Ayer, tratando en vano de volver a la Madre Patria desde la “locomotora de Europa”, tuve ocasión una vez más de comprobar esa estafa consentida por los ciudadanos (¡Pero qué van ellos a hacer, si sólo pueden “opinar” con su voto cada cuatro años!) que se llama privatización de las empresas públicas. El Deutsche Bahn (equivalente a nuestra Renfe) es un desastre desde que hace varios años pasó al sector privado: los precios son desorbitados y los servicios propios no del tercero, sino de un hipotético cuarto mundo. Es imposible calcular los enlaces y si, por ejemplo, tienes que coger un avión en Düsseldorf viniendo de Colonia, que está a unos ochenta kilómetros, es preciso salir unas cuatro horas antes para evitar que el previsible retraso del tren que te conduciría a la hora razonable al aeropuerto, desbarate todos tus planes. Esta anécdota personal va precedida por otra, que me ocurrió dos días antes: la línea Tallys de alta velocidad que cubre la ruta Paris-Bruselas-Colonia funcionó con la precisión de un reloj suizo hasta la frontera, pero al llegar a las inmediaciones de Aquisgrán empezó a trastabillar, lo que supuso un retraso de más de media hora. Lo peor del caso es que eso es “lo normal” y casi nadie parece sorprenderse.

La privatización de la empresa pública es una operación pactada “al más alto nivel” y el ciudadano no es más que el sujeto pasivo (y paciente) de los resultados, habitualmente desastrosos, que produce. Un gobierno puede decidir en cualquier momento desentenderse de la tutela y dirección de un servicio público y dejarlo en manos de la rapiña del capital privado, con la consiguiente merma de su calidad, aunque nunca de su precio. Esto ocurrió en Gran Bretaña durante el aciago mandato de la señora Thatcher (tan admirada por José María Aznar y tan poco valorada por los británicos) cuando su gobierno privatizó empresas como el metro de Londres, antaño modélico y hoy un ejemplo de incompetencia.

La empresa estatal puede permitirse renunciar a la rentabilidad económica; no así la empresa privada, que persigue a toda costa la obtención de beneficios.

Quienes defienden que con la privatización de las empresas estatales se produce un uso más eficaz de los recursos, no exponen que la verdadera razón del capital privado para “aceptar el engorro” de hacerse con ellas es, precisamente, hacerlas rentables. Y esa rentabilidad se obtiene en demasiados casos abaratando costes, reduciendo la mano de obra y repercutiendo negativamente en el producto o servicio prestado. Todo ello puede sugerir que la rentabilidad económica es inversamente proporcional a la rentabilidad social.

Es posible que algún experto en economía –yo no lo soy ni lo pretendo- que lea esta columna, piense que opino sobre algo que no conozco. Puede ser; y si así resulta, me disculpo.

Sin embargo, aplicando la sabiduría popular encerrada en el dicho “cada uno habla de la feria como le va en ella”, sugiero que se haga una encuesta seria entre los que cada día en la Unión Europea sufren los efectos de la privatización de empresas que funcionaban razonablemente bien en manos del Estado y que ahora son, simplemente, desastrosas.

Cuando el restaurante de la esquina cambia de dueño y ofrece bazofia al precio que antes servía un menú decente, optamos por no volver. Pero cuando ciertos servicios públicos imprescindibles como, por ejemplo, el transporte de viajeros o la asistencia sanitaria comienzan a fallar, no nos queda otro remedio que aceptar la precariedad: el boicot es, en este caso, imposible.