A estas alturas de la feria, ya estamos sobradamente advertidos de todo lo que puede dar de sí el cinismo de Esperanza Aguirre. La capacidad que tiene de esta señora para tergiversar cualquier cosa sin despeinarse ya no causa pasmo, por la cansina frecuencia con la que la ejercita.

Ahora le toca justificar la injustificable sentencia que condena a los periodistas Daniel Anido y Rodolfo Irago por informar, con veracidad y profesionalidad reconocidas judicialmente, de los militantes del PP afiliados irregularmente en Villaviciosa de Odón. Y lo hace alegando que el auto judicial sustancia un hecho que ni el propio tribunal contempla: la revelación de datos privados protegidos por la ley. Es mentira. Los periodistas de la Cadena Ser no dieron más datos que los nombres y apellidos de los militantes; datos que son públicos. Pero la presidenta de la Comunidad campa por sus fueros, en la más absoluta impunidad, como así lo demuestran otros hechos de no menor enjundia como la imputación falsa a Miguel Monzón como inductor de la agresión sufrida por el periodista Hermann Tertsch o el caso del hospital Severo Ochoa de Leganés. Por lo que se ve, nada de lo que haga la lideresa está sujeto a responsabilidad penal o política. El rey Juan Carlos y ella son los únicos españoles que disfrutan de esta gentil prebenda (o quizá algunos más de los que no tenemos noticia). El caso es que la condición del monarca está recogida en la Constitución mientras que la de la condesa consorte de Murillo y Grande de España, no. Quizá en este punto también habría que revisar la Constitución y proclamar en la Carta Magna lo que de hecho se acepta de ordinario: la aristocracia no es responsable ante la ley.