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Etiquetas:   Ver   juzgar y actuar   -   Sección:   Opinión

¿Qué podemos hacer?

Francisco Rodríguez Barragán
Francisco Rodríguez
miércoles, 20 de enero de 2010, 09:47 h (CET)
El Estatuto Catalán fue aprobado el 19 de julio de 2006, recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular, El Defensor del Pueblo y otras Comunidades Autónomas. Este Tribunal, cada vez más desprestigiado, lleva más de tres años sin resolver los recursos de inconstitucionalidad o anti-constitucionalidad presentados, mientras que tal Estatuto se va desarrollando y aplicando para hacer imposible cualquier vuelta atrás. Si el Tribunal Constitucional lo declarara ajustado a la Constitución Española, será ella la que habrá dejado de ajustarse a la nación que le dio vida. Si por el contrario lo declarara anti-constitucional, el problema será irresoluble. También puede salir una sentencia enrevesada que necesitará al menos un siglo para entenderla y aplicarla.

Pero no es este asunto el que lleva más tiempo sobre la mesa del Tribunal Constitucional, ya que la Ley de unión entre personas del mismo sexo, aprobada en 1º de julio de 2005, contra todos los dictámenes, desde el Consejo de Estado a la Real Academia, fue igualmente recurrida y allí sigue sin resolverse el recurso, mientras que el gobierno sigue dando vueltas de tuerca a aquel engendro “tan progresista” que eliminó de nuestro ordenamiento jurídico las palabras padre y madre, esposo y esposa, para sustituirlas por las esperpénticas “cónyuge A y cónyuge B”, “progenitor A y progenitor B”, devaluando el concepto básico de matrimonio y de familia para incluir otras realidades absolutamente diferentes.

Este gobierno ignoró las protestas ciudadanas ante tamaña barbaridad y siguió imponiendo a los ciudadanos su ideología de género, el feminismo radical, su adoctrinamiento de la juventud, con la aberrante asignatura de educación para la ciudadanía o la reciente ley del aborto. Comprendo que no es justo que la mayoría imponga sus ideas a las minorías, pero aún es más inaceptable que sean éstas las que consigan imponer sus actitudes y resentimientos a los demás. Han conseguido que, con la excusa de luchar contra cualquier clase de discriminación, se añada siempre la coletilla “u orientación sexual”, la cual pude incluir como dignas de protección la poligamia, la pedofilia, el matrimonio de grupo o la zoofilia. En la pirueta terminológica habitual lo que siempre se llamaron aberraciones, están llegando a la categoría de “orientaciones sexuales”.

Hasta tal punto estas minorías quieren doblegar a las mayorías que tratan de criminalizar a los que no comparten sus nuevos modelos de familia, el “derecho” a abortar, la incitación al sexo irresponsable o al sexo homosexual, como “ampliación de derechos”. La inefable ministra de Igualdad ha concedido una subvención para organizar un “feminario contra el Vaticano” y los grupos de gays, lesbianas y transexuales, en cualquier oportunidad, se manifiestan con pancartas en los que tildan de homofobia y discriminación a quienes rechazan sus postulados. En cualquier momento invocarán el artículo 515.5 del Código Penal para acusarlos y meterlos en la cárcel.

Son las minorías convertidas en grupos de presión las que consiguen de este gobierno, débil e inepto, unas leyes injustas y aberrantes, mientras que la sociedad civil ve con tristeza que sus movilizaciones por la vida, por la familia o por la educación son sistemáticamente ignoradas.

O son las minorías financieras las que consiguen cuantiosas ayudas, mientras que la mayoría de los trabajadores por cuenta propia o ajena no pueden superar la crisis. O son las minorías sindicales, de unos sindicatos con exiguos afiliados, los que imponen, más que sus escasas ideas, sus intereses. O son las minorías de titiriteros, peliculeros o cantantes, las que consiguen subvenciones, ayudas e incluso leyes tributarias que les favorecen.

Y no pasa nada. Los poderes que podrían servir de contrapeso para una convivencia democrática, no existen. La justicia, cada vez más lenta, no genera demasiadas ilusiones en los ciudadanos. El Tribunal Constitucional, desde la sentencia de Rumasa hasta ahora, no concita ningún entusiasmo. La clase política cada vez se ve más como problema que como representación de los ciudadanos. La corrupción es tan habitual que hasta ha perdido interés y el modesto papel moderador de la Corona tampoco se advierte. ¿Qué podemos hacer?

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