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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

¿Deberían fijarse límites para los periodistas?

Miguel Massanet
Miguel Massanet
lunes, 28 de diciembre de 2009, 08:30 h (CET)
Me parece que hay algunos comportamientos en la sociedad que ya se han tomado como una carga o servidumbre inevitable, que se acepta con resignación y que da la sensación de que, como ocurre en el caso de la persona del Rey, existe en nuestra sociedad un nuevo poder, distinto a los tres enunciados como pilares de la Nación por el señor Montesquieu, que, no obstante, ha ido adquiriendo en los países desarrollados un poder, una influencia y una impunidad que, si bien no se les ha reconocido directamente por las leyes, ha conseguido que, de hecho, se hayan convertido prácticamente en inmunes a la Justicia, en virtud de una facultad reconocida por el texto constitucional, que es la libertad de expresión, opinión y publicación de noticias. Es evidente que nadie puede objetar una norma tan claramente expuesta por nuestra Constitución pero, como sucede en todas las cosas, también existen unos ciertos límites impuestos por los propios derechos de los ciudadanos a su propia imagen y a su intimidad; por la ética, fueren consecuencias de leyes específicas que protegen a determinados colectivos como es el caso de los menores de edad. Existen, sin duda, unos ciertos límites, una línea roja que, en ningún caso, debería traspasarse. Estamos hablando de la profesión de periodista, de sus facultades, de sus derechos y, también, de sus limitaciones y, como no, de un código ético que debe regir en cualquier agrupación de modo que se impida, a sus integrantes, traspasar las fronteras que establecen la distinción entre la noticia u opinión publicables para conocimiento del gran público, de aquellos actos que entran en controversia con los derechos individuales que la propia Constitución declara como fundamentales que protegen los derechos individuales de los ciudadanos.

No voy a entrar a discutir sobre si, la sentencia que ha condenado en primera instancia a dos periodistas de la SER, por desvelar la afiliación política de un grupo de sujetos inscritos en una formación política, es o no correcta; si los actos que se les imputan constituyen delito y si están comprendidos dentro de los permitidos por la ley que ampara la libre expresión y publicación de noticias o si, ambos periodistas, se excedieron de sus límites, traspasando la frontera que marca la ley. En todo caso, lo que es incuestionable es que, hoy en día, bajo la salvaguardia del derecho de expresión e información, muchos periodistas se aprovechan para despellejar, descalificar, injuriar y machacar la honra, los derechos a la intimidad y la privacidad de muchas personas, públicas o privadas, que se ven, prácticamente, inermes ante la voracidad informativa de los medios, que primero publican la noticia, visual o escrita, y luego, si es que llega el caso, se enfrentan a las reclamaciones legales de aquellos que se han sentido injuriados o perjudicados por aquella información. Lo que sucede es que, una vez hecha pública una opinión, una fotografía o una intimidad que pueda molestar o perjudicar al sujeto pasivo, el mal ya está hecho y ya no cabe una reparación que sirva para que, aquellos a los que les ha llegado la información, la olviden o conozcan la rectificación o, cambien de opinión respecto a aquella persona a la que se perjudicó irresponsablemente.

Lo he comentado en el caso de estos programas, programas basura o realities show, tan abundantes hoy en día, que parecen gozar de patente de corso para hacer migas, públicamente, a aquellas personas que no les resultan gratas a sus presentadores o que intuyen que pueden resultar un buen reclamo para que aumente la audiencia de sus espectáculos. El daño que este tipo de programas puede llegar a causar a quienes son víctimas de sus crueldades, puede resultar incalculable y, todavía más, si se tiene en cuenta que a ellos suelen acudir personajillos de poca preparación, frecuentemente mujeres que han llegado a hacerse famosas por haberse casado con alguien conocido, o haber sido su compañera, o que andan en busca de sacar dinero de alguna de sus relaciones anteriores; que suelen dar una cumplida muestra de aquello que más les gusta a los espectadores de tales shows – muy predispuestos a dejarse mover por el morbo y el folletín – que aplauden a rabiar cuanto más hortera en la protagonista, peor es su vocabulario y más soez es el tema del que se trata. Las consecuencias de la frivolidad, falta de rigor, endiosamiento de sus presentadores y ausencia de un conocimiento profundo respecto a los hechos que ponen en tela de juicio; hace que estos programas caigan con harta frecuencia en derivas que rozan la irresponsabilidad, pueden dañar a terceros y constituyen de por sí un atentado contra el buen nombre de personas que se encuentran inanes ante tales prácticas.

Y es que creo que deberíamos distinguir entre aquellos famosos o “famosillos” que andan buscando salir en la prensa para promocionarse y, de paso, sacar rendimiento de su popularidad (en muchos casos conseguida de forma indirecta, sin ninguna cualidad que los haga merecedores a la fama); de aquellos otros que se convierten, sea por sus opiniones políticas, por el puesto que ocupan en la sociedad o por sus especiales conocimientos en alguna materia, en objeto del acoso de los medios de comunicación que, en ocasiones se convierten en una verdadera pesadilla para las personas en quienes fijan su atención. Para los primeros, que con su pan se lo coman pero, en el segundo caso, sería preciso que se arbitraran las correspondientes salvaguardas legales que impidieran el acoso en que se convierte, en muchas ocasiones, el afán de conseguir una información, aún a costa de hacerle la vida imposible a quien se convierte en su víctima propiciatoria.

Gran parte de la responsabilidad de que se produzcan extralimitaciones por parte de los reporteros, se les puede achacar a las empresas de la comunicación que son las que impulsan a sus periodistas a entrar en una clara competición para conseguir noticias destacadas de estas que causan impacto en sus habituales clientes; incitando a que, en esta emulación, los encargados de conseguir la información apuren hasta el límite la línea divisoria entre lo que constituye el derecho a conseguir una información y lo que ya entra en la intromisión en la intimidad de aquellas personas de las que intentan conseguir la noticia. Aquí es donde el Estado debiera establecer las reglamentaciones precisas para que los derechos de unos y otros quedaran a salvo, dejando claramente fijada, por ley, la barrera legal que delimitase, sin lugar a dudas, los topes de cualquier labor de periodismo de investigación.

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