El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella interpuesta por Falange -grupúsculo residual del antiguo partido único franquista, Movimiento Nacional- contra Garzón por considerarse el magistrado competente para investigar los delitos cometidos durante la pasada dictadura.

No me imagino que en Alemania pudiera progresar una querella contra el tribunal de Nuremberg por considerarse competente para juzgar los delitos cometidos por los nazis contra la humanidad. Está claro que en muchos estamentos de nuestro país aún rige la ley de la fuerza por encima de la fuerza de la ley. Es decir, los nazis perdieron la guerra y fueron juzgados y condenados por los delitos que entendieron los vencedores de la II Guerra Mundial. Franco ganó la Guerra Civil, hizo de su capa un sayo, asesinó a decenas de miles de adversarios y dejó el país en manos de sus acólitos para que llevaran a cabo una transición hacia la democracia que les eximiera de cualquier responsabilidad política o penal. En los Pactos de la Moncloa se decidieron las condiciones que nos llevarían a los treinta años que llevamos de democracia liberal; un régimen que, en síntesis, tiene más en común con la Restauración borbónica de 1874, derivada del pronunciamiento militar del general Arsenio Martínez Campos y encarnada en la persona de Alfonso XII, que con la II República derivada del triunfo electoral de los partidos socialistas y republicanos. En España jamás se depuraron responsabilidades entre los responsables políticos o militares de derechas. Ni Martínez Campos ni Primo de Rivera, ni tantos otros imputados en graves delitos contra la Nación, llegaron a sentir el peso de la ley. De hecho, cuando el Parlamento español decidió debatir en 1923 las responsabilidades recogidas en el expediente Picasso y que inculpaban a buena parte de la cúpula civil y militar de varios gobiernos de Alfonso XIII en el Desastre de Annual, el capitán general de Catalunya Miguel Primo de Rivera consumó el golpe militar que liquidó 49 años de constitucionalismo, llevando al país a la antesala de la Guerra Civil. Los países de nuestro entorno, a los que admiramos por su calidad democrática, supieron en su día liquidar sus cuentas con el pasado. En España parece que esta tarea es imposible y por eso estamos condenados a asistir inermes a episodios tan demenciales como el que ahora ha protagonizado el Tribunal Supremo.