El líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, ha presentado este domingo las diez propuestas para modificar el Acuerdo Final pactado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Uribe ha publicado el documento a través de Twitter en el que se recoge que el narcotráfico no sea contemplado como un delito conexo al de rebelión o la creación de una Sala Transicional en la Corte Suprema de Justicia que haría las veces del Tribunal Especial de Paz acordado con las FARC.

La iniciativa acepta la reclusión efectiva de entre 5 y 8 años para los guerrilleros, pero propone que la pena privativa de la libertad sea en sitios alternativos, como granjas agrícolas.

Además, frente a los "privilegios al partido de las FARC y la elegibilidad de responsables de delitos atroces", sugiere que se "medite en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos, como condenados por proceso 8.000 y parapolítica, los paramilitares, aquellos que han perdido investiduras de representación y los 140.000 presos".

En tercer lugar, propone aplicar la Ley de Justicia, Paz y Reparación, la creación de la Sala Transicional en la Corte Suprema de Justicia y la doble instancia "retroactiva".

El cuarto punto propone para las FARC "protección efectiva a condición de la suspensión de todos los delitos, narcotráfico y extorsión incluidos" y añade que "la ley podría conceder una amnistía, sin desmovilización total inmediata, a guerrilleros rasos, no incursos en delitos de lesa Humanidad. Y para garantizar sus ingresos se podría contratar con ellos que empiecen la destrucción remunerada de la droga".

El quinto apartado propone la tramitación parlamentaria de una norma de alivio judicial para soldados y policías. Uribe aclara que el Centro Democrático ha presentado varios proyectos con el enfoque de "alivio sin impunidad y sin igualarlos a FARC".

La sexta propuesta es privilegiar la erradicación manual de los cultivos de drogas ilícitas "sin que el Gobierno pierda la facultad de fumigar cuando lo estime conveniente, siempre con el cuidado de no hacer daño al ser humano, a los animales ni a otros recursos naturales". El acuerdo no menciona la posibilidad de retomar la aspersión aérea.

El siguiente punto señala que "los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa". "El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de la empresa agropecuaria transparente", añade.

Además, plantea que los "compromisos con las FARC deben cumplirse dentro de las posibilidades fiscales y financieras del país" y por ello no debe verse afectada la obligatoriedad de cumplir con un máximo de déficit público, la confianza de inversión del sector privado, la competitividad, los programas sociales como la educación universal y de calidad y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

El penúltimo punto advierte de que "los compromisos con las FARC no pueden limitar la descentralización ni la obligación de alcaldes y gobernadores de atender con equidad las necesidades de los ciudadanos".

Finalmente, el partido de Uribe propone que las consultas a comunidades sean limitadas en el tiempo por decretos reglamentarios del Gobierno, "a fin de que no entorpezcan el desarrollo equilibrado de la nación".

El sábado, Uribe defendió que los cambios que se propongan deben hacerse de manera pública. "Las reuniones sobre la modificación de los acuerdos se deben realizar en público porque evita tergiversaciones del Gobierno sobre lo que allí decimos", afirmó.

Este lunes está programada en Bogotá una nueva reunión entre los delegados del Gobierno y los representantes del 'No' que el pasado 2 de octubre se impuso por un estrecho margen en el plebiscito sobre los acuerdos de paz.