WASHINGTON - Cuando los historiadores narren los acontecimientos trascendentales de las últimas semanas, acusarán una curiosa coincidencia. El 15 de marzo, Moody's Investors Service - la agencia de calificación de riesgos de la deuda pública - publicaba un documento advirtiendo de que la ampliación violenta de la deuda pública estadounidense podría causar la rebaja de la calificación de los títulos de la deuda. Apenas seis días más tarde, la Cámara de Representantes aprobaba la legislación sanitaria del Presidente Obama que costará alrededor de 900.000 millones de dólares a una década y agravará unas perspectivas presupuestarias ya de por sí lúgubres.

Si los Estados Unidos sufren algún día una crisis presupuestaria, será difícil no concluir que Obama y sus aliados esparcieron los polvos, porque ignoraron advertencias claramente visibles. Una ironía adicional no escapará a los historiadores. Durante dos años, Obama y los congresistas han achacado airadamente la culpa de provocar la reciente crisis financiera a la estrechez de miras y al egoísmo de los banqueros y las agencias de calificación. El presidente y sus partidarios, observarán los historiadores, fueron igualmente miopes y egoístas -- aunque su objetivo fue la gloria política, no el lucro.

Seamos claros. Una "crisis presupuestaria" no es un ejercicio de contabilidad menor. Se trata de un trauma político, social y económico desgarrador. Los grandes déficit y la creciente deuda - suma de los déficit anteriores - ahuyentan a los inversores, lo que conduce a tipos de interés más elevados en los préstamos al gobierno. Los tipos más elevados amplían el déficit presupuestario y agravan la inquietud de los inversores. Para invertir este ciclo desastroso, el gobierno tiene que recortar el gasto acusadamente o subir los impuestos considerablemente. Un menor gasto público y unos impuestos más altos deprimen a su vez la actividad económica y conducen a una tasa de paro más elevada. No tiene buena pinta.

Grecia está experimentando una crisis así. Hasta hace poco, la opinión generalizada sostenía que sólo los países en desarrollo - torpemente administrados - eran candidatos a sufrir verdaderas crisis presupuestarias. Ya no. La mayoría de las sociedades acomodadas con poblaciones que envejecen, incluyendo Estados Unidos, se enfrentan a enormes diferencias entre sus promesas de gasto y sus bases imponibles. Nadie en el Congreso es ajeno a esto.

Dos semanas antes de la votación de la Cámara, la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) publicaba su estimación de los presupuestos de Obama, incluyendo su programa de reforma de la sanidad. Del ejercicio 2011 al 2020, el déficit acumulado es de casi 10 billones de dólares. Sumando el de los ejercicios 2009 y 2010, el total asciende a 12,7 billones de dólares. En el ejercicio 2020, el déficit anual previsto es de 1,25 billones de dólares, equivalente al 5,6 por ciento de la economía (producto interior bruto). Eso presupone la recuperación económica, con una tasa de paro del 5%. El gasto supera a la recaudación casi un 30%. La deuda total de lo público asciende del 40% del PIB en 2008 al 90 por ciento en 2020, cerca de su máximo post-Segunda Guerra Mundial.

Frente a las críticas, los partidarios de Obama defienden dos tesis. En primer lugar, la Oficina Presupuestaria dice que el plan reduce el déficit en 138.000 millones de dólares a lo largo de una década. En segundo, la legislación contiene medidas (un panel para reducir el gasto de Medicare, el acento en la "eficacia comparativa de los tratamientos") encaminadas a controlar el gasto sanitario. Estas réplicas son interesadas y nada convincentes.

Supongamos que las estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso resultan ser correctas. ¿Y? El ahorro de 138.000 millones de dólares ronda el 1% del déficit de 12,7 billones de dólares proyectado entre los ejercicios 2009 a 2020. Si la administración dispone de un margen de alrededor de un billón de dólares en subidas tributarias y recortes del gasto público a lo largo de una década, todos estos recursos deberían extinguir primero el déficit existente - no financiar gastos nuevos. El comportamiento de Obama recuerda al de la familia que con el agua al cuello se marcha a dar la vuelta al mundo porque afirma haber descubierto formas de costearla. Es autoindulgente y temerario.

Pero las estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso están viciadas porque por ley está obligada a recoger numerosos trucos contables y supuestos irreales. Las prestaciones se implantan de forma paulatina de manera que "los primeros diez años de recaudación (más elevada) se utilicen para financiar sólo seis años de (subidas del) gasto", escribía en The New York Times Douglas Holtz-Eakin, ex-director de la Oficina Presupuestaria. Holtz-Eakin también destacaba los 70.000 millones de dólares de primas destinadas a un nuevo programa de atención a la dependencia que reducirá el déficit actual pero que materializará las prestaciones tiempo después de ser tributadas. Luego está el "doc fix" - compensaciones más elevadas a los profesionales que ejercen dentro de Medicare incluidas dentro de una legislación independiente que costará alrededor de 200.000 millones de dólares a lo largo de una década.

Las propuestas de controlar el gasto sanitario se enfrentan a condiciones que garantizan virtualmente su fracaso. Considere la "Junta Asesora de Remuneración Independiente", dirigida a Medicare. "La Junta tendrá prohibida la presentación de propuestas que racionen la atención, eleven la recaudación o alteren las prestaciones, las condiciones de afiliación o el coste para el asegurado de Medicare", reza el resumen realizado por la Henry J. Kaiser Family Foundation. ¿Qué opción queda? Del mismo modo, los resultados de la "eficacia comparativa" - pensados para identificar los tratamientos menos eficaces - "pueden no interpretarse como mandatos, directrices o recomendaciones de pago, cobertura o tratamiento". ¿Qué sentido tiene entonces?

De manera que Obama está coqueteando con una futura crisis presupuestaria. Moody's hace hincapié en dos señales de advertencia: el aumento de la deuda y la pérdida de confianza en que el gobierno la afronte. Obama cumple ambas cosas. Los paralelismos con la reciente crisis financiera son llamativos. Banqueros y agencias de calificación se dedicaron a construir fantasías para racionalizar sus intereses. Obama hace lo propio. Nadie puede decir cuándo o si se presentará una crisis o no. No hay un indicio mágico. Pero Obama está agravando los riesgos.