Con la última resolución del Comité Federal del PSOE, parece que está asegurada la investidura de Mariano Rajoy, y qué duda cabe, que si la misma se lleva a efecto, es un paso previo positivo que nos sitúa en el comienzo de un sendero, complicado, es cierto, pero sendero al fin y al cabo, que debería proporcionarnos la estabilidad que el país necesita, para entre todos, buscar las mejores soluciones a los muy graves problemas que tenemos planteados.

Lo cierto es que esto, al igual que se hizo en la transición, llegaría a ser posible si lo que primase por encima de todo lo demás en el ánimo de los grupos parlamentarios, fuese el interés general del país, y después los ideológicos, y desde luego, nunca los personales.

Sin embargo, es de temer que no ocurra así por parte de todos los grupos que forman el arco parlamentario.

Sus anteriores dirigentes han situado al Partido Socialista en una difícil encrucijada, de la que únicamente podían salir desistiendo de su bloqueo al partido que por dos veces consecutivas había ganado las elecciones o enfrentándose a una nueva consulta electoral, que previsiblemente, podría hacerles perder el liderazgo de la izquierda, con graves consecuencias, no solo para ellos, sino para toda España.

Finalmente se impuso la sensatez y el sentido de responsabilidad de unos cuantos dirigentes que vieron con claridad que las circunstancias les obligaban a elegir, entre lo que ellos consideran malo y lo peor.

Sin duda ha sido una decisión dolorosa para ellos, pero han demostrado saber que la política hay que hacerla con la inteligencia y no con los sentimientos, y que es preferible perder una batalla para poder seguir teniendo la oportunidad de ganar la guerra.

Si finalmente todo se desarrolla tal y como se prevé, Mariano Rajoy será investido presidente del Gobierno, pero siendo este un paso imprescindible para la gobernabilidad del país, que nadie crea que con el mismo, el camino queda despejado para solucionar los muchos y graves problemas estructurales que planean sobre España.

El PSOE, para intentar recobrar su credibilidad de cara a sus militantes y su electorado, tratará de marcar distancias frente al PP y ejercerá una oposición muy férrea.

No es que esa postura sea inadecuada, incluso es necesaria. Lo desacertado es que esa oposición se pudiera ejercer, no en función de lo que el Gobierno proponga, sino de quien lo proponga.

Con un gobierno en minoría y una oposición movida por tan variopintos intereses encontrados entre sí, pero la mayoría de ellos ajenos a las necesidades reales de la sociedad española, no será esta una legislatura en la que sea fácil consensuar las medidas necesarias para solucionar problemas tan graves y urgentes como el afianzamiento de las pensiones, la política territorial, la educación, la sanidad, el trabajo o la reforma de la administración pública y la Constitución, todas ellas ineludibles para la estabilidad y progreso del país.

De hecho, el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, sin conocer aún su contenido, ha dicho ya que es "muy difícil" que su partido vaya a aprobar los Presupuestos Generales del Estado que presente el Gobierno de Rajoy. Es más: ha lanzado un mensaje que proyecta una gran incertidumbre sobre la durabilidad de la legislatura, al indicarle que la estabilidad, "debe buscársela en otros lugares políticos".

Por su parte, Alberto Garzón, Coordinador federal de Izquierda Unida, ya anunció el pasado lunes al Rey que habrá movilizaciones en señal de protesta contra una investidura de Rajoy, que los convocantes, consideran “ilegítima”, manifestaciones que han sido apoyadas por el Secretario general de Podemos.

Es cierto que un poder ejecutivo en minoría, exige una enorme capacidad de diálogo para negociar y poder gobernar, siempre y cuando, el interlocutor tenga voluntad de negociar y no pida en pago de su apoyo un precio que el Estado, ni debe, ni puede pagar sin transgredir los principios constitucionales.

Pero no es menos cierto que la búsqueda de los acuerdos para lograr la estabilidad del país, es obligación de todas las formaciones representadas en las Cortes.

Hace años que en España la política se hace con minúsculas, únicamente con objetivos electoralistas y anteponiendo la imagen a las auténticas necesidades de la sociedad, de tal modo que la han convertido en una grotesca mascarada, en la que lo que se presenta muchas veces bajo las banderas de la democracia y la libertad, no es más que mera banalización y frivolidad.

No alcanzaremos nunca la solución de los problemas que nos aquejan, mientras los partidos, que son a los que nuestra Constitución otorga el máximo protagonismo de la acción política, solo actúen en función de sus propios intereses y no como canalizadores de las necesidades de los españoles.

Decía George Bernard Shaw, que no nos hacemos sabios por el recuerdo de nuestro pasado, sino por la responsabilidad de nuestro futuro. Es necesario que todos —electores y elegidos— reflexionemos sobre las consecuencias de nuestras acciones y sus consecuencias, pero dejemos que la posibilidad que representa un nuevo Gobierno, le inspiren y no se deje desalentar por los obstáculos que le esperan.