WASHINGTON - En una ciudad en la que la fórmula "iniciativa bipartidista" se está convirtiendo en un oxímoron, la urgencia de contener el daño que el Tribunal Supremo puede causar a nuestro sistema electoral engendra una infrecuente oportunidad para la convergencia entre intereses y principios.

La cuestión es la sentencia asombrosamente ingenua de la sala resuelta en enero que permite el gasto corporativo ilimitado para influir en las elecciones. Su resolución por mayoría simple en el caso de Citizens United fue un impactante ejemplo de extralimitación judicial y refleja la absoluta indiferencia hacia la forma en que realmente funciona la política.

Demócratas e izquierdistas ya se están movilizando contra la sentencia porque temen el impacto de la actividad corporativa sin cortapisas sobre las elecciones y las legislaciones. Pero conservadores y Republicanos también deberían estar alarmados por la posibilidad de que esta sentencia anime a los políticos a extorsionar a las empresas en concepto de gastos de campaña. ¿Es realmente tan difícil imaginarse a un secretario del Congreso contactando con un ejecutivo de alguna empresa e insinuando que a menos que su empresa invierta fuertemente en determinados comicios electorales, tal o cual regulación o programa de gasto podría alterarse en contra de su empresa?

Es por eso que ambos partidos deberían unirse para aprobar el anteproyecto que el Senador Charles E. Schumer, D-N.Y., y el Congresista Chris Van Hollen, D-Md., esperan presentar esta semana poniendo algunas reglas electorales nuevas a todo el nuevo casino que ha abierto la sala de Roberts. La propuesta se espera que logre el apoyo Republicano. Y debería.

La medida no trata de anular el fallo del tribunal. En su lugar pone límites a esta sentencia rompedora y podría hacer que los ejecutivos se lo pensaran mejor antes de abrir las arcas de sus expresas. Asimismo, limitaría la capacidad de los políticos de elaborar ofertas interesantes con las empresas, ayudando así a evitar la extorsión y las demás formas de corrupción.

Sus disposiciones obligarán a presentar relaciones completas y con plazos del gasto político corporativo, y dificultan dentro de lo posible que las empresas oculten esfuerzos por influenciar elecciones inyectando dinero a través de colectivos fachada. Las empresas tendrían que divulgar el gasto político entre sus accionistas y darlo a conocer a través de enlaces en sus páginas web y sus informes anuales.

Los políticos tienen ahora que informar a su audiencia como parte de su publicidad que aprueban los mensajes en cuestión, y la medida Schumer-Van Hollen impondría la misma responsabilidad a las empresas. Si se utiliza un colectivo, el principal respaldo financiero debe aparecer en los anuncios, y los cinco donantes principales del anuncio también deben aparecer identificados. Si una empresa trata de influenciar las elecciones, los votantes deben saberlo.

Algunas empresas tendrían expresamente prohibido realizar gastos políticos: las corporaciones nacionales bajo control extranjero, las empresas adjudicatarias de contratos públicos, o las receptoras de dinero público a través de programas de rescate. Piense en esto: si una empresa está recibiendo dinero público, ¿por qué debe poder darle otro uso y destinar ese dinero a fines electorales?

La firme prohibición de la coordinación entre candidatos o partidos y entidades corporativas en sus actividades políticas es esencial a la hora de limitar la capacidad de los funcionarios públicos de presionar a las empresas -- y evitar que los partidos se conviertan en simples apéndices de los intereses corporativos.

Y para dar a los candidatos la oportunidad de combatir los ataques de las empresas, el anteproyecto refuerza la obligación de que cadenas de cable, radio o satélite ofrezcan a candidatos y partidos el mínimo por sus anuncios y les faciliten el acceso a la emisión. Líderes Republicanos como los Senadores Mitch McConnell o Jon Kyl se han mostrado favorables a esta idea en el pasado.

La opinión generalizada es que este proyecto de ley está destinado a quedar atascado en el pantano de partidismo de Washington porque los Republicanos celebrarán la llegada del gasto corporativo que refuerza su postura política.

No está claro que el Partido Republicano vaya a querer proclamarse el partido de la empresa privada oponiéndose a un proyecto de esta índole. Muchos Republicanos, sobre todo el Senador John McCain, han ocupado la vanguardia de los intentos de sanear el sistema de donaciones de campaña en el pasado.

Y (BEG ITAL)está(END ITAL) claro que los Republicanos de a pie saben lo radical y absurda que es esta sentencia del Supremo. Una encuesta Washington Post-ABC News realizada el mes pasado concluye que el 76% de los Republicanos es contrario a la sentencia, junto al 81% de los independientes y el 85% de los Demócratas.

Una coalición bipartidista de ese tipo es rara en política en estos días. El Congreso debería estar dispuesto a coger el testigo de una opinión pública mucho más realista con la política que la mayoría de magistrados del Tribunal Supremo.