No es necesario tener un máster en ciencias políticas para reflexionar sobre la realidad de nuestra democracia; es más, todos los ciudadanos tenemos el derecho de juzgar la política y los políticos, ya que sus acciones y sus omisiones repercuten en nuestras vidas. Aunque la Constitución diga que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, pienso que el pueblo cada vez pinta menos en el ámbito político.

También dice la Constitución que el Congreso de los Diputados y el Senado representan al pueblo español, pero en realidad los Diputados y Senadores a quienes representan es a los partidos políticos, cuyas cúpulas dirigentes los incluyeron en unas listas cerradas y bloqueadas. La mayor parte de los españoles desconocemos a los diputados y senadores a quienes votamos. Realmente votamos con ovejuna fidelidad a unos partidos cuyos intereses no sabemos si se identifican con los nuestros, ni cuales son realmente sus programas, ni examinamos si llegaron a cumplirlos ni siquiera en parte, ni el uso que han hecho de nuestra sedicente representación.

Un voto consciente no revalidaría una y otra vez a partidos que, en el poder o en la oposición, no fueron coherentes con los programas que decían defender, no ajustaron su conducta a unos principios éticos que debían exigirse de forma radical, no buscaron el bien común, no administraron con transparencia los fondos que pusimos en sus manos los ciudadanos, no respetaron los valores que forman el entramado básico de la sociedad, sino que pretenden alterarlos en nefandas operaciones de ingeniería social.

Quizás la crisis económica y financiera que padecemos nos haga reflexionar a todos y empecemos a utilizar el sentido común. Podemos darnos cuenta de que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, ni como personas ni como país. Descubriremos que la sobriedad y la honestidad tienen más futuro que el enriquecimiento injusto. Que el mejor seguro social es la familia, a la que hay que proteger en lugar de atacar. Que los intereses particulares, ya sean de personas, entidades o regiones, tienen que subordinarse al bien común. Que el poder político lleva en sí mismo peligrosos gérmenes de corrupción por lo que hay que controlarlo y vigilarlo. Que hace falta un poder judicial independiente que haga justicia con imparcialidad y rapidez.

Por el camino que vamos los ciudadanos cada vez estaremos más marginados. Por eso hay que terminar con los partidos como estructuras de poder en la que medran sus dirigentes, sus clientes, sus familiares y sus paniaguados. También hay que terminar con un sistema autonómico, caro, despilfarrador, caciquil, en el que se enriquecen oligarquías y politicastros.

Necesitamos una educación de calidad, que la sociedad misma debe organizar, para evitar que los gobiernos quieran utilizarla para adoctrinar a las nuevas generaciones. Hay que reivindicar el principio de subsidiariedad, para impedir que el estado omnipotente ocupe el espacio de acción de los ciudadanos.

Tenemos que exigir la libertad religiosa y la neutralidad del Estado y reaccionar contra la imposición desde el Gobierno de las creencias laicistas, la ideología de género, la difusión de políticas antinatalistas, la incitación a una sexualidad precoz y descomprometida.

Aunque es grave la crisis económica que nos azota, más grave me parece que se perpetúen en el poder o en la oposición estos partidos que, a mi parecer, están más preocupados por disfrutar de sueldos y privilegios que por encabezar una regeneración a fondo de esta democracia que recibimos con tanta ilusión pero nos decepciona más cada día.