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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

La reforma laboral debe comenzar por las PYME’s

Miguel Massanet
Miguel Massanet
lunes, 18 de enero de 2010, 05:23 h (CET)
Verán ustedes, cuando se estableció la normativa que regulaba la negociación colectiva entre empresa y trabajador, con el objeto de establecer un sistema de salarios de acuerdo con el modelo de empresa en la que tuviere lugar; se quiso establecer un modelo laboral que fuera capaz de romper la estricta normativa de los Reglamentos sectoriales en materia de retribuciones, de forma que los salarios establecidos en ellos fueran un simple referencia para que, cada industria o empresa se pudiera basar en ella para crear un sistema retributivo más en consonancia con las particularidades de los propios procedimientos de producción, la productividad de sus trabajadores, los complementos extrasalariales no pecuniarios ( economatos, prendas de trabajo etc.); aceptando las evidentes diferencias existentes entre grandes y pequeñas empresas en las que, lógicamente, existían diversidades notables, aunque perteneciesen al mismo gremio. Por ello cuando, en una etapa posterior, se quiso elevar el listón para que los convenios colectivos tuvieran un carácter sectorial, ya fuesen locales, provinciales o nacionales; se empezaron a advertir una serie de deficiencias que, sin duda, tuvieron efectos descompensantes al afectar de manera distintas a las empresas de gran tamaño, de técnicas más depuradas y personal más especializado, respecto a las medianas y pequeñas cuyos costes laborales constituían el factor más importante del coste total del producto acabado.

Evidentemente que, quienes fueron los que estuvieron más interesados en esta modalidad, especialmente en los convenios nacionales, fueron, sin duda, los Sindicatos que encontraron en ello un medio fácil, expeditivo y más económico de agrupar bajo su dirección a un número importante de trabajadores, de ahorrarse el personal técnico, del que no andaban sobrados, concentrándolo en una sola negociación en lugar de tenerlo que desperdigar en pequeños convenios de empresa o locales, donde su presencia era menos decisoria y eran, generalmente, suplidos por los enlaces sindicales o los Jurados de Empresa (luego Comités de Empresa). Por otra parte, disponían de un factor de presión mucho más sólido, al tener la posibilidad de utilizar la huelga masiva como medida de presión contra las empresas comprendidas en el ámbito de aplicación del convenio. De todo ello salieron perjudicadas las de siempre, las pequeñas y medianas empresas que, prácticamente, eran ninguneadas tanto por los Sindicatos como por la representación empresarial, generalmente integrada por los delegados de las grande entidades que, a la vez, eran los más preparados para la negociación, pero que, obviamente, siempre barrían hacia casa con lo que, las otras empresas, tenían pocas oportunidades de hacer vales sus necesidades y exponer su problemática.

Es por ello que ahora, cuando el señor Corbacho y el Gobierno, que lo puso en el cargo de ministro de Trabajo, están hablando de “impulso del diálogo social” lo que están haciendo es partir de una base falsa, debido a que, las grandes patronales, la CEOE, no son aquellas que representan la problemática de las pequeñas y medianas empresas que, en primer lugar, no todas están bajo el ámbito de las PYME y, en segundo lugar, hasta ahora esta patronal no ha estado integrada en aquella y, si comete la equivocación de integrarse, sin duda alguna sólo tendrá un papel marginal, de segunda categoría, en cuanto a las conversaciones con los representantes de la Administración. Es evidente que, en toda esta recesión que estamos padeciendo, quienes han salido peor parados han sido los grupos de trabajadores autónomos y los pequeños y medianos empresarios que han resultado ser los más perjudicados por la reducción de la producción de las grandes empresas a causa de que la mayoría de ellos trabajan para ellas fabricando complementos y componente; y, por si no bastara, por el corte radical de los créditos concedidos por la banca, lo que los ha asfixiado privándoles de la liquidez precisa para seguir manteniendo sus negocios. Por ello, una gran parte de los trabajadores que han ido a parar al paro provienen de los cientos de miles de autónomos y pequeñas empresas a los que, en teoría, deberían haber apoyado los bancos con sus créditos si, en lugar de apropiárselos para sanear sus propios activos y sólo dar créditos a aquellos que tenían suficiente potencial económico para garantizar su devolución; hubieran dedicado sus esfuerzos a favorecer a todo el tejido industrial compuesto por las pequeñas empresas y empresarios individuales cuando sus negocios fueran viables y merecieran que se les concediera la oportunidad de seguir trabajando.

En lugar de entender el problema que tenía la industria y el comercio formado por los cientos de miles de pequeñas entidades, el Gobierno ha actuado basándose en que la mejor solución era intentar atajar los efectos de la crisis, actuando solamente sobre los desempleados, en lugar de intervenir a favor de quienes eran capaces de crear puestos de trabajo. Hubiera bastado sólo con que se les continuaran descontando letras, prologando los vencimientos de los préstamos ya concedidos y reduciendo las cargas sociales que los agobiaban. El Gobierno no ha querido admitir un recorte de las cuotas de la Seguridad Social y, no obstante, está obligado a endeudarse hasta límites nunca vistos, pagando intereses astronómicos, para tener que atender las subvenciones por desempleo con la agravante de que, cada vez más, crece el número de aquellos que ya no perciben prestación alguna ( alrededor de 1.000.000 de personas) Se pretende aumentar los impuestos, en una huida hacia adelante, que no va a conseguir otra cosa que, cada vez, sea mayor el número de empresas que vayan cerrando las puertas y despidiendo a sus operarios. Si las empresas obtienen menos beneficios porque, como está demostrado, la demanda va decreciendo y el ahorro aumentando; la consecuencia será una menor recaudación. Si la ciudadanía teme por su puesto de trabajo, si se le aumentan los impuestos, y los servicios esenciales (gas, luz, transporte etc) no moderan sus subidas y, por el contrario, el coste se pone muy por encima del IPC; la primera consecuencia va a ser una contracción de la recaudación del Tesoro Público y ello, ante un creciente desempleo que, a mediados de este año, podría alcanzar la cota de los 5 millones de parados ; va a significar, sin duda, un déficit mayor y un mayor endeudamiento externo ya que, en estas condiciones, la colocación de Deuda Pública va a ser dificultosa entre una población desconfiada y atemorizada..

Otra consecuencia va a ser que deban ser los bancos quienes compren los sobrantes de deuda, con lo cual se van a convertir (créditos crunch) en los verdaderos financieros del Gobierno, en perjuicio de su actividad privada. La consecuencia será que, este dinero, que se hubiera podido destinar a créditos a empresas y particulares, lo va a acaparar el Estado. Señores, nos enfrentamos a un hecho tan evidente, consistente en que quienes nos dirigen, no sólo no intentan aplicar una política de contención del gasto público, sino que no han tomado medidas para reducir los gastos corrientes en todos los ministerios, medidas de austeridad, despido de funcionarios, supresión de dualidades administrativas en las autonomías, controlar los dispendios y gastos injustificados de los gobiernos autonómicos y, en definitiva, dedicarse a aplicar las medidas útiles para reactivar la actividad económica e industrial, lo que no se logra con subvenciones indiscriminadas y manteniendo medidas sociales que, en este momento, España no está en condiciones de sostener. Aznar y Rato lo consiguieron, tomen ejemplo.

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