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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Terror preventivo: La edad de jubilación

Ángel Morillo (Badajoz)
Redacción
lunes, 15 de febrero de 2010, 13:42 h (CET)
Lo de utilizar el miedo, en algunos casos el terror, es algo inherente a la política y, últimamente, está proliferando demasiado: cuando no es el terrorismo (con esos “avisos” de que se puede dar un secuestro o un atentado que luego no ocurre, pero que consigue desviar la atención de otros problemas), es el paro (que, axiomáticamente casi, no es el que es, pues con una tasa cercana al 20% el conflicto social estaría servido y sería ineludible).

Hace unos días, el Gobierno ha puesto el grito en el cielo con el lanzamiento de su último “terror preventivo”: ¡Peligran las pensiones y hay que alargar la edad de jubilación! Muy fácil entender, sin pasar por Salamanca ni por la Universidad Popular de mi pueblo, que se refiere a las pensiones y a la edad de jubilación de los trabajadores… Las de los ricos y poderosos, las de la casta política, las de los ejecutivos y banqueros y las de los deportistas de élite, entre otras, están garantizadas con sus altos emolumentos: no necesitan ninguna pensión para su retiro, si es que éste se produce, que ocurre rara vez salvo en política y deporte (en el de estos últimos porque no quedan más salidas, y aún así, trabajando poco tiempo, reciben una pensión vitalicia mucho más alta que la media). Y, sí como ocurrió en un tiempo de triste recuerdo para este país, hay que salir corriendo porque la cosa se pone fea, se llevan lo “suficiente” para vivir en el exilio en un chalet a las afueras de Paris, Roma, Londres, Miami, México, Buenos Aires, etc. hasta que se pueda volver o mientras viven.

Mas, un rápido análisis de la situación española, nos lleva a mostrar el total desacuerdo con la política del “¡que viene el coco!” que se nos quiere, en mi opinión, inculcar. Y así, se me ocurre (perdón por la osadía) que en absoluto sea necesario alargar la edad de jubilación si, por el contrario, se trata con objetividad el tema salarial de este país, que -no quisiera ser muy reiterativo porque ya lo he expuesto en otros escritos- está vetusto y somos de entre los peor pagados de la OCDE (los países ricos), con más del 63% de los trabajadores mileuristas (18,3 millones).

Y para ello, el Gobierno, en lugar de anunciarnos su próxima “fobia provisoria”: ¡hay que recortar los salarios!, más pánico anticipado del que hablaremos en otro escrito, debería empezar por valuar que el sueldo mínimo pagado en España (según Eurostat, 728 €) está entre los más bajos de la UE, que, para que se hagan una idea de su extravagancia, dicta bastante del de Luxemburgo (1.642 €), Irlanda (1.462 €), Bélgica (1.387 €), Holanda (1.382 €), Francia (1.321 €) y el Reino Unido (1.010 €), entre otros países. Aunque, por supuesto, estaremos en el llamado acrónimo ingles PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España).

Simple pues deducir que si nuestros salarios fueran cercanos a los de países de nuestra órbita (Francia, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, etc.) como lo son ya nuestros precios –un café vale en París un euro en la mayoría de los bares desde que empezó la crisis, menos que en muchos bares de Extremadura-, la recaudación del Estado, vía seguros sociales (de ahí “sale” la pensión… sólo de los trabajadores, claro), sería más que suficiente para mantener, sin necesidad de alarmismos pavorosos, nuestro sistema de pensiones. Y ello sin contar que un salario “acorde con los tiempos” repercutiría mucho en el consumo, lo que, a su vez (vía IVA y demás impuestos indirectos), aumentaría considerablemente la recaudación estatal y desterraría el fantasma del paro (otro pavor gubernativo), el déficit y la deuda pública, pues, a nadie se le escapa ya que: salario induce a consumo (a los pobres nos gusta mucho comprar), el consumo crea empresas y las empresas dan trabajo y, por tanto, restan paro, además de contribuir con sus impuestos (sociedades, módulos, estimación directa, etc.), aún a pesar de que se regodean en el fraude fiscal, a aligerar las cargas del Estado.

Pero, incuestionablemente, con lo dicho anteriormente, bajaría el consumo de yates de lujo, automóviles de alta gama, jets, chalets de lujo, fincas de caza, etc., y en los puertos de mar se notaría mucho la falta de los barcos de los atracos (¡perdón, perdón!, de los barcos atracados he querido decir). Así, sin duda, el tema salarial es una rémora para el consumo y el progreso de este país, que por ese motivo, entre otros, es uno de los países “desarrollados” donde se dan mayores desigualdades sociales.

Volviendo al tema de la jubilación. Si ni siquiera fuera factible con la “formula” anteriormente expuesta garantizar los ingresos necesarios, el gobierno debería dar ya, sin más pérdida de tiempo, el “revés encima de la mesa” para atajar el misérrimo Salario Mínimo Interprofesional (SMI, ahora en 633 €) y dejarlo en algo más de mil euros si quiere “talar” el Establishment empresarial; la economía sumergida (sobre todo de ciertos profesionales liberales) cercana al 25% del PIB; el fraude del IVA; el exceso de funcionarios (el colectivo que arroja la peor relación salarios-productividad) que es una ruina y sino que se lo pregunten a Extremadura, “Guinness del país” en este menester; las ganancias de los ricos (un 27% más a pesar de ser un año de recesión) y su fraude a la hacienda pública, sin entrar en las famosas SICAVs que es otra trapacería encubierta; todo lo relacionado con la Banca y Cajas de Ahorro (quizás su nacionalización arreglaría muchas cosas) y sus Ejecutivos y los sueldos desmedidos y bonos inexplicables; las prejubilaciones, que en España se están utilizando para ayudar a las empresas que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad, algo que debería prohibirse como ocurre ya en varios países europeos; el elevado número de políticos (76.000, sin contar Asesores y Cargos de libre designación) con sueldos, en muchos casos, por encima de los 15.000/20.000 euros mensuales; etc.; etc. Y, por vergüenza torera, debería acabar con la discriminación ofensiva que supone la jubilación de la prosapia parlamentaria, de los Diputados y Senadores, que con sólo once años en el cargo cobran la máxima pensión y con solamente siete el 80%; y no digamos ya, la jubilación de oro de los Ex Presidentes de las CCAA como es el caso de Extremadura. Además de, como no, intentar acabar con la corrupción política (que perciben ya el 88% de los españoles nada menos) y con las “endorfinas sociales” de los sindicatos y su silencio culpable cuando dan por bueno que hay que congelar sueldos si con ello (¡y un porrón!) se garantiza empleo.

En resumen: el retraso obligatorio de la jubilación penaliza a las clases populares que viven menos años. Las clases menos pudientes, de esta forma, trabajan más años para pagar a las más acomodadas. Pero, en cualquier caso, la sociedad siempre encontrará como conseguir los recursos necesarios para financiar las jubilaciones, y “la consternación protectora” no viene a cuento y es una inopia más del gobierno.

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