España honró esta semana, tras dejarlos cuarenta años relegados en el olvido, a unas cien familias que fueron víctimas de atentados por parte del Frente Polisario, grupo separatista que pretende disputar a Marruecos sus provincias sureñas, aunque no logre convencer de la viabilidad de su proyecto separatista a la comunidad internacional.

El acto se realizó en la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, donde representantes del Ministerio del Interior entregaron las condecoraciones, encomiendas y grandes cruces a los afectados por diferentes actos terroristas.

Estas víctimas españolas sufrieron cuarenta años "en el olvido y abandonados a su suerte", según denunció la presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), Lucía Jiménez. Según la presidenta, todavía falta que las mismas autoridades canarias hagan un gesto similar.

Durante décadas, las autoridades españolas intentaron eludir la responsabilidad que estas víctimas representaban, con notoria falta de lealtad y nobleza. Basta hacer un poco de memoria.

El 24 de Septiembre de 1985 el presidente del gobierno español Felipe Gonzalez partía rumbo a México y New York, cuando fue abordado por la prensa española con respecto a uno de esos graves incidentes. “Espero que la liberación de los pescadores se produzca hoy o mañana, pero hasta que no se resuelva el problema humano no voy a hacer ningún tipo de manifestación de otra naturaleza”, señalaba en alusión al ataque sufrido por el pesquero “Junquito”, cobardemente agredido por el Frente Polisario en aguas marroquíes, pocos días antes. Guillermo Batista Figueroa, de 63 años, casado y con tres hijos, era contramaestre de El junquito, y fue la mortal víctima del ametrallamiento. La embarcación pacífica quedó varada en el lugar del suceso, y en su casco se apreciaban cuatro orificios por encima de la línea de flotación. Estos Impactos habían sido originados desde tierra, "de forma instantánea", por una ametralladora de 12,7 milímetros y por unas granadas anticarro.

Los seis tripulantes sobrevivientes de la embarcación fueron secuestrados, y una profunda consternación embargó los espíritus de los españoles que seguían los hechos por la prensa.

Pero la sed de sangre del Polisario todavía no se había aplacado con la de Batista.

El 21 de septiembre de 1985 mientras buscaba al pesquero "Junquito", el patrullero español Tagomago P22 recibió 48 impactos de entre 12,7 y 106 mm desde costa, lamentando la pérdida del Cabo Segundo José Manuel Castro Rodríguez. Las bajas hubieran sido más numerosas, de no ser por la notable labor del Alférez Médico D. Antonio José Acosta Martínez, quien salvó la vida de varios heridos. La nave, que transportaba 28 hombres, debió alejarse del lugar.

Ambos navíos españoles, el Junquito y el Tagomago, fueron atacados a 1,5 millas de la costa sahariana, en una zona marítima cercana a la frontera entre el antiguo Sáhara español y Mauritania, donde existìa la ventana de seguridad (zona de guerra) más alejada al sur del territorio del Sáhara occidental administrado por Marruecos.

El Frente Polisario jamás negó los ataques, e incluso llamó a la redacción del diario El País de España para reivindicarlos. Era el agradecimiento que recibía Madrid pocos meses después de haber votado, en las Naciones Unidas, una resolución favorable al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Como derivación de los graves hechos Ahmed Bujari, representante del Frente Polisario para Europa, fue detenido el 2 de Octubre de 1985 por la policía española y luego conducido al aeropuerto de Madrid-Barajas, desde donde fue expulsado de España.

Pero los incidentes del Junquito y el Tagomago distan mucho de haber sido los únicos.

El 29 de noviembre de 1978, activistas saharauis asaltaron el Cruz del Mar y asesinaron a siete de sus 10 tripulantes. Los otros tres lograron salvar la vida arrojándose al mar. El 3 de noviembre de 1980, el pesquero grancanario Mencey de Abona desapareció a escasas millas de las costas del Sahara. Un mes más tarde el cadáver de Domingo Quintana, uno de los 17 tripulantes del barco, apareció flotando en el mar, atado de pies y manos y con signos evidentes de haber sido brutalmente golpeado y estrangulado antes de ser arrojado por la borda. Los cuerpos de sus 16 compañeros jamás fueron recuperados.

El 10 de enero de 1976 dos potentes bombas colocadas por los saharauis hicieron explosión junto a la cinta transportadora de fosfatos al paso de un convoy civil que se dirigía a El Aaiún. El conductor de uno de los vehículos, Raimundo Peñalver, falleció en el acto, y otros tres trabajadores españoles -entre ellos Francisco Jiménez, el padre de Lucía- resultaron gravemente heridos.

La explosión dejó ciego y sordo a Francisco, que falleció en 2006, un año antes de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reconociera, demasiado tarde, su condición de víctima del terrorismo. Numerosos españoles asesinados, heridos o secuestrados por el Frente Polisario, pese a haber ganado demandas judiciales, aún aguardan reparación moral e indemnización económica.

Aunque por estas fechas se cumplieron ya casi tres décadas desde los incidentes del Junquito y el Tagomago, el Frente Polisario, con la ayuda económica de Argelia (que pretende una salida al Atlántico), sigue amenazando con violencia e insistiendo en crear un Estado independiente. Sobre el mismo, analistas internacionales ponen de manifiesto que estaría abocado, sin remedio, a convertirse en un Estado fallido que comprometería la estabilidad en toda la región.

Lo peor de todo fue la frágil memoria de España, que relegó al olvido estos desmanes para seguir inspirando y sufragando activistas de ONG que lucran con la “causa” del Sahara Occidental.

Desde la muerte, las víctimas de esta absurda violencia irracional, surgida de un conflicto sin pista de aterrizaje creado por la dictadura argelina, montan guardia y esperan.