“Que la afiliación partidista sea un dato que deba quedar a la sola disposición del interesado, se compadece mal con la naturaleza y la función de los partidos. La pertenencia a un partido no es algo de lo que avergonzarse”. Estas líneas aparecían publicadas en un editorial en el diario “El País” después de conocerse que un Juzgado de lo penal ha condenado en primera instancia –la SER ya ha anunciado recurso- a Daniel Anido, director de la SER y dicen que responsable del agit-prop de los sangrientos días de marzo de 2004, así como al director de informativos de la misma emisora de radio, por hacer públicos, sin su consentimiento, el nombre de 78 afiliados del Partido Popular. Líneas, por cierto, que podría suscribir el director de “El Mundo”, Pedro J. Ramírez, quien ha calificado la sentencia que condena a Anido de “disparate”.

Efectivamente, militar en un partido político no es algo por lo que haya que avergonzarse aunque en la España “democrática” de la casta oligárquica pueda ser un deporte de riesgo amén de una demostración de heroicidad si, por ejemplo, uno se afilia al Partido Popular en, digamos, Rentería. Pero que no haya que avergonzarse de ello no supone que los señores de “El País”, cada día más “progresistas” –impresionante el manifiesto marxista publicado en sus páginas en el que hablan de que Internet debe quedar en manos del Estado firmado por todas las antiguas reliquias estalinistas que han conseguido localizar, Rosa Regás a la cabeza- que es el periódico del régimen creado por el régimen y en defensa del régimen, puedan despreciar el derecho a la intimidad que tenemos los ciudadanos. El que un ciudadano sea o no militante de un partido político, se pongan como se pongan los mismos periodistas que callan ante atropellos de la libertad de expresión si no afectan a los suyos, no es ni debería ser una noticia periodística.

Se lo voy a explicar muy gráficamente: tener SIDA, cáncer, hepatitis, gripe o cualquier enfermedad o bien estar en tratamiento psiquiátrico por enfermedad mental, alcoholismo o drogadicción tampoco es o debería ser motivo de vergüenza alguna. Entonces ¿por qué la confidencialidad de los datos médicos? Que no se conozca querría decir, según los empleados de Cebrián, que la sanidad pública no es “democrática”. A ver, señores periodistas, ¿qué es eso de que el estado de salud quede “a la sola disposición del interesado”? ¿Tenemos derecho a publicar qué periodistas consumen drogas o se han aficionado demasiado al alcohol, por ejemplo, o esos son datos que deben “quedar a la sola disposición del interesado”? Es más… ¿era noticiable la intromisión en el derecho a la intimidad de Pedro J. cuando se publicó el ignominioso vídeo erótico? Quien esto suscribe sostiene que el derecho a la intimidad está en estos casos por encima del derecho a la información.

Otros datos que no deberían, según estos totalitarios en campaña contra los artículos 16 (“Nadie estará obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”) y 18 (“se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”) de su socialdemócrata y de facto derogada carta otorgada, quedar “a la sola disposición del interesado” serían la creencia religiosa (que el Estado cree un registro de adscripción religiosa) o… por ejemplo… el voto.

¿Qué es eso, en una sociedad que disfruta de una “democracia prisaica”, de que el voto sea secreto? Aquí hay que votar a mano alzada. Y ¡viva la libertad!