Escalofriante. Según se conocía este pasado puente de la Inmaculada gracias al diario “Expansión”, desde la Oficina Económica de la Moncloa un tal Antonio González, sindicalista de UGT y uno de los más de seiscientos asesores de José Luis Rodríguez Zapatero, aconseja liquidar la libertad de mercado y sustituirla por la criminal y fracasada economía planificada. La misma economía planificada que tanto bienestar procuró, como todo el mundo sabe, a los ciudadanos de la URSS antaño y a los cubanos o norcoreanos hoy. ¿Qué es eso de que el empresario decida en donde invertir? ¿Qué es eso de que el ciudadano, al cual toda esta tropa considera tonto de baba, sepa mejor que el político o sindicalista de turno qué hacer con su dinero? ¿Cómo es posible que haya quien gane más dinero que otros? A esta economía planificada, tan del gusto de demócratas como Stalin, la llaman, dando la razón, una vez más, a Ludwig von Mises, quien ya advertía hace décadas que los socialismos, incluso los considerados más “light”, son igualmente liberticidas y criminógenos, “socialdemocracia”. Defiende el tal González, que no es Felipe sino Antonio, que el gobierno debe dirigir la producción. Y debe dirigirla, porque él lo vale, hacia la educación (como si en España hubiera de eso), I+D +I (eso que es imposible desarrollar sin una educación de calidad) y a la burbuja de las energías renovables –el día en que estalle el carísimo e improductivo modelo de las energías para pijos (Gorbachov en el por la fiscalía investigado “Fórrum” dixit) va a dejar a la burbuja inmobiliaria convertida en un mal chiste-. Y sanseacabó. Además, como si los más de 400 millones de euros que se han llevado este año por la cara y el populismo de ZP sindicatos y patronal fueran poco, propone este asesor monclovita aumentar aún más el peso sindical o, lo que es lo mismo, la subvención. Todos a trabajar para mantener a Cándido Méndez, a Fernández Toxo y Díaz Ferrán.

Y en el Congreso acallemos a los jóvenes que osan denunciar la falta de escrúpulos y decencia de unos sindicatos verticales –incluyo aquí a la CEOE- que no son más que casta del régimen y de los cuales la ciudadanía cada día está más harta.

Por otro lado, tenemos a los sindicatos en Madrid oponiéndose con todas sus fuerzas a la libertad de elección de médico y a que la comunidad autónoma deje de estar dividida en más de una decena de artificiales áreas sanitarias inventadas en su día por los socialistas. Y es que con las nuevas leyes aprobadas por el Partido Popular de Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid los “paganinis”, verdaderos propietarios del sistema público de salud, como no se cansa de repetir una y otra vez el consejero Juan José Güemes, podrán elegir médico de cabecera, pediatra, especialista y centro. Se introduce, además, la sana competencia en el seno de la administración pública, recompensándose a aquellos profesionales y centros que los pacientes, que de tontos no tienen un pelo, prefieran. Los vagos andan preocupadísimos, claro. Encima, con esto del área única se reduce drásticamente, he aquí la madre del cordero, el número de liberados sindicales en varios centenares. Entre un 30% y un 50%. Es decir, que no habrá tantos señores sindicalistas pagados con nuestros impuestos dedicados a perseguir al Consejero de Sanidad por los hospitales.

Por si con esto los sindicalistas no tuvieran suficiente, amenaza también el gobierno regional con perseguir el absentismo laboral y acabar con el sistema de adjudicación de medicamentos en los grandes hospitales obligando a adquirir, a misma composición y eficacia, el más barato. Intolerable.

Así que los sindicalistas madrileños, a los cuales los pacientes y los contribuyentes les importan un pimiento, se han ido a pedir amparo a Enrique Múgica, Defensor del Pueblo. Una patada en las posaderas es lo que les debería de dar. En nombre del expoliado pueblo.