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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

El cese de los políticos actuales

Antonio Pérez (Madrid)
Redacción
miércoles, 13 de enero de 2010, 13:00 h (CET)
Una medida necesaria para la superación de la crisis económica

No debería sorprender el alejamiento, la desconfianza y el descrédito de los ciudadanos en sus líderes políticos, según se desprende de las últimas encuestas realizadas, ante la evidencia de no haber tomado medidas de solución a las gravísimas circunstancias que amenazan la estabilidad económica de los hogares. Ahora sabemos que no existen fórmulas mágicas, que la situación en la que nos encontramos ha ocurrido por la suma de diversos factores desencadenantes cuyo origen, al día de hoy, parece suficientemente diagnosticado por, según se comenta repetidamente, los mismos expertos que antaño tuvieron la posibilidad de atenuar con sus recomendaciones la profundidad y alcance de una crisis financiera que, al día de hoy, se hace endémica en base al tiempo transcurrido y a la ausencia de, no ya soluciones paliativas como sería deseable, sino, al menos, de estrategias consensuadas que inicien paulatina y gradualmente el proceso de recuperación; devolviendo la confianza e ilusiones perdidas a la inmensa mayoría de unos sufridos ciudadanos que, o bien padecen de manera directa los efectos del entorno o, fruto de la cautela y el miedo, han alterado sus planes de vida y sometido sus decisiones a un futuro incierto causando el hastío, el desaliento y la depresión.

Falta de confianza a la que ha contribuido, no sólo el discurso vacuo y eufemístico de los políticos sino, también y en su inmensa mayoría, el mensaje de muchos medios de comunicación apoyando a ultranza a los dos grandes partidos y atacando al “contrario” con un lenguaje soez y un tufillo rancio, sembrando el enconado enfrentamiento de la sociedad en su conjunto, cuando se trataría precisamente de lo contrario: informar verazmente incentivando el acuerdo en beneficio de todos.

Los casos conocidos de corrupción han acentuado y ratificado lo que ya sabíamos sobre la auténtica talla de nuestros políticos, de sus aspiraciones personales o de partido, de su alejamiento en la atención de los problemas de primera magnitud y de su control de los medios propagandísticos afines. Un buen ejemplo de ello lo constituye el inicio de la crítica por el diario El País a la gestión gubernamental, coincidiendo con el quebranto de sus ingresos por la toma de medidas contrarias a sus intereses económicos (disputa sobre la polémica decisión de exclusividad de las retransmisiones futbolísticas)

No escaparía a un observador imparcial que la iniciativa legislativa del PSOE, y el eco en los medios informativos, sobre aspectos en los que no hay un claro consenso – recuérdese, como ejemplos, que la reforma de la ley del aborto era parte del programa electoral de la primera legislatura, o que la ley de la reforma histórica estaba pendiente desde la transición - formaba parte de un entramado plan por desviar la atención hacia aspectos sensibles y controvertidos - lo que aún reafirma más la manifiesta incapacidad del Gobierno –, consiguiendo el auge y resurgir de un debate enconado que está calando en las entrañas de todas las capas sociales y alentando las históricas reivindicaciones de estamentos como la Iglesia Católica.

Nunca como ahora, ni tan siquiera en los críticos años setenta, se había revivido con tanta intensidad ni provocado la feroz discrepancia, aspectos olvidados y admitidos en el convencimiento del respeto a la diversidad de opiniones como síntoma de una cultura democrática de aceptación de las diferentes creencias (mal hemos entendido el mensaje si, después de más de treinta años desde la dictadura, aún no hemos comprendido que la convivencia demanda leyes que contemplen los distintos modos de vida, basados en el mutuo respeto)

El PSOE, con el apoyo de sus devotos e interesados correligionarios, cree haber conseguido la fidelidad de ciertas capas sociales de corte vanguardista y, lo más efectivo y determinante, ha acorralado al PP a una situación comprometida en la que, por una parte y para no perder a su electorado más pusilánime y atraer el comprendido en tesis menos conservadoras decepcionado con la acción del Gobierno, ha meditado hasta resultar incomprensible, muchas veces contradictorio, el discurso de su doctrina (¿hay ideologías o están al servicio de los profundos intereses económicos?) mientras era escrutado por analistas de toda índole y cuestionado por quienes veían como sus postulados no encontraban el representante fiel que siempre habían tenido, sintiéndose traicionados y elevando el tono de las descalificaciones hacia su propio partido, el que era refugio y custodio de los valores más tradicionales

Buena parte de la proclama acerca de las medidas que, entre otras, la oposición ha considerado necesarias para superar la situación adversa se han basado en la liberalización del mercado de trabajo, cuando hace ya más de un siglo se entendió suficientemente que el libre mercado siempre desfavorece, por su condición de fragilidad, al trabajador asalariado. Las empresas, que han demostrado una mínima capacidad de autocrítica (si lo han hecho, lógicamente no ha trascendido a la opinión pública) han seguido remunerando a sus ejecutivos como en los tiempos de bonanza y, contrariamente, han buscado el enfrentamiento entre los trabajadores al diagnosticar, como parte de su situación deficitaria, las “altas” remuneraciones con que deben retribuir a los de mayor edad y justificado el despido y no contratación de los más jóvenes.

El Gobierno no ha salido airoso: en el inicio no supo afrontar ni quiso admitir lo incuestionable y, una vez aceptado el problema no ha sabido hacerle frente y para superar el déficit público (cabe recordar que al principio se le “llenaba la boca” hablando del superávit de las Cuentas Públicas y de estar mejor preparados que el resto de países para afrontar la situación adversa) ha anunciado un aumento de impuestos que gravará a todos, con el desigual esfuerzo que supone para los sectores más castigados. Por otro lado, la oposición tampoco se vislumbra como la alternativa necesaria.

Rememorando a las películas estadounidenses cuando, conocidas la corrupción del Jurado ante el veredicto final, el Juez decide, en un golpe de efecto, sustituir por entero a sus miembros para preservar la imparcialidad y ecuanimidad de su decisión, sólo me cabe mandar al paro, y a perpetuidad, a estos actores políticos, no sin antes, ¡faltaría más!, suspender el conjunto de sus remuneraciones vitalicias.

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