CARTAGENA, Colombia - Es hora de que Estados Unidos ratifique el acuerdo de libre comercio con Colombia.

Debe de hacerlo para beneficio del empleo en Estados Unidos y como recompensa al notable progreso en materia de derechos humanos y democracia que ha realizado Colombia. Este país sudamericano lleva casi 40 años librando nuestra guerra contra la droga y pagando un elevado precio en vidas humanas. Pero no podemos ratificar un simple tratado de libre comercio cuatro años después de que fuera negociado.

Los colombianos tienen toda razón en empezar a desesperarse. "Es hora de decir si vamos a sacar adelante este acuerdo o no", decía la semana pasada Luís Guillermo Plata, ministro de industria y comercio, después de que el embajador Ron Kirk, representante especial de Comercio, rehusara dar detalles en testimonio ante el Congreso de qué más quería Estados Unidos de Colombia para que la administración Obama someta el tratado a ratificación.

Podría pensarse que Washington habría aprendido del enorme resentimiento al que dio lugar en Afganistán tras apoyar la lucha de ese país contra los soviéticos y después marcharse faltando a sus compromisos.

El acuerdo con Colombia puede ser aún más frustrante, porque revierte de manera obvia en interés de América. Aspirando a generar confianza entre los inversores, Colombia pretende hacer permanente el importante acceso a la exportación a Estados Unidos del que ha disfrutado durante 20 años bajo los privilegios comerciales temporales de la guerra contra la droga. Los exportadores estadounidenses son los que obtienen la mayor rentabilidad de lo que aporta el tratado -- acceso preferente a los mercados colombianos para competir mejor, por ejemplo, con los exportadores argentinos de grano y con los fabricantes chinos.

El Presidente Obama ha hecho un llamamiento a impulsar las exportaciones estadounidenses para recuperar los puestos de trabajo destruidos. Pero el acuerdo con Colombia -- al igual que los tratados parecidos pendientes de aprobación con Corea del sur y Panamá, y la resolución del conflicto del transporte pesado con México -- está siendo obstaculizado por la desacertada oposición de los sindicatos y sus valedores Demócratas en el Congreso. Obama aguarda al momento oportuno para superarlos políticamente. Después de algún avance durante la administración de George W. Bush, la espera ha durado demasiado.

Quienes se oponen al acuerdo con Colombia citan violaciones de los derechos humanos, y concretamente el asesinato de sindicalistas, como motivo para bloquear la ratificación del tratado. Grupos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se han unido a los sindicatos norteamericanos y colombianos a pesar de que el acuerdo comercial no tiene nada que ver con los derechos humanos.

En la práctica, al restringir el crecimiento económico de Colombia, los críticos del tratado está perjudicando a los colombianos pobres y de clase obrera en un momento en que millones de personas se han visto desplazadas por la violencia y el nivel de paro es el más elevado de Latinoamérica. Los colectivos de derechos humanos también están privando al gobierno de los ingresos que necesita para proporcionar servicios y seguridad, el principal de los derechos humanos.

Ese es un error bastante garrafal ya, pero aún peor es que sus acusaciones a tenor de la situación sindical en Colombia sean simplemente erróneas. No hay ningún asesinato sistemático de sindicalistas ni de líderes sindicales, y no hay ninguna persecución organizada ni autorizada de ellos, ni por parte del gobierno ni por parte de nadie.

Algunos miembros de sindicatos son asesinados - 28 el año pasado según el gobierno, en contraste con los 205 de 2001 - pero como demuestra el estudio imparcial realizado por dos académicos de la Universidad de Los Andes de Bogotá, Daniel Mejía y María José Uribe, la tasa de homicidios registrados entre los colombianos en general en 2008 fue del orden de seis veces la de los integrantes de sindicatos. Utilizando las cifras de los propios sindicatos, la incidencia del homicidio entre los sindicalistas fue de 6 por cada 100.000 afiliados, la cifra total de homicidios en Estados Unidos más o menos.

Esto suena increíble, pero no lo es: los sindicalistas en Colombia son miembros de la clase media y no viven ni trabajan en las zonas rurales peligrosas ni las zonas deprimidas en donde opera la mayor parte de la violencia relacionada con las mafias del narcotráfico o las guerrillas. Y hasta la violencia está descendiendo.

El número de actos políticos violentos en los que participaron los sindicatos fue elevado en la década de los 90, pero como demuestran Mejía y Uribe, entre 2000 y 2008 no existe relación entre los niveles de actividad sindical - desde los convenios colectivos a las manifestaciones - y la incidencia del homicidio entre los sindicalistas. Esto concuerda con los resultados obtenidos por las unidades de las fuerzas del orden y los tribunales de las 334 sentencias de condena dictadas desde el 2000 cuyo móvil normalmente tiene que ver con el robo o la enajenación mental.

El verdadero problema aquí es ideológico. A los sindicatos no les gusta el libre comercio.

Al aceptar la resolución judicial que no le permite postularse a un tercer mandato en mayo, el popular presidente de Colombia Álvaro Uribe hizo una demostración práctica de democracia. Obama y el Congreso estadounidense tienen ahora que sentar su propio ejemplo y reconocer a Colombia como socio comercial preferente.