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¿Deben prevalecer los derechos de los delincuentes sobre los de los cumplidores de la Ley?

La izquierda carga contra la Prisión Permanente Revisable

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Resulta curioso como, en España, se ha llegado al convencimiento, por muchos de los que forman esta nueva izquierda tan acomodaticia con aquellos que incumplen las leyes, tan “comprensiva” con determinados tipos de delitos y tan preocupada por las condiciones en los que cumplen sus condenas los delincuentes, tan favorable a los actos de gracia (siempre que los beneficiados no fueren de derechas), tan vigilante con los derechos fundamentales de quienes no se han preocupado de los de sus propias víctimas y, por el contrario, tan falta de interés por los perjudicados y damnificados, tan olvidadiza con las fechorías de los criminales y resto de indeseables y tan dispuesta a perdonar, cuando las víctimas han sido de la misma ideología, progres, antisistema, anarquistas o cualquier otro tipo de los que acostumbran a vivir al margen de la Ley y, sin embargo, tan exigente, dura, justiciera e intransigente cuando, a quien se trata de pedirle cuentas, sea de una ideología más conservadora o se trate de alguien que forme parte de lo que, los seguidores de don Pablo Iglesias, dieron por denominar “la casta”, expresión con la que pretendieron incluir a todos aquellos que no fueran de los suyos y que, por el simple hecho de no pensar como ellos, ya merecían ser calificados de “enemigos del pueblo” o de “fachas criminales”, siguiendo las consignas de sus valedores, proveedores e inductores, como las del sujeto que los viene financiando, el señor Maduro de Venezuela.

Aún sin gobierno, sin que apenas hayan estrenado sus asientos en el Parlamento de la nación, sin otra idea que la de incordiar, molestar, destruir todo lo que ha edificado la derecha y poner en la picota al PP, sin analizar las causas por la que se puso en estudio la ley de Prisión permanente; sin que muchos de los que han decidido votar en contra, simplemente por el hecho de que quien la proyectase fuera un partido de derechas; toda la mayoría de izquierdas recién aterrizada en las correspondientes poltronas, ya con sus sustanciosos sueldos asegurados ( salvo que haya unas nuevas elecciones que acaben con sus sueños de enriquecerse) y sin que sus acuerdos parezca que tengan posibilidades de salir adelante, han decidido que esta Ley debe ser impugnada y anulada.

Se habla de su inconstitucionalidad y, ya que hablan de ello nos preguntamos ¿si es muy constitucional que el recurso contra la Ley de Aborto promulgada por los socialistas, en tiempos de Rodriguez Zapatero e impugnada por varios partidos, entre ellos el PP, al poco tiempo de ser promulgada, yazca en alguna estantería del TC, llena de polvo y olvidada por quienes tenían la obligación de estudiarla con urgencia? Debido a este su retraso, en el caso de que finalmente fuera declarada inconstitucional (como debiera serlo), se dejarían de asesinar, repito, asesinar cada año en España la friolera de más de 100.000 fetos. Algo que, si resultara ilegal y contraria a lo dispuesto constitucionalmente, seguramente se les podría demandar a los magistrados, por ser ellos los culpables por falta de diligencia, incuria y negligencia en el cumplimiento de su deber, por tal injusto y satánico derramamiento de sangre inocente.

Es posible que la Constitución, cuando reguló el tema que nos ocupa, no tuvo en cuenta una determinada clase de delitos que, por su especial gravedad, su repercusión social, su difícil compensación a los perjudicados por ellos y por la dificultad existente en determinar si el recluso, al concluir su condena, está realmente reeducado o, por el contrario, se trata de un sujeto incapaz de regenerarse y sólo espera la libertad para reanudad su carrera delictiva. Cuando la nueva ley, por su propia dinámica, no fija un tope máximo de tiempo de condena (precisamente porque dependería, en todo caso, de que el delincuente estuviera o no regenerado para poder vivir en libertad si constituir un peligro para el resto de ciudadanos con los que volviera a convivir. En ello se han basado todos los que, no se sabe desde qué curioso punto de vista prefieren, al parecer, que en atención a la limitación del tiempo de condena, estuvieran o no recuperados para la vida civil, sigan, como hasta ahora, gozando del derecho a ser excarcelados, aunque la ciudadanía se viera expuesta, en virtud de dicha actuación administrativa a que, el sujeto en cuestión, a la primera ocasión que se le presentase, volviere a reincidir en el mismo tipo de crimen o en alguno semejante.

Se ha estado hablando de modificar la Constitución solamente por cuestiones fútiles, que no representan ninguna causa urgente y que, los ciudadanos, exijamos especialmente; se ha incumplido, claramente y sin disimulo, alguno de sus artículos por los separatistas catalanes sin que, ninguno de ellos ( ahora, a tiro pasado, han sido conducidos ante la Justicia el señor A. Mas y dos de sus ayudantes más destacadas), a pesar de sus reincidencias en reivindicar su derecho a incumplir las leyes y sus desafíos, de forma expresa y pública, a las normas dictadas por el Estado español, hayan recibido nada más que advertencias y amenazas de ser castigados por la ley, sin que ello haya pasado de meros conatos que, al menos hasta ahora y, mucho nos tememos que, tampoco en lo sucesivo, ninguno de ellos vayan a dar, como se merecerían, con sus huesos en alguna celda de un penal que se brinde a alojarlos.

Todos aquellos que son expertos en delitos de violación coinciden en afirmar que, muy difícilmente, un violador puede regenerarse e, incluso en el caso de que se haya esforzado en ello y tenga la voluntad de no reincidir, su instinto y predisposición a caer de nuevo en la tentación hacen muy difícil que pueda evitar caer de nuevo en el mismo delito. Nadie podrá objetar que el responsable de un genocidio, debiera ser vigilado especialmente y, si su comportamiento, sus ideas o sus instintos no le han permitido rehabilitarse cuando venza su condena, se le debiera retener para evitar que volviera a las andadas ( recordar que, a partir de un mínimo de condena, la causa sería revisada cada dos años) y lo mismo podría argumentar en los delitos de lesa humanidad o contra el derecho de gentes, igual que en los casos de una víctima menor de 16 años o en la que concurrieran especiales circunstancias de vulnerabilidad.

Entendería que los que, con tanta rudeza, han desechado esta ley, quisieran darle un redactado más de acorde con los artículos que se consideran vulnerados (10,15 y 25 de la CE) o, incluso, que se propusieran los cambios necesarios para que quedaran legitimados en aras a la seguridad de las personas decentes que son las que, en definitiva, serían las perjudicadas en el caso de que, cumplida la condena por el delincuente, su salida a la calle fuera como quien abre la puerta del toril y permite que, el morlaco, embista a todos aquellos transeúntes con los que se cruce la bestia. Pero estamos ante unos grupos de personas para las que la ley no es más que un estorbo, dispuestos a acabar con cualquier vestigio de orden, seguridad, derechos individuales, propiedad privada, respeto por las ideas ajenas, formas e instituciones democráticas; obcecados con la idea de establecer el marxismo importado de Sudamérica y que tan nefastos resultados ha causado en todos aquellos países que decidieron probar tal forma de gobierno.

Desde que el señor Rodriguez Zapatero accedió al poder y nombró a una serie de ministros dispuestos en acabar con todo lo que fueran costumbres, leyes, impuestos, moralidad y ética cristianas, religión católica, institución familiar y demás rescoldos del régimen anterior, todos los sucesivos líderes de izquierdas han ido intentando y consiguiendo ir relajando todos aquellos valores, puntales morales, leyes, libertades que, de alguna manera, entendían que venían de la derecha y, en consecuencia, se trataba de acabar cuanto antes con ellas y, señores, en ello están; en seguir royendo las bases de nuestro Estado de Derecho y acabado con toda aquella civilización cristiano romana que heredamos de nuestros mayores y que, tantas veces, los enemigos del orden y los progresistas antisistema, han intentado acabar sin conseguirlo. Lo intentaron en la década de los 30 del siglo pasado y, según todos los indicios, lo intentan de nuevo, con esta invasión de extremistas de izquierdas, en la actualidad.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos como, en torno a toda esta movida que España está afrontando en estos momentos, existe un propósito claramente evidenciado en aquellas localidades en las que, esta izquierda bolivariana, ha conseguido hincar la garra, de trasmutar todo el régimen político, fiscal, social y financiero para transformarlo en lo que, en tiempos pasados, fue el modelo del soviet ruso, el que tanta tristeza trasladó a todas las naciones que cayeron bajo el yugo soviético y que, con la caída del muro de Berlin y la del régimen comunista ruso, muchos pensamos que ya se había erradicado aquella maldición para siempre. Evidentemente estábamos equivocados.

La izquierda carga contra la Prisión Permanente Revisable

¿Deben prevalecer los derechos de los delincuentes sobre los de los cumplidores de la Ley?
Miguel Massanet
jueves, 6 de octubre de 2016, 01:05 h (CET)
Resulta curioso como, en España, se ha llegado al convencimiento, por muchos de los que forman esta nueva izquierda tan acomodaticia con aquellos que incumplen las leyes, tan “comprensiva” con determinados tipos de delitos y tan preocupada por las condiciones en los que cumplen sus condenas los delincuentes, tan favorable a los actos de gracia (siempre que los beneficiados no fueren de derechas), tan vigilante con los derechos fundamentales de quienes no se han preocupado de los de sus propias víctimas y, por el contrario, tan falta de interés por los perjudicados y damnificados, tan olvidadiza con las fechorías de los criminales y resto de indeseables y tan dispuesta a perdonar, cuando las víctimas han sido de la misma ideología, progres, antisistema, anarquistas o cualquier otro tipo de los que acostumbran a vivir al margen de la Ley y, sin embargo, tan exigente, dura, justiciera e intransigente cuando, a quien se trata de pedirle cuentas, sea de una ideología más conservadora o se trate de alguien que forme parte de lo que, los seguidores de don Pablo Iglesias, dieron por denominar “la casta”, expresión con la que pretendieron incluir a todos aquellos que no fueran de los suyos y que, por el simple hecho de no pensar como ellos, ya merecían ser calificados de “enemigos del pueblo” o de “fachas criminales”, siguiendo las consignas de sus valedores, proveedores e inductores, como las del sujeto que los viene financiando, el señor Maduro de Venezuela.

Aún sin gobierno, sin que apenas hayan estrenado sus asientos en el Parlamento de la nación, sin otra idea que la de incordiar, molestar, destruir todo lo que ha edificado la derecha y poner en la picota al PP, sin analizar las causas por la que se puso en estudio la ley de Prisión permanente; sin que muchos de los que han decidido votar en contra, simplemente por el hecho de que quien la proyectase fuera un partido de derechas; toda la mayoría de izquierdas recién aterrizada en las correspondientes poltronas, ya con sus sustanciosos sueldos asegurados ( salvo que haya unas nuevas elecciones que acaben con sus sueños de enriquecerse) y sin que sus acuerdos parezca que tengan posibilidades de salir adelante, han decidido que esta Ley debe ser impugnada y anulada.

Se habla de su inconstitucionalidad y, ya que hablan de ello nos preguntamos ¿si es muy constitucional que el recurso contra la Ley de Aborto promulgada por los socialistas, en tiempos de Rodriguez Zapatero e impugnada por varios partidos, entre ellos el PP, al poco tiempo de ser promulgada, yazca en alguna estantería del TC, llena de polvo y olvidada por quienes tenían la obligación de estudiarla con urgencia? Debido a este su retraso, en el caso de que finalmente fuera declarada inconstitucional (como debiera serlo), se dejarían de asesinar, repito, asesinar cada año en España la friolera de más de 100.000 fetos. Algo que, si resultara ilegal y contraria a lo dispuesto constitucionalmente, seguramente se les podría demandar a los magistrados, por ser ellos los culpables por falta de diligencia, incuria y negligencia en el cumplimiento de su deber, por tal injusto y satánico derramamiento de sangre inocente.

Es posible que la Constitución, cuando reguló el tema que nos ocupa, no tuvo en cuenta una determinada clase de delitos que, por su especial gravedad, su repercusión social, su difícil compensación a los perjudicados por ellos y por la dificultad existente en determinar si el recluso, al concluir su condena, está realmente reeducado o, por el contrario, se trata de un sujeto incapaz de regenerarse y sólo espera la libertad para reanudad su carrera delictiva. Cuando la nueva ley, por su propia dinámica, no fija un tope máximo de tiempo de condena (precisamente porque dependería, en todo caso, de que el delincuente estuviera o no regenerado para poder vivir en libertad si constituir un peligro para el resto de ciudadanos con los que volviera a convivir. En ello se han basado todos los que, no se sabe desde qué curioso punto de vista prefieren, al parecer, que en atención a la limitación del tiempo de condena, estuvieran o no recuperados para la vida civil, sigan, como hasta ahora, gozando del derecho a ser excarcelados, aunque la ciudadanía se viera expuesta, en virtud de dicha actuación administrativa a que, el sujeto en cuestión, a la primera ocasión que se le presentase, volviere a reincidir en el mismo tipo de crimen o en alguno semejante.

Se ha estado hablando de modificar la Constitución solamente por cuestiones fútiles, que no representan ninguna causa urgente y que, los ciudadanos, exijamos especialmente; se ha incumplido, claramente y sin disimulo, alguno de sus artículos por los separatistas catalanes sin que, ninguno de ellos ( ahora, a tiro pasado, han sido conducidos ante la Justicia el señor A. Mas y dos de sus ayudantes más destacadas), a pesar de sus reincidencias en reivindicar su derecho a incumplir las leyes y sus desafíos, de forma expresa y pública, a las normas dictadas por el Estado español, hayan recibido nada más que advertencias y amenazas de ser castigados por la ley, sin que ello haya pasado de meros conatos que, al menos hasta ahora y, mucho nos tememos que, tampoco en lo sucesivo, ninguno de ellos vayan a dar, como se merecerían, con sus huesos en alguna celda de un penal que se brinde a alojarlos.

Todos aquellos que son expertos en delitos de violación coinciden en afirmar que, muy difícilmente, un violador puede regenerarse e, incluso en el caso de que se haya esforzado en ello y tenga la voluntad de no reincidir, su instinto y predisposición a caer de nuevo en la tentación hacen muy difícil que pueda evitar caer de nuevo en el mismo delito. Nadie podrá objetar que el responsable de un genocidio, debiera ser vigilado especialmente y, si su comportamiento, sus ideas o sus instintos no le han permitido rehabilitarse cuando venza su condena, se le debiera retener para evitar que volviera a las andadas ( recordar que, a partir de un mínimo de condena, la causa sería revisada cada dos años) y lo mismo podría argumentar en los delitos de lesa humanidad o contra el derecho de gentes, igual que en los casos de una víctima menor de 16 años o en la que concurrieran especiales circunstancias de vulnerabilidad.

Entendería que los que, con tanta rudeza, han desechado esta ley, quisieran darle un redactado más de acorde con los artículos que se consideran vulnerados (10,15 y 25 de la CE) o, incluso, que se propusieran los cambios necesarios para que quedaran legitimados en aras a la seguridad de las personas decentes que son las que, en definitiva, serían las perjudicadas en el caso de que, cumplida la condena por el delincuente, su salida a la calle fuera como quien abre la puerta del toril y permite que, el morlaco, embista a todos aquellos transeúntes con los que se cruce la bestia. Pero estamos ante unos grupos de personas para las que la ley no es más que un estorbo, dispuestos a acabar con cualquier vestigio de orden, seguridad, derechos individuales, propiedad privada, respeto por las ideas ajenas, formas e instituciones democráticas; obcecados con la idea de establecer el marxismo importado de Sudamérica y que tan nefastos resultados ha causado en todos aquellos países que decidieron probar tal forma de gobierno.

Desde que el señor Rodriguez Zapatero accedió al poder y nombró a una serie de ministros dispuestos en acabar con todo lo que fueran costumbres, leyes, impuestos, moralidad y ética cristianas, religión católica, institución familiar y demás rescoldos del régimen anterior, todos los sucesivos líderes de izquierdas han ido intentando y consiguiendo ir relajando todos aquellos valores, puntales morales, leyes, libertades que, de alguna manera, entendían que venían de la derecha y, en consecuencia, se trataba de acabar cuanto antes con ellas y, señores, en ello están; en seguir royendo las bases de nuestro Estado de Derecho y acabado con toda aquella civilización cristiano romana que heredamos de nuestros mayores y que, tantas veces, los enemigos del orden y los progresistas antisistema, han intentado acabar sin conseguirlo. Lo intentaron en la década de los 30 del siglo pasado y, según todos los indicios, lo intentan de nuevo, con esta invasión de extremistas de izquierdas, en la actualidad.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos como, en torno a toda esta movida que España está afrontando en estos momentos, existe un propósito claramente evidenciado en aquellas localidades en las que, esta izquierda bolivariana, ha conseguido hincar la garra, de trasmutar todo el régimen político, fiscal, social y financiero para transformarlo en lo que, en tiempos pasados, fue el modelo del soviet ruso, el que tanta tristeza trasladó a todas las naciones que cayeron bajo el yugo soviético y que, con la caída del muro de Berlin y la del régimen comunista ruso, muchos pensamos que ya se había erradicado aquella maldición para siempre. Evidentemente estábamos equivocados.

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Hoy quisiera invitarlos a reflexionar sobre un aspecto de la vida actual que parece extremadamente novedoso por sus avances agigantados en el mundo de la tecnología, pero cuyo planteo persiste desde Platón hasta nuestros días, a saber, la realidad virtual inmiscuida hasta el tuétano en nuestra cotidianidad y la posibilidad de que llegue el día en que no podamos distinguir entre "lo real" y "lo virtual".

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