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¡Al diablo con la ley Electoral y el sistema D’Hondt!

Miguel Massanet
Miguel Massanet
martes, 12 de enero de 2010, 09:33 h (CET)
No me extrañaría que, si cualquiera de ustedes quisiera hacer un pequeño ensayo, consistente en preguntarles a sus familiares, amigos y conocidos “si están satisfechos con el sistema electoral vigente en nuestro país”, cosecharía, probablemente, una buena colecta de insatisfacción con respecto a nuestra ley electoral y sus consecuencias prácticas. Pero, no basta que nos refiramos a la Ley Electoral y al procedimiento de asignación de escaños ,establecido por la ley D’Hondt; es preciso que, antes, hagamos algunas reflexiones a cerca de la forma en que se presentan las candidaturas de las personas que aspiran a ocupar alguno de los escaños de las Cortes Generales de España (el Senado y el Congreso de los Diputados) y, también reflexionemos sobre si, el número de cargos electivos salidos de las elecciones legislativas, es el adecuado a las necesidades del Estado. Si es que queremos atenernos a lo que es el funcionamiento práctico de las dos cámaras podemos observar que, durante las últimas legislaturas, es posible que nos encontremos ante un fenómeno que nos debiera dar de pensar. ¿En realidad es preciso que el Congreso esté compuesto por unos 350 Diputados? Esta pregunta me la he hecho centenares de veces cuando reparo que, en lo que se refiere a las sesiones del Parlamento, las participaciones de cada partido en las discusiones de la cámara se reducen a unas pocas “señorías”, generalmente las mismas, y que, el resto, aparte de descabezar, con disimulo, alguna pequeña siesta o contemplar, distraídos, lo que ocurre a su alrededor, se limita a apretar, en las votaciones, el botón del “si” o el del “no” siguiendo las instrucciones de quien tiene la “ardua” misión de indicarles a los diputados, de su grupo político, lo que han de votar y, aún así, no son pocas las veces que se equivocan en tan sencilla operación.

Si hacemos una pequeña estimación de lo que nos cuestan estos señores representantes “del pueblo”, comprobamos que, como mínimo, perciben un sueldo mensual de unos 3.000 euros de salario fijo (por cumplir “eficaz y dignamente”su función); por ayudas, franquicias e indemnizaciones (para los que no residen en Madrid) 1.700 euros mensuales (no tributan); a lo que se deben añadir los gastos de desplazamiento y transporte de sus señorías según su cuantía. Naturalmente, que estas cifras son las de aquellos que no hacen otra cosa que permanecer sentados en el hemiciclo porque, si se trata de portavoces, secretarios, miembros de la Mesa, presidente, vicepresidentes etc., las cantidades sufren un incremento que puede doblar, triplicar o quintuplicar las anteriores cuantías. Si redondeamos y calculamos unos 6.000 euros de coste de cada uno de los representantes, nos hallamos con la bonita cifra de 2.100.000 euros mensuales sólo en cuanto se refiere a la cámara baja, a la que se debería añadir lo que perciben los señores Senadores, hipotéticos representantes territoriales, a los que todavía no se les ha podido encontrar una función útil que justifique su existencia. En definitiva, que si convenimos en que lo de “ cumplir eficaz y dignamente su función”, a la vista de las habituales faltas de asistencia, del aspecto desolador del hemiciclo en la mayoría de ocasiones, y de las escasas, por no decir ninguna, leyes sensatas que salen del recinto parlamentario; podríamos llegar a la conclusión de que, los españoles, nos podríamos ahorrar, sin deterioro de la necesaria actividad parlamentaria, más de la mitad de los sueldos que estamos pagando con nuestros impuestos. Y eso sin contar todos los sueldos de los funcionarios y cargos políticos que vegetan en las autonomías.

Por otra parte, el hecho absurdo, desfasado y, evidentemente, perjudicial para la ciudadanía, de que se obligue a que se voten listas cerradas de cada partido; entraña, de por sí, un trágala; ya que se ha de a votar personas desconocidas cuya capacidad se desconoce, si es que uno quiere optar por una determinada opción política. ¿Por qué no votar listas abiertas?, ¿por qué no ir al procedimiento del representante por distritos en los que, previamente, se hubiera votado al aspirante preferido por los ciudadanos de la demarcación de la que se trate? Así sucede que, en muchas ocasiones, los elegidos resultan ser incompatibles con lo que los ciudadanos pensaron que iban a votar cuando eligieron su opción política.

Pero donde se produce el verdadero escamoteo a la voluntad de la ciudadanía, es en la aplicación del famoso sistema D’Hondt para la asignación de los escaños disponibles según los resultados de los distintos partidos en los comicios. El procedimiento de ir dividiendo por 1,2, 3 etc. los votos obtenidos por cada partido y compararlo con los conseguidos por los otros adversarios políticos, da lugar a que pueda suceder que el que ha conseguido más votos salga perjudicado a favor de aquellos grupos, generalmente minoritarios, que han concurrido como candidatos sólo representados por una escasa minoría de votantes. Dicen que la ley D’Hondt es la menos mala, que es el sistema mejor, pero a los ciudadanos, que observamos atónitos los resultados absolutamente absurdos e ilógicos a los que da lugar la asignación de escaños por tal procedimiento; nos parece que tenemos derecho a exigir, de quienes nos mandan, que busquen la solución a un sistema mediante el cual, para poner un ejemplo de lo que ocurre en nuestro país, una formación minoritaria, de influencia meramente local, ha sido capaz de mantener chantajeado al Gobierno Central del señor Zapatero, por el solo hecho de que sus pocos votos pueden desequilibrar la mayoría de que gozan los del PSOE.

Esta situación es contraria a la democracia y al sentido común. Si una formación, como le ocurrió al PP en las Baleares tuvo, en las elecciones pasadas, una gran mayoría que sólo pudo ser contrarrestada con un pacto “contra natura” del resto de formaciones de la oposición (cinco de ellas); lo lógico hubiera sido que, el PP, fuera quien gobernara, ya que, el resto, aunque sumaran en conjunto una mayoría suficiente, no entrañan el sentir mayoritario de la ciudadanía ya que, individualmente, sus opciones eran distintas y sus fines, en ocasiones, incompatibles. La consecuencia, como en el caso del Tripartit catalán, es que un gobierno en tales circunstancias es lo más parecido a un caos, donde cada formación tira para sí mima y los resultados, generalmente, no contentan a nadie por abarcar ideas, a menudo contradictorias, encajadas a la fuerza. Los resultados de estos seis años de los socialistas en el poder nos han permitido comprobar como, el sistema, ha quedado obsoleto y nos ha llevado al convencimiento de que es preciso que, antes de que España sufra las consecuencias irreversibles de tan mala praxis, se tramite una nueva ley electoral donde se obvien, de una vez para siempre, estas sinrazones derivadas del hecho de que, todo el país, pueda estar a merced de minorías advenedizas, generalmente de opciones extremistas y disgregadoras, que se valen de la ocasión que les proporciona su posición privilegiada para obtener concesiones que, en el caso contrario, ni en sus más optimistas delirios hubieran conseguido materializar.

Los piques entre los partidos mayoritarios, su intransigencia, su soberbia y su obsesión por no dar cuartel al adversario, nos ha traído a los españoles, aparte de a estar sumidos en una crisis nunca vista de nuestra economía, a estar convertidos en rehenes de los partidos separatistas, que han conseguido medrar a costa del Gobierno, gracias a la fuerza que les ha dado el hecho de formar parte del Ejecutivo del señor Montilla, que depende de ellos para seguir en la poltrona. ¡Vivir para ver! Un personajillo de tres al cuarto poniendo a España a los pies de los separatistas, una minoría a la que se le ha permitido hacer de mangas capirote con la Constitución española.

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