Viernes 19 de marzo. San José. Día del padre, porque, mal que pese a las miembras y miembros del feminismo socialista radical, los papás también existen. El Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero aprueba, pese a la histórica sentencia dictada días antes por un Juzgado de Barcelona que declara el P2P legal, el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Sin modificar lo más mínimo su disposición final primera, conocida como “ley de la patada en el router”, que establecerá el ya famoso SS, organismo censurador de la libertad de expresión en Internet y cambiará la jurisdicción que debe conocer del la red por el contencioso-administrativo: el Estado será el abogado defensor de entidades privadas como la SGAE en su desigual batalla contra el simple usuario. Robará a los pobres –y a las clases medias- para dárselo a los ricos. Típico ZP. Socialismo en estado puro.

Por supuesto, continuará la criminalización del ciudadano-pirata-ladrón que utiliza internet. Miguel Bosé, niño bien donde los haya, seguirá queriendo perseguir a los manteros. Es necesario seguir engrosando la pensión de Teddy y sus alegres muchachos de la ceja.

La red, toda, se rebeló ayer un poquito y un ratito, unas horitas, contra este pisoteo medieval de derechos fundamentales. El liberticidio aún tiene que ser aprobado en Congreso y Senado. Lo será. La cuestión es ver si con la complicidad, témome que así será, del partido llamado a sustituir en las tareas del gobierno a ZP.

¿Qué supone esta ley que une en la indignación a la comunidad internauta de izquierda y derecha? Supone, en primer lugar, que los tribunales de lo mercantil o de lo civil dejarán de conocer de los litigios entre la SGAE y los internautas. Tribunales que hasta ahora venían dando la razón a las tesis de los ciudadanos frente a las entidades de gestión privadas, que son esas entidades anti-cultura que pretenden cobrar a un grupo de muchachos por representar obras teatrales escritas hace siglos por los grandes de nuestra literatura o soplarle unos cientos de euros a las parejas que deciden contraer matrimonio. En cuanto entre en vigor la “Ley Sinde” la SGAE ya no deberá ni molestarse en acudir a los tribunales, no teniendo, por tanto, que asumir ni sus propias costas ni temeridad. Será la administración quien persiga al ciudadano. A tal efecto se creará una Sección Segunda o SS compuesta por amiguetes del poder político, cuyos miembros decidirán qué páginas incumplen con los derechos de autor. Una verdadera aberración.

Los juzgados quedarán (aún más) al servicio del poder político, que será quien decida qué páginas pueden existir y cuáles no. Es lo que se llamaba en tiempos de Francisco Franco censura. El juez predeterminado por la ley será algo así como un recuerdo. Y si algún internauta quiere defender su libertad de expresión deberá acudir a la Audiencia Nacional. Por cierto, que ya nos explicarán cómo accederán a los datos de los internautas estos comisarios políticos sin necesidad de autorización judicial. Aunque nos lo podemos imaginar. Al fin y al cabo la ley es cosa del mismo partido de aquél que decreto la muerte, por asesinato premeditado, de Montesquieu.

Es casi lo mismo que acaba de aprobar la Asamblea nacional venezolana, después de que Hugo Chávez afirmara que eso de que internet fuera algo libre no podía ser. La única diferencia es que la SS del gorila la integrarán directamente un grupo de diputados.

Así pues, Hugo Chávez y ZP, ZP y Hugo Chávez se han puesto en marcha hacia el objetivo final. Liquidar la libertad de expresión. Y los borregos, mientras tanto, balando. Eso sí, la red en pie de guerra. Tanto la Asociación de Internautas como Libertad 2.0 anuncian movilizaciones. Les mantendré informados.