WASHINGTON - El sobrio y largo discurso del estado de la nación que pronunció el Presidente Obama la semana pasada estuvo marcado por un momento extraordinario. Se produjo cuando el presidente dirigió la mirada a los seis miembros del Tribunal Supremo sentados justo enfrente y criticó su reciente sentencia no unánime que según él "abrirá la puerta a que los grupos de interés, incluidas las empresas extranjeras, gasten sin límite en nuestras elecciones".

Mientras que los Demócratas se levantaron para aplaudir su llamamiento al Congreso a aprobar alguna legislación que reduzca el impacto de la sentencia, las cámaras de televisión recogieron el momento en que el magistrado Samuel Alito, uno de los dos nombramientos de George W. Bush que hicieron posible la revisión de los precedentes, pronunciaba al parecer las palabras: "No es verdad".

Enfrentamientos tan directos entre las ramas del gobierno federal carecen de precedentes casi por completo, y sientan las bases de lo que habría de ser un debate serio.

Al día siguiente, gran parte del debate se centró casi exclusivamente en la cuestión de si Obama estaba en lo cierto al decir que las empresas extranjeras actuarían con impunidad sobre las elecciones norteamericanas gracias a la resolución de los jueces.

La sentencia discrepante a título del magistrado John Paul Stevens matizaba más detenidamente la cuestión. Afirmaba que el razonamiento tras el veredicto de la mayoría, que levanta las restricciones a los anuncios de contenido político y financiación privada "parece ofrecer la misma protección a las empresas multinacionales bajo control de extranjeros que a los particulares estadounidenses".

Pero la sentencia de la mayoría afirma específicamente que no entra en esa cuestión porque no hay ninguna entidad bajo control extranjero implicada en este caso judicial. Los letrados difieren en torno a cómo se decantaría el tribunal caso de llegar a plantearse la cuestión.

Sin embargo, Obama no quiere que el Congreso espere a que la regulación de la financiación de campaña sea desmantelada más por el ala conservadora de la instancia judicial. Los Demócratas están listos para intentar adoptar medidas legislativas encaminadas a reducir el impacto de la sentencia que afirma que la Primera Enmienda invalida todos los esfuerzos pasados por limitar la posibilidad de que empresas nacionales usen sus propios fondos para apoyar u oponerse a un candidato.

De hecho, tan pronto como el Supremo apuntó el año pasado su interés en revisar la constitucionalidad de esa cuestión fundamental, el Senador de Nueva York Chuck Schumer, el Representante de Maryland Chris Van Hollen y los miembros de la oficina judicial de la Casa Blanca de Obama comenzaron a reunirse discretamente para preparar una estrategia con vistas a que el veredicto fuera en su contra - como fue el caso.

Varios senadores y representantes ya han introducido proyectos de ley que - si se declaran constitucionales - mantendrán intacta la actual prohibición de anuncios financiados por empresas bajo control extranjero o extranjeras.

El martes, el Comité Judicial del Senado se reunirá para sondear ideas con el fin de seguir adelante con el objetivo de limitar los derechos recién proclamados de las corporaciones y los sindicatos nacionales a financiar anuncios de campaña de su bolsillo.

Una opción, me decía un asistente de Schumer, podría ser intentar conservar la prohibición en el caso de las empresas que contraten los servicios de lobistas de Washington o reciban rescates del gobierno o subvenciones importantes. Otra idea es exigir que el presidente de una compañía aparezca al final de su anuncio político, al igual que los candidatos tienen que hacer ya.

Otra idea es exigir que los que han pagado el anuncio aparezcan identificados por su nombre o logotipo en sus anuncios. O bien, como algunos sugieren, una ley que exija la aprobación de los accionistas de cualquier mensaje político corporativo.

Con la campaña a las legislativas de 2010 a punto de arrancar en Illinois, que celebra primarias el martes, los Demócratas del Congreso están comprensiblemente impacientes por cerrar el grifo de las empresas todo lo aún posible y tan rápido como puedan.

Van Hollen me decía que su meta es tener un proyecto de ley preparado en las próximas dos semanas y garantizar las audiencias poco después.

No es casualidad que Schumer y Van Hollen, los dos motores principales designados por el liderazgo Demócrata en el Senado y la Cámara, sean también los hombres que jugaron un papel clave en la toma Demócrata de ambas cámaras del Congreso.

Algunos observadores políticos especulan con que las empresas no tendrán ninguna prisa en aprovechar la nueva libertad política que el tribunal les ha dado, frenando en lugar de correr el riesgo de adquirir una notable presencia que pueda costarles clientes.

Pero los Demócratas no quieren correr ese riesgo.

Algunos, como Van Hollen, llegan a pensar que si los Republicanos tratan de bloquear una medida que vuelva a cerrar la puerta a que las empresas extranjeras participen en política estadounidense "podría convertirse en una cuestión pública" en la campaña de otoño.