WASHINGTON - El fiscal general de Virginia Ken Cuccinelli parece decidido a utilizar un ataque a la reforma sanitaria para devolvernos a la década de los años 30 en el XIX.

Cuccinelli, para aplauso de los activistas fiscales, acudía a los tribunales esta semana para revocar la nueva ley, de la que dice incurre en conflicto de competencias con un código de Virginia que "ampara sus ciudadanos de un mandato del gobierno central que obligue a contratar un seguro".

"Normalmente este tipo de conflictos se deciden a favor del gobierno central", decía, "pero dado que pensamos que el código federal es inconstitucional, el de Virginia debe prevalecer".

La decisión del fiscal general Republicano revela lo lejos que los nuevos defensores de las leyes estatales de América quieren remontarse al pasado de la nación. No sólo quieren abandonar un consenso de más de siete décadas en que la cláusula de comercio interestatal contenida en la Constitución ha permitido al gobierno federal la regulación de una economía nacional moderna. También quieren resucitar la doctrina de los derechos de los estados desacreditada por el Presidente Andrew Jackson durante la crisis de las competencias estatales de la década de los años 30 del siglo XIX que enterró la Guerra Civil.

Hay dos problemas aquí. Uno es si el gobierno federal puede obligar a la población a contratar un seguro de salud o no. El otro es el derecho de los estados en cuestión. En una demanda paralela a la de Cuccinelli, un total de 13 fiscales federales estatales - 12 Republicanos y un Demócrata conservador de Louisiana - también dudan de la legitimidad del mandato. Pero su principal argumento es que el gobierno federal no puede obligar a los estados a pagar una ampliación del programa Medicaid y adoptar el resto de medidas a las que obliga la ley.

Haría falta un tribunal temerariamente purista para declarar inconstitucional el mandato individual dado que está estructurado como tributo. Nadie va a ir a la cárcel por no contratar un seguro. A partir del año 2014, aquellos que se nieguen tendrán que abonar una multa al gobierno federal, impuesta a través de la agencia tributaria. Hay subsidios para aquellos que no pueden pagar la cobertura por su cuenta, así como deducciones fiscales en caso de dificultades económicas.

La idea es simple: la mayoría de las personas sin seguro reciben actualmente alguna ayuda médica, y el mandato está diseñado para obligar a todos a contribuir al sistema. Una de las mejores defensas del mandato de contratación de un seguro de salud aparecía en una columna del Wall Street Journal publicada en abril de 2006.

"Por ley, la atención en las urgencias no puede negarse", escribía este columnista. "¿Por qué pagar por algo que puede conseguir gratis? Por supuesto, mientras que a ellos puede salirle gratis, el resto tiene que hacerse cargo de la factura, ya sea en forma de primas de seguro más caras o impuestos".

Concluyó: "Algunos de mis amigos libertarios se resisten a lo que parece un mandato individual. Pero recuerde, alguien tiene que pagar por la atención que, por ley, debe prestarse: o el particular paga, o el contribuyente paga. Costearse algo a las costillas del gobierno no es libertario".

Ese era Mitt Romney. El ex gobernador de Massachussets trata ahora de insistir en que el plan de salud con un mandato que defendía en su estado -- con el apoyo de un legislador llamado Scott Brown - es tremendamente diferente de la ley que aprobaba esta semana el Presidente Obama. Pero Romney no puede retractarse de lo que dijo.

Aún así, por lo menos, la disputa por el mandato es algo relativamente nuevo. El argumento de los antiguos derechos de los estados, si sale adelante, podría refutar años de legislación federal. ¿Vamos a tener un sistema en el que los estados pueden elegir las leyes federales a cumplir? Queremos que nuestros ancianos tengan Medicare, y que nos den dinero para infraestructuras, pero de la ampliación de la sanidad olvídese.

Suena a la lógica de los defensores de los derechos estatales frente al gobierno central en la década de 1830, cuando combatían un arancel federal que consideraban demasiado elevado. El Gobernador de Carolina del Sur Robert Y. Hayne, su líder, recuerda bastante a los detractores de la política fiscal en la actualidad. Su estado, declaró en 1832, estaba "inflexiblemente decidido a no renunciar a sus derechos especificados en la Constitución, a no sufrir el trauma constitucional de ser convertido en un instrumento para la opresión de su ciudadanía".

La respuesta de Andrew Jackson a los partidarios es clásica. Denunció "la extraña postura consistente en que cualquier estado no sólo puede declarar sin validez una ley del Congreso, sino además prohibir su implantación". También se preguntaba "cómo puede conservar su lugar en la Unión un estado y además no estar obligado por ninguna ley más que aquellas que elige considerar constitucionales".

Vale, por lo menos en la actualidad los fiscales generales acuden a la justicia antes de tomar medidas adicionales. Pero en el caso de Cuccinelli, el mismo código que utiliza para justificar su demanda fue aprobado por la Legislatura de Virginia en desafío frontal a la ley federal que sabían iba a llegar. Puede considerarlo la versión ligera del enfrentamiento de la Guerra Civil. No es forma de dirigir un país serio, y es un enfoque irresponsable en política.