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Sergio Brosa

Del laissez faire al absurdo

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Hubo una época a mediados del siglo pasado en la que España descubrió la industria del turismo, por la afluencia masiva de buscadores europeos de sol y playa que en nuestro país encontraban fácilmente a precios irrisorios.

Por aquella época en Catalunya, sobre todo en la Costa Brava, al mantenerse la figura del “hereu” (heredero) que significa que toda la fortuna familiar pasaba al hijo mayor, el hereu, al fallecer el padre, con el ánimo de no perjudicar la unidad de las tierras y evitar su disgregación entre todos los hermanos, en tierras de Girona el mayor de los deudos conservó las tierras de labor y a los otros hijos, por aquello de no dejarles sin nada, les legaron los terrenos junto al mar, menos aptos para la agricultura. Pero extraordinariamente aptos para construir cualquier cosa que permitiera alojar a los buscadores de sol y playa, en su semana de vacaciones europeas.

Así se cometieron las extraordinarias tropelías urbanísticas que todos conocemos, en los pueblos costeros, destrozando el paisaje en aras de hacerse con un dinero fácil proveniente de aquellos turistas que se iban organizando al tiempo que en España los íbamos canalizando a las playas, a los hoteles, a edificios de apartamentos con el señuelo de la sangría y la paella.

La llegada de la democracia institucionalizó el crecimiento de la costa y al primer “laissez faire” se le añadió el “laissez passer” acuñado por el francés Jean-Claude Marie Vicent de Gournay, significando que lo mejor para el desarrollo económico es la ausencia de la intervención del Estado, pero a diferencia del pensamiento de la escuela Fisiocrática del siglo XVIII, el nuevo pensamiento era dejar hacer y dejar pasar siempre que se pagara el correspondiente peaje.

Por ello hemos asistido y seguimos asistiendo al descubrimiento de enormes bolsas de corrupción urbanística que ha enriquecido a casi todos, menos a los que tienen que afrontar los costes derivados de todo ello que inciden severamente en el actual importe de sus vacaciones en la playa. Ya no resulta tan barato el sol y playa; la sangría se ha puesto por las nubes y la paella es una argamasa a precios europeos.

La entrada en la UE supuso también la adopción de directivas comunitarias que unidas a las nacionales, en esta época de crisis inmobiliaria, están dando al traste con todas las iniciativas urbanísticas a base de poner trabas legales olvidando que hay quien pretende hacer negocios honrados, aunque sean inmobiliarios.

Así se ha movido el péndulo hasta el otro extremo, el del absurdo. Y para muestra un botón que sigue vigente pues hay recursos interpuestos y el expediente es real y sigue vivo.

Obviaremos los nombres, pero la referencia oficial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials de Girona es: SCUG/O0385/2009 / 038663 / G/2740467.

Se trata del plan parcial urbanístico en una preciosa población de la Costa Brava que fue aprobado hace 7 años, con una superficie total de 75.000 metros cuadrados, una reserva de suelo del 15% un índice de edificabilidad neta del sector de 0,1185 metros cuadrados de techo, lo que supone un techo máximo edificable de 8.880 metros cuadrados y un máximo de 60 viviendas.

Los promotores se ponen manos a la obra y los propietarios de los terrenos, en junta de compensación, hacen redactar el proyecto arquitectónico con la nueva normativa que lo circunscribe a un respeto por el entorno, como no puede ser de otra forma y comienzan paralelamente su comercialización.

Pero una novísima normativa, posterior a la licencia obtenida, desautoriza la autorización anterior y les impone a los promotores una serie de restricciones que en la realidad pueden hacer inviable todo el proyecto.

La conclusión de la Administración de Urbanismo en su comunicado a través del ayuntamiento afectado, en fecha 29 de diciembre de 2009 es denegar el expediente porque se requiere otro Plan Parcial urbanístico que proponga una nueva ordenación del sector atendiendo a criterios de sostenibilidad [concepto abstracto pero letal] respeto al medioambiente y al paisaje. Las viviendas serán unifamiliares exclusivamente, en parcelas de 1.200 metros cuadrados [segmentación elitista del mercado por parte de la administración socialista]. El ayuntamiento redactará una memoria social global del municipio (?!) que valore las necesidades (…) que deberá ser informada por la Dirección General de Promoción de la Vivienda.

Aunque tiene especial relevancia la adenda de la Comisión de los Servicios Territoriales de Cultura y Medios de Comunicación de Girona que indica que emitió informe desfavorable al proyecto en julio de 2008 (el Plan de Ordenación Urbanística de la población se había aprobado definitivamente en mayo de 2003) porque en el informe ambiental no se incorpora ningún estudio sobre la posible afectación del patrimonio según establece la Directiva europea 2001/42/CE e indica “la conveniencia de realizar una prospección arqueológica sistemática en toda la zona afectada por el proyecto a fin de documentar la posible existencia de yacimientos arqueológicos actualmente no conocidos ni documentados.”

Lo que no es óbice para que el Odyssey se lleve frente a la costa española el tesoro de un galeón español, evaluado en 500 millones de euros y luego haya que ir a pleitear a Miami para que lo devuelvan.

¿Dónde estaba Dios cuando se redactó la Directiva Europea? Cuesta creer que en cada proyecto de línea de metro se hagan prospecciones sistemáticas en busca de reliquias arqueológicas; más bien se detienen las obras si aparecen indicios, pero no antes.

En Latinoamérica que afortunadamente no ha estado tan castigada por la crisis como Europa o los EE.UU. y el declive económico que padecen lo superarán rápidamente, cuando hay un proyecto inmobiliario, es la propia Administración quien se ocupa de evaluar a los compradores de las viviendas y le asegura así al promotor la garantía de la compra. Por otro lado, el promotor garantiza a la Administración la conclusión de la obra. Lo cuál no está mal. Pero hacerle hacer nuevos informes cinco años después de aprobado el plan y una prospección arqueológica sistemática en toda la zona afectada, parece un despropósito propio de los turbulentos tiempos administrativos que vivimos.

Con estas premisas y otras similares, no es de extrañar que los líderes europeos recelen de que Zapatero sepa guiar la UE, como apuntamos aquí hace tiempo, pues su proverbial incompetencia es ya de todos conocida y su inocuidad en las relaciones internacionales es también manifiesta. Así no saldremos de la crisis.

Del laissez faire al absurdo

Sergio Brosa
Sergio Brosa
lunes, 11 de enero de 2010, 01:11 h (CET)
Hubo una época a mediados del siglo pasado en la que España descubrió la industria del turismo, por la afluencia masiva de buscadores europeos de sol y playa que en nuestro país encontraban fácilmente a precios irrisorios.

Por aquella época en Catalunya, sobre todo en la Costa Brava, al mantenerse la figura del “hereu” (heredero) que significa que toda la fortuna familiar pasaba al hijo mayor, el hereu, al fallecer el padre, con el ánimo de no perjudicar la unidad de las tierras y evitar su disgregación entre todos los hermanos, en tierras de Girona el mayor de los deudos conservó las tierras de labor y a los otros hijos, por aquello de no dejarles sin nada, les legaron los terrenos junto al mar, menos aptos para la agricultura. Pero extraordinariamente aptos para construir cualquier cosa que permitiera alojar a los buscadores de sol y playa, en su semana de vacaciones europeas.

Así se cometieron las extraordinarias tropelías urbanísticas que todos conocemos, en los pueblos costeros, destrozando el paisaje en aras de hacerse con un dinero fácil proveniente de aquellos turistas que se iban organizando al tiempo que en España los íbamos canalizando a las playas, a los hoteles, a edificios de apartamentos con el señuelo de la sangría y la paella.

La llegada de la democracia institucionalizó el crecimiento de la costa y al primer “laissez faire” se le añadió el “laissez passer” acuñado por el francés Jean-Claude Marie Vicent de Gournay, significando que lo mejor para el desarrollo económico es la ausencia de la intervención del Estado, pero a diferencia del pensamiento de la escuela Fisiocrática del siglo XVIII, el nuevo pensamiento era dejar hacer y dejar pasar siempre que se pagara el correspondiente peaje.

Por ello hemos asistido y seguimos asistiendo al descubrimiento de enormes bolsas de corrupción urbanística que ha enriquecido a casi todos, menos a los que tienen que afrontar los costes derivados de todo ello que inciden severamente en el actual importe de sus vacaciones en la playa. Ya no resulta tan barato el sol y playa; la sangría se ha puesto por las nubes y la paella es una argamasa a precios europeos.

La entrada en la UE supuso también la adopción de directivas comunitarias que unidas a las nacionales, en esta época de crisis inmobiliaria, están dando al traste con todas las iniciativas urbanísticas a base de poner trabas legales olvidando que hay quien pretende hacer negocios honrados, aunque sean inmobiliarios.

Así se ha movido el péndulo hasta el otro extremo, el del absurdo. Y para muestra un botón que sigue vigente pues hay recursos interpuestos y el expediente es real y sigue vivo.

Obviaremos los nombres, pero la referencia oficial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials de Girona es: SCUG/O0385/2009 / 038663 / G/2740467.

Se trata del plan parcial urbanístico en una preciosa población de la Costa Brava que fue aprobado hace 7 años, con una superficie total de 75.000 metros cuadrados, una reserva de suelo del 15% un índice de edificabilidad neta del sector de 0,1185 metros cuadrados de techo, lo que supone un techo máximo edificable de 8.880 metros cuadrados y un máximo de 60 viviendas.

Los promotores se ponen manos a la obra y los propietarios de los terrenos, en junta de compensación, hacen redactar el proyecto arquitectónico con la nueva normativa que lo circunscribe a un respeto por el entorno, como no puede ser de otra forma y comienzan paralelamente su comercialización.

Pero una novísima normativa, posterior a la licencia obtenida, desautoriza la autorización anterior y les impone a los promotores una serie de restricciones que en la realidad pueden hacer inviable todo el proyecto.

La conclusión de la Administración de Urbanismo en su comunicado a través del ayuntamiento afectado, en fecha 29 de diciembre de 2009 es denegar el expediente porque se requiere otro Plan Parcial urbanístico que proponga una nueva ordenación del sector atendiendo a criterios de sostenibilidad [concepto abstracto pero letal] respeto al medioambiente y al paisaje. Las viviendas serán unifamiliares exclusivamente, en parcelas de 1.200 metros cuadrados [segmentación elitista del mercado por parte de la administración socialista]. El ayuntamiento redactará una memoria social global del municipio (?!) que valore las necesidades (…) que deberá ser informada por la Dirección General de Promoción de la Vivienda.

Aunque tiene especial relevancia la adenda de la Comisión de los Servicios Territoriales de Cultura y Medios de Comunicación de Girona que indica que emitió informe desfavorable al proyecto en julio de 2008 (el Plan de Ordenación Urbanística de la población se había aprobado definitivamente en mayo de 2003) porque en el informe ambiental no se incorpora ningún estudio sobre la posible afectación del patrimonio según establece la Directiva europea 2001/42/CE e indica “la conveniencia de realizar una prospección arqueológica sistemática en toda la zona afectada por el proyecto a fin de documentar la posible existencia de yacimientos arqueológicos actualmente no conocidos ni documentados.”

Lo que no es óbice para que el Odyssey se lleve frente a la costa española el tesoro de un galeón español, evaluado en 500 millones de euros y luego haya que ir a pleitear a Miami para que lo devuelvan.

¿Dónde estaba Dios cuando se redactó la Directiva Europea? Cuesta creer que en cada proyecto de línea de metro se hagan prospecciones sistemáticas en busca de reliquias arqueológicas; más bien se detienen las obras si aparecen indicios, pero no antes.

En Latinoamérica que afortunadamente no ha estado tan castigada por la crisis como Europa o los EE.UU. y el declive económico que padecen lo superarán rápidamente, cuando hay un proyecto inmobiliario, es la propia Administración quien se ocupa de evaluar a los compradores de las viviendas y le asegura así al promotor la garantía de la compra. Por otro lado, el promotor garantiza a la Administración la conclusión de la obra. Lo cuál no está mal. Pero hacerle hacer nuevos informes cinco años después de aprobado el plan y una prospección arqueológica sistemática en toda la zona afectada, parece un despropósito propio de los turbulentos tiempos administrativos que vivimos.

Con estas premisas y otras similares, no es de extrañar que los líderes europeos recelen de que Zapatero sepa guiar la UE, como apuntamos aquí hace tiempo, pues su proverbial incompetencia es ya de todos conocida y su inocuidad en las relaciones internacionales es también manifiesta. Así no saldremos de la crisis.

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