La atención sanitaria es lo penúltimo acerca de lo que me apetece escribir. Lo último es el aborto, por lo que esta columna va a ser un bufé libre de torturas.

Normalmente no volvería tan pronto a un asunto que yo tiendo a asociar al placer de golpearse la cabeza contra la pared, pero el extendido malentendido en torno a lo que contiene la ley de reforma sanitaria justifica dar otra vuelta al asunto.

Sigue sin estar claro si la nueva ley general permite la financiación de los abortos o no, y si la autorización ejecutiva del Presidente Obama reviste o no algún valor real (jurídicamente hablando). La respuesta a esto último se discute muy poco. La respuesta es "no". Una orden presidencial no está por encima de una ley promulgada.

En cuanto a la cuestión de la financiación, bueno, es deliberadamente complicada. Y baste con decir que no debería serlo.

Los defensores de la ley sostienen que: (1) por ninguna parte del anteproyecto se dice que se vayan a dedicar fondos públicos al aborto; (2) la Enmienda Hyde, que prohíbe la financiación federal del aborto, lo impide.

Ambas afirmaciones son verdaderas - en cierta medida. La cuestión no es lo que dice la ley; es lo que no dice.

Nadie debería disculparse por estar confundido, a propósito. Si no fuera por las pacientes tutorías de los brillantes asesores legales, los becarios del Capitolio y los expertos en medicina entre otros, yo estaría en posición fetal doblada alternativamente murmurando "¿Quién es Jacob?" y "Ídem, Apartado C (1) sección (a)."

En cuanto al primer argumento: (i)Por supuesto(/i) que el anteproyecto no menciona explícitamente que asigna financiación pública al aborto. De hecho, se esfuerza en utilizar una terminología que parece prohibirlo expresamente. Sin embargo, otras áreas son pantanosas. Y, de hecho, se pueden utilizar fondos públicos para pagar abortos bajo circunstancias que previsiblemente cambiarán con el tiempo.

La historia y los precedentes así lo apuntan.

Por un lado, la Enmienda Hyde es una matización y debe de ser introducida y adjuntada cada año en el anteproyecto de asignación anual de los Departamentos de Trabajo/ Salud Pública y Servicios Sociales. Bajo sus términos, la modificación se aplica (i)exclusivamente(/i) a esos fondos.

En lugar de seguir el canal normal de financiación de los centros comunitarios (CHC) a través de los presupuestos de los departamentos de Trabajo y Salud y Servicios Sociales, la reforma sanitaria se salta olímpicamente los obstáculos de la Enmienda Hyde a través de la asignación directa de miles de millones de dólares a un nuevo fondo de centros comunitarios.

Dado que la ley "parche" de la administración Obama no incluía la fórmula de prohibición de la financiación pública del aborto propuesta por el Representante Bart Stupak, esos miles de millones de dólares asignados a los centros comunitarios simplemente no están sujetos a la Enmienda Hyde.

Bien, la orden ejecutiva presidencial simula abordar esta laguna ampliando la Enmienda Hyde a estos fondos también. El problema radica en que, con independencia de las intenciones públicas de Obama, en realidad él no puede hacer esto sin una ley del Congreso.

Como escribe Dorinda Bordlee, jurista del Fondo de Defensa Bioética: "Si un presidente pudiera hacer eso, no habría ninguna necesidad de reunir una mayoría de legisladores del Congreso para aprobar la Enmienda Hyde cada año con el fin de impedir la financiación pública del aborto utilizando fondos de Medicaid destinados a la atención pública de las rentas modestas. En lugar de eso, podríamos solicitar simplemente a cada presidente que extendiera una orden presidencial diciendo que las agencias de la administración no pueden utilizar fondos de Medicaid para pagar abortos. El Congreso controla los gastos, no el presidente. Eso es de cultura general administrativa".

Es revelador que el mayor practicante de abortos del país - Planned Parenthood - declare "victoria" porque "hemos sido capaces de sacar la prohibición Stupak de financiación del aborto de la legislación final y el Presidente Obama no incluye la fórmula de Stupak en su orden ejecutiva".

Varios partidarios de la ley han argumentado que este debate es irrelevante porque no se están practicando abortos en los centros comunitarios. Aunque formalmente esto es cierto, no significa que a los centros no les guste ofrecer el aborto entre sus servicios de salud reproductiva.

Bajo la nueva ley, lo pueden hacer. No hay nada que se lo impida.

Este es el motivo. Por ley, los centros comunitarios de salud están obligados a proporcionar "todos los servicios de atención primaria exigidos", lo que por definición incluye "servicios de salud relacionados con... ginecología y obstetricia que son prestados por médicos".

Basándose en el precedente federal, una ley que requiera la prestación de "servicios de salud" debe ser interpretada incluyendo el aborto a menos que se excluya explícitamente. Voila.

Usted puede creer que las mujeres pobres deben tener un acceso asequible al aborto. Es una postura razonable y es probable que sea uno de los resultados de esta ley. Pero esto no es lo que los estadounidenses han sido inducidos a creer como cierto, ni tampoco es lo que quiere la mayoría. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac realizada en el año 2009 revela que el 72% de los estadounidenses se oponen a la financiación pública del aborto.

Predicción: El aborto (i)será(/i) practicado en los centros de salud, y puede apostarse su hipoteca embargada por impago. Ésta siempre fue la voluntad de esta administración, y ahora tiene una vía de hacerlo.

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En una reciente columna escribí que Margaret Chase Smith fue la primera mujer en salir elegida al Senado estadounidense. Ella fue la primera elegida en ambas cámaras. La primera mujer elegida al Senado fue Hattie Caraway, de Arkansas.