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Etiquetas:   Ley de violencia domstica   -   Sección:   España

El Congreso da luz verde a la Ley de Violencia de G nero por unanimidad

Redacción
sábado, 25 de diciembre de 2004, 16:00 h (CET)
El proyecto de Ley Integral contra la Violencia de Gnero pas hoy su ltimo tr mite en el Congreso para convertirse, al mes de su publicacin en el B O E, en la norma de prevenci n, proteccin y lucha contra los malos tratos que sufren las mujeres en Espa a. Por tercera vez, los grupos parlamentarios dieron su apoyo unnime al texto, al votar a favor de las modificaciones introducidas en el Senado los 325 diputados que componen la C mara.

Redaccin / EP
Se trata del primer proyecto de Ley remitido por el Gobierno de Jos Luis Rodrguez Zapatero al Parlamento, el pasado 25 de junio, y ya recibi el apoyo de todas las formaciones polticas tanto en el primer tr mite de la Cmara Baja como a su paso por la C mara Alta.

La Ley abarca aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, sanitarios y penales y ha implicado a siete ministerios (Educacin, Justicia, Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, Sanidad, Administraciones P blicas y Economa). El Gobierno calcula un coste anual de entre 50 y 80 millones de euros hasta la implantaci n definitiva de todas las medidas previstas en la Ley.

MODIFICACIONES DEL SENADO
Con las modificaciones del Senado, la redaccin final incorpora expresamente a las mujeres pertenecientes a los colectivos m s vulnerables (discapacitadas, inmigrantes residentes e irregulares, y mujeres del mundo rural) como beneficiarias de todos los derechos reconocidos en la norma.

Asimismo, elimina el requisito de edad para que las vctimas con especiales dificultades de empleabilidad accedan a una ayuda econ mica adicional y denomina finalmente al rgano coordinador de todas las pol ticas contra la violencia de gnero como "Delegaci n Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer".

Igualmente, se ha eliminado la capacidad de las asociaciones de consumidores y usuarios para solicitar, tanto al anunciante como por va judicial, la cesaci n y rectificacin de publicidad considerada vejatoria o discriminatoria de la imagen de la mujer. Finalmente, se define definitivamente el rgano coordinador e impulsor de estas polticas como "Delegaci n Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer".

Asimismo, la Cmara Alta incorporo un mandato al Gobierno para que el Estado garantice, a trav s de una legislacin espec fica, "el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resolucin judicial".

Seg n el calendario previsto, la norma ser de aplicaci n a principios del prximo a o, salvo en lo que se refiere a la tutela procesal y penal (ttulos IV y V) que entrar n seis meses despus de su publicaci n en el B.O.E.

ASPECTOS POLMICOS
Ambos apartados han sido dos de los m s polmicos del proyecto del Gobierno al referirse, por un lado, a la discriminaci n penal positiva a travs del agravamiento de las penas de lesiones, malos tratos y amenazas y coacciones leves cuando las cometen hombres contra sus parejas o ex parejas.

Esta redacci n suscit dudas de constitucionalidad en algunos sectores, que se solventaron mediante acuerdo de los grupos parlamentarios en el Congreso por el que tambi n se agravan las penas cuando estos hechos los comete cualquier miembro de la unidad familiar contra personas especialmente vulnerables.

En el caso de la tutela procesal, el trmite parlamentario ha depurado la t cnica jurdica elegida, ante las dudas planteadas por unificar en un s lo rgano judicial (Juzgados de Violencia sobre las Mujeres) las jurisdicciones penal y civil en los procesos de separacin y divorcio en los que existan malos tratos. En total, se crear n 14 nuevos juzgados, doce los cuales corresponden a comunidades autnomas con competencias transferidas en materia de Justicia, por lo que el Gobierno se ha comprometido a negociar con stas su habilitacin, que prev completar para antes del mes de julio.

El resto de la norma entrar en vigor en poco m s de un mes y obligar, entre otras materia, a que el sistema educativo incluya en sus fines y principios la formaci n en el respeto a la igualdad de mujeres y hombres.

FONDO FINANCIERO PARA LAS CCAA
Adems, reconocer a las vctimas el derecho a una asistencia social integral. Para ello, se prev la dotacin de un fondo financiero durante los dos a os siguientes a la entrada en vigor de esta Ley al que podrn acceder las Comunidades Aut nomas (competentes en materia de servicios sociales).

Igualmente, la futura Ley recoge toda una serie de derechos sociales y laborales, como la prioridad en la adjudicacin de viviendas, la reducci n del tiempo de trabajo, la movilidad geogrfica, la suspensi n de relacin laboral con reserva del puesto de trabajo y la extinci n del contrato. En estos dos ltimos casos con derecho a la protecci n por desempleo.

Al mismo tiempo, contempla un programa de insercin laboral para v ctimas, con cobro de renta activa. Para quienes no puedan seguir el programa, se establece una ayuda econmica. El texto tambi n incluye actuaciones de deteccin precoz en materia sanitaria y programas de sensibilizaci n y formacin de personal sanitario.

PROTOCOLOS SANITARIOS
As , recoge el establecimiento de protocolos sanitarios de actuacin para la prevenci n, la deteccin precoz y la intervenci n continuada. En los protocolos se establecer expresamente la colaboraci n con la Administracin de Justicia.

En materia policial, establece la creaci n o refuerzo de unidades especializadas en el Cuerpo Nacional de Polica y en la Guardia Civil y se abre el cauce para la cooperaci n de las policas locales.

Tambi n se prevn los cursos de formaci n de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mdulos de igualdad y no discriminaci n.

Por otro lado, se facilitar a los condenados por actos de violencia contra la mujer el acceso a programas espec ficos de rehabilitacin, y las juntas de tratamiento valorar n estos cursos a la hora de otorgar beneficios penitenciarios a los condenados por violencia de gnero. Finalmente, la norma contempla campa as informativas de prevencin y sensibilizaci n y convierte en ilcita la publicidad sexista.

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