WASHINGTON - Existe una gran discrepancia en política estadounidense. No es entre Demócratas y Republicanos. Es entre el presidente y el Congreso en Washington por un lado, y los gobernadores y legisladores de todo el país por el otro.

El diario de sesiones de los políticos de Washington se resume en un informe difundido la pasada semana por la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO). Ese árbitro independiente anunciaba que sitúa la deuda nacional acumulada durante la próxima década al alza en torno a los 9,8 billones de dólares.

Esa inimaginable (e indigesta) suma supera en más de un billón de dólares las estimaciones de la administración Obama. Esto vaticina un menor estándar de vida futuro para los estadounidenses a causa de una deuda considerablemente agravada.

Como señalaba en su comentario del informe de la Oficina el Representante de Wisconsin Paul Ryan, coordinador Republicano en el Comité Presupuestario de la Cámara, la cifra anual en concepto de servidumbre de la deuda se proyecta al alza desde los 209.000 millones de dólares este ejercicio hasta los 916.000 millones de dólares hacia el ejercicio 2020.

La mayor parte de esa deuda está hoy en el extranjero en manos de países como China y Japón, de manera que estamos sacando enormes sumas de dinero de nuestras cuentas y entregándolas a otros para que las utilicen comprando nuestra producción -- o compitiendo contra nosotros.

Esa es la historia que se ha escrito y todavía se sigue escribiendo en Washington, con los presupuestos redactados tanto por Demócratas como por Republicanos. Es la saga de la ruina nacional.

La parte estatal de la historia se plasma de la forma más clara en otro informe dado a conocer esta semana, este preparado por el colectivo privado Centro de Prioridades Legislativas y Presupuestarias. Los titulares del colectivo Nicholas Johnson, Catherine Collins, y Ashali Singham resumían sistemáticamente lo que yo había escuchado de manera anecdótica a muchos de los gobernadores cuando se reunieron el mes pasado con motivo de su conferencia anual de invierno.

La Gran Recesión ha castigado muy gravemente las recaudaciones estatales del ejercicio fiscal que finalizó el pasado septiembre en 87.000 millones de dólares -- un descenso del 11% que es el más acusado desde que se calcula el baremo.

En respuesta, lo primero que hicieron los gobiernos estatales fue recortar el gasto. Los números rojos en las arcas públicas se redujeron un 4% durante el ejercicio fiscal 2009 y un 4,8% adicional en el ejercicio 2010- al mismo tiempo que la afiliación a Medicaid aumentaba y otros gastos públicos vinculados a la recesión se disparaban.

Sin embargo, gobernadores y legisladores no se dieron por satisfechos. Dos tercios de los estados, 33 de los 50, también subieron los impuestos el año pasado sumando más de 30.000 millones de dólares a las arcas públicas.

Diez estados subieron los impuestos lo suficiente para incrementar la recaudación más de cinco puntos por encima de la recaudación del ejercicio fiscal anterior. Esto sucedió en California, Florida, Indiana y Nevada, que tienen gobernadores Republicanos, así como en Delaware, Massachussets, New Hampshire, Nueva York, Carolina del Norte y Oregón, todos gobernados por Demócratas.

Mientras el gobierno federal estaba concediendo ventajas fiscales y ahora se prepara para ampliar muchas de las bajadas tributarias de la era Bush, 13 estados subían el impuesto sobre las personas físicas, 17 aprobaban impuestos sobre el patrimonio y diversas subidas fiscales corporativas y 22 subían las licencias de comercialización del tabaco, las bebidas alcohólicas o los combustibles.

California, que sufre problemas presupuestarios crónicos, una Legislatura bajo control Demócrata y un gobernador Republicano, hizo de tripas corazón y subía los tipos fiscales a todas las rentas y su impuesto de actividades un 1%, y también subía su impuesto de transportes.

Todos los estados menos Vermont están constitucionalmente obligados a equilibrar sus presupuestos. Pero durante el encuentro de los gobernadores me volvieron a recordar lo diferentes que son las mentalidades de las capitales de los estados con respecto a la de Washington.

Los gobernadores habitan en el mundo real, donde los presupuestos se traducen en algo más que una fórmula para desplazar las obligaciones a la próxima generación y donde hay mucho menos espacio de maniobra para los duelos partidistas.

Una vez más en lo que va de ejercicio, el Congreso ha aprobado una ley de disciplina fiscal que lo obliga a realizar recortes siempre que eleve las partidas presupuestarias por algún motivo válido. Luego se desdijo y empezó a saltarse la obligación en cuanto las cosas se pusieron feas.

La disciplina es visible en los estados. Todavía es una desconocida para Washington.