Los grupos parlamentarios del PSOE y del PNV pedirán este martes en el Congreso en sendas proposiciones no de ley la derogación de la prisión permanente revisable, una reforma que el Gobierno de Mariano Rajoy incluyó en el Código Penal y que la oposición tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional.

El primer debate sobre esta cuestión tendrá lugar en la Comisión de Justicia, donde los socialistas instarán al Ejecutivo a impulsar una reforma del Código Penal para sustituir la prisión permanente revisable por otra pena se adecue a lo previsto en la Constitución y que constituya una respuesta sancionadora "adecuada" y "proporcional" a la conducta que se castiga.

CADENA PERPETUA ENCUBIERTA
En la iniciativa registrada, que recoge Europa Press, el PSOE denuncia que esta reforma introducida por el PP, y que entró en vigor en junio de 2015m no es más que una cadena perpetua encubierta, una pena que, además de no ser éticamente aceptable, contraviene el artículo 25.2 de la Constitución.

"Más allá de la reeducación y reinserción social que este artículo contempla como fines de la pena, lo que la Constitución y el Estado Democrático exigen del derecho penal es la tutela de los bienes y derechos de los individuos y la sociedad", argumenta en el escrito.

Pero, además, los socialistas denuncian que la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy vulnera el artículo 9.3 de la Carta Magna ya que su "imprecisión" no garantiza el principio de legalidad y seguridad jurídica.

NO ESTÁ JUSTIFICADA
Parecidos argumentos utilizará, horas más tarde, el PNV en la defensa de su proposición no de ley en el Pleno del Congreso, donde los nacionalistas vascos insistirán en la necesidad de suprimir la prisión permanente revisable "por no hallarse justificada desde razones de política criminal".

En su caso, el PNV recupera esta iniciativa, que en la pasada legislatura registraron en forma de proposición de ley, porque la "irresponsable" reforma de los 'populares' no hace más que "encubrir la pena de prisión de por vida o prisión perpetua", vulnerando así el principio de legalidad y el mandato de resocialización, ambos contenidos en el artículo 25 de la Constitución.

Pero además, añaden, "atenta contra la dignidad de los seres humanos y contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes". Según abundan, la propia Constitución ha descartado por "inhumana" la pena de muerte y establece que las penas "no sean inciertas, no atenten contra la dignidad humana, no resulten inhumanas y proscribe la cadena perpetua cuando incluye el mandato de la reinserción de las penas".