No hay parto sin dolor ni jubilado sin temor. Y el gran temor de jubilados y por jubilar de este país, no es otro sino José Luis Rodríguez Zapatero (ZP) presidente del gobierno de España. De nada sirvieron regaños ni viajes ni monjas ni las promesas de amor que le hicieron los niños de bien, como dice Rubén Blades hablando de Ligia Elena; a Zapatero le da lo mismo decir ocho que ochenta. Y, por supuesto, donde dije digo, digo Diego. Él sabe más que nadie; acaba de demostrarlo en Davos ¡Qué valor!

En efecto, el pasado día 4 de abril, el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, indicó que el superávit de la Seguridad Social se veía afectado por efecto de la crisis económica; en febrero, las cuentas de la Seguridad Social registraron un superávit de 5.532 millones de euros, un 26,83% menos que el mismo mes del pasado año. Por su parte, el superávit al cierre de 2008 era de 14.428 millones de euros. Por tal motivo, el Gobernador indicó que se hacía necesario introducir reformas en el sistema de pensiones para que fuera sostenible: léase para que se puedan seguir pagando las pensiones. Y en primer lugar y lo más importante para ello es tener unas finanzas públicas saneadas.

Indicó también que sería preciso alargar la edad de jubilación, hasta los 67 y el período de cotización.

Funestas pero valientes afirmaciones las de Fernández Ordóñez que fueron rebatidas con dureza por el Gobierno. El ministro de trabajo, Celestino Corbacho desmintió que las cuentas de la Seguridad Social amenazaran con un déficit. Y que era del todo contrario a alargar la edad de jubilación.

Donde dije digo… ¿Y qué acaba de proponer el Gobierno? Alargar la edad de jubilación a los 67 y el período de cotización para no desequilibrar las cuentas de la Seguridad Social que al decir de Corbacho tienen una salud de hierro. No son más inoperantes porque no se entrenan lo suficiente.

Y así andan los jubilados y por jubilar, con el ¡Hay! en la garganta; unos porque temen por el cobro de su pensión y los que están a punto de jubilarse, porque no podrán hacerlo en la forma esperada.

Pero hay más. La crisis económica está echando a la calle a muchos trabajadores. Pero los mayores de 50 años tienen muy difícil su recolocación. En el mejor de los casos, habrán cobrado una liquidación, probablemente a través de FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) que se hace cargo, después de largos y farragosos procesos judiciales, de la deuda de la empresa causante del despido, pero con una merma del orden del 50%. Estos trabajadores tendrán derecho a una prestación por desempleo de entre dos y tres años. ¿Y luego qué? Luego los 400 euros de Zapatero que no le llegan al bolsillo de casi nadie. Pero sobre todo, esperar a la edad de jubilación a los 65.

Y entre tanto se van diluyendo las cuotas que han de servir de base para el cálculo de la pensión. Y no importa que un trabajador haya cotizado muchos más años de los establecidos para tener derecho a una pensión; ha de haber cumplido los 65 años. En otro caso, de jubilarse con antelación a la edad fijada, pierde un 7% por cada año de antelación.

Pero los jubilados ya han experimentado cómo las gasta ZP; habiendo suprimido los 400 euros que se sacó un día de la chistera electoral y los incrementos habidos en las retenciones del IRPF, muchas pensiones han experimentado mermas en valor efectivo.

Y así se escribe la Historia, con el gobierno más inepto de la edad moderna. Aunque lo auténticamente descorazonador, es no ver sustituto válido en el horizonte electoral.

Si fueran consecuentes, el partido del gobierno y el principal de la oposición, redactarían y aprobarían una nueva ley electoral, avanzada y audaz, para dar justo final al desatino actual propiciado por los propios partidos políticos y su viciosa querencia de politizar toda la actividad del país. 500 jueces de todas las tendencias y asociaciones judiciales, acaban de suscribir un manifiesto denunciando la injerencia de los partidos en la actividad judicial. Y es que los partidos han acabado, en los últimos años, con la separación de poderes de Montesquieu, base de la moderna democracia que en nuestro país ha sido secuestrada por los propios partidos políticos que tampoco la practican en su gestión interna.