes específicas, a favorecer a determinadas sectas, religiones, cultos, dogmas, confesiones o credos. El estado aconfesional sólo debe intervenir en esta delicada materia cuando, por parte de quienes practican un determinado culto se intenta transgredir, atentar, modificar o saltarse las leyes, reglamentos y cualquier otra disposición penal, civil o administrativa, por la que nos regimos todos los españoles.

Non bis in idem. Lo que es difícil de entender, por absurdo y contrario a toda lógica, es que, siendo el Estado aconfesional, el Gobierno se manifieste como laico y, por si fuera poco, practique una política de intervención en los temas religiosos, favoreciendo a determinadas congregaciones religiosas, religiones recién aterrizadas en nuestro país, otorgándoles beneficios extraordinarios, dotándolas con ayudas materiales y pretendiendo que se les concedan status especiales que les permitan gozar de emplazamientos, cedidos gratuitamente, para poder edificar en ellos sus propios templos. Lo verdaderamente estrambótico de la cuestión es que, todas estas actuaciones, estas medidas regulativas e intervencionismo en el terreno religioso, lo quieren recoger en una nueva ley que, al parecer, se denominará como “Ley de libertad religiosa” algo que repugna ya de por sí al sentido común, debido a que no hace falta ningún tipo de legislación complementaria sobre aquello que dejó claramente especificado el texto constitucional. A no ser… a no ser que, desde el Ejecutivo, se quiera meter cuchara en un terreno sobre el cual, salvo en el aspecto relativo al cumplimiento de las leyes de la nación, no parece que tenga ningún derecho a entrometerse. Me gustaría reproducir el siguiente artículo de la Constitución:

“Artículo 16
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.”
En realidad, detrás de esta nueva legislación que se quiere implantar, está subyacente la artera intención de despojar a la Iglesia católica de todos aquellos símbolos culturales que, a través de siglos de cultura cristiana, se han ido prodigando a lo largo y ancho de la geografía patria y que, como en otro terreno ha sucedido con las estatuas, cuadros, inscripciones y recordatorios varios, referentes a los generales del bando nacional que protagonizaron la Guerra Civil de 1936; complementar la labor de aquellos que trabajan en cambiar la historia de España con el pretexto de la “Memoria Histórica”, consistente en borrar cualquier posible signo o prueba de la gran derrota del Frente Popular y los comunistas rusos en manos del general Franco.

La idea de convertir nuestro calendario laboral en una suerte del famoso laberinto de Dédalo, al pretender contentar a todas las nuevas religiones implantadas en la Península (judíos y mahometanos), reconociendo, por ley, que los sábados serán considerados como la fiesta de los judíos y los viernes como la de los musulmanes; sin duda no es si no que un nuevo parche en nuestra legislación de trabajo y supone crear en revoltillo de fiestas que difícilmente van a contribuir al buen funcionamiento de nuestra economía. Y, ¿los españoles no tendríamos algo que decir a semejante arbitrariedad? Aquí se está entrando en un terreno que puede afectar directamente al resto de ciudadanos españoles que venimos manteniendo, desde hace siglos, un calendario único al que todos nos hemos acoplado y que permite, tanto a los comercios como a la industria, organizarse su trabajo, distribuyéndolo de acuerdo con sus necesidades, instituyendo turnos en las empresas de trabajo continuo, y organizando equipos de relevos que, en ningún caso es tarea fácil y, por supuesto, representan un encarecimiento para el producto final. Los judíos en su religión deben descansar y no pueden trabajar los sábados, ¿supondrá que las empresas no podrán contar con ellos en este día de la semana?, pero, ¿qué ocurrirá con los musulmanes que tampoco querrán trabajar en su día dedicado a Alá? Se habla de una ley, una ley que deberá ser observada por todos los españoles, les guste o no, les favorezca o los perjudique, vaya en contra o no de los intereses del resto de trabajadores que no pertenezcan a las mentadas ideologías religiosas; pero ¿por qué?

La norma constitucional no dice que se deba imponer por ley, a toda España, que las distintas ideologías deban, puedan u obliguen a quienes no las compartan a tener que sufrir las consecuencias de una ley encargada de trasladar al terreno laboral o civil lo que sólo debe defenderse en el ámbito personal e ideológico. Cooperación no quiere decir que puedan hacer de mangas capirote, legislar a su antojo y favorecer más a los unos que a los otros, porque, vamos a ver: supongamos que a los budistas se les ocurre pedir también su fiesta o los Brahamanes de la India también la piden, ¿habrá algún día en el calendario en el que todos trabajen? Puede que tengan que alargarse las semanas o convertir los años de 365 en 400 o 500 días, para poder cuadrar semejante juego de despropósitos. Lo que ocurre, lo que se vislumbra detrás de esta ley de Libertad Religiosa que el Gobierno se trae entre manos, no es favorecer a los judíos o mahometanos por simpatía a ambas religiones, no señores, lo que se está perpetrando tras las bambalinas de favorecer a todas la religiones asentadas en nuestro país es, simple y llanamente, conseguir, con tal pretexto, buscar el medio para justificarse y encontrar apoyo en una norma que les permita quitar los crucifijos de las iglesias, hacer desaparecer las imágenes, retablos, esculturas, cruces y demás monumentos religiosos de todas aquellas ciudades españolas que tienen la suerte de que presidan sus plazas, formen parte de la decoración urbana o coronen las montañas cercanas; para instalar en dichos lugares imágenes de Stalin, de La Pasionaria o, si mucho me apuran, del propio Dr.Negrín.

El Gobierno tiene una sola intención clara: deshacerse de la religión, de los curas y de la Iglesia católica. En ello está empeñado y en ello está volcando toda su artillería mediática. No les auguro nada bueno, porque ellos llevan seis años en el poder y el catolicismo que buscan destruir, ha venido subsistiendo desde hace 2000 años y… aquí sigue firme como una roca. Ya lo dice la Biblia. “El que lanza una piedra contra lo alto la recibirá sobre su cabeza” Esperemos que el chichón le haga reflexionar.

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