Al cabo de cinco meses de una exhaustiva investigación, contra viento y marea, en la que afloraron datos que pretendieron ser ocultados por la mayoría de los medios del país, finalmente el empresario Aldo Zucolillo fue denunciado penalmente por el gigantesco fraude cometido por su empresa, en el que además estuvo involucrada la CONATEL.

Cuando meses atrás Zucolillo respondió acusaciones al senador Víctor Bogado desde las páginas del diario La Nacion, el empresario reconoció haber pagado diez millones de dólares en 1997, para lograr que su empresa de telefonía móvil empiece a operar.

Zucolillo dio a entender que Bogado se quedó con esa suma, aunque el actual senador asumió sus funciones en CONATEL recién en el año 2000. La avanzada edad, evidentemente, le jugó una mala pasada al Tiranosaurio de la calle Yegros, quien a través de sus propias declaraciones reconoció haber sobornado a las autoridades en beneficio de su empresa.

En el año 2002, siendo ya Bogado presidente de CONATEL, venció la licencia pagada por Zucolillo en 1997, por lo que se procedió a cobrarle más de alrededor de medio millón de dólares en concepto de licencia. Sin embargo, Zucolillo se valió de documentos apócrifos y de un director de CONATEL amigo para recuperar ese dinero ilegítimamente, a través de un supuesto acuerdo privado en el que no tuvo participación la Contraloría General de la República, como dice la Ley. Por si eso fuera poco, no fue hallado el documento invocado por Zucolillo en los archivos de las instituciones públicas: Solo existía una copia y la tenía Zucolillo.

Una investigación realizada desde el Congreso, a través de pedidos de informes durante cinco meses, logró acopiar contundentes elementos tales como informes de CONATEL, de la Procuradoría y homologaciones irregulares realizadas por el Poder Judicial para poder blanquear la apropiación de enormes sumas de dinero por parte de la empresa Personal.

Según la denuncia, en el 2002 la empresa pagó 2250 millones por licencias, y con maniobras ilegales se hizo devolver el dinero en el año 2009, en algo plenamente demostrado en el informe de Procuradoría. En el año 2007, la misma empresa dejó de pagar más de seis mil millones, algo que debe ser reclamado por CONATEL.

En el 2015 la empresa pagó unos catorce mil millones bajo la modalidad de “protesta”, esperando repetir la historia del 2009, a la espera de hacerse devolver el dinero bajo un gobierno amigo o una CONATEL sumisa.

La impunidad con la cual Zucolillo comete fraudes de esta envergadura se explica porque el dueño de ABC cuenta con un andamiaje parafiscal cuya agenda está marcada por los titulares de su diario, además de tener a su servicio un periodista que supuestamente cubre noticias judiciales pero que en realidad se desempeña como si fuera un ministro de la corte número diez. Este periodista ofrece, según las denuncias oídas en el Senado, protección e impunidad a ciertos magistrados, y amenaza o extorsiona a otros con revivir casos comprometedores siempre de acuerdo a las conveniencias de los intereses empresariales y financieros de Zucolillo.

El senador Bogado dijo en tono irónico tener esperanzas de que el Fiscal general del estado, Díaz Verón, cuyo mandato vence en noviembre de este año, imprima los trámites de rigor a las denuncias perfectamente documentadas y avaladas por el Congreso a través del cual se descubrió el gigantesco fraude cometido por la empresa de Zucolillo. Está de por medio la fe en las instituciones de la república, dijo concluyendo su alocución.

El pronóstico de lo que pueda suceder, estando a la cabeza un fiscal general del estado que fue uno de los pocos en acudir a rendir pleitesía al dueño de ABC en su aniversario, es evidentemente reservado, sobre todo por los antecedentes del Ministerio Publico que dirige.

Ya lo dijo alguna vez Alexis de Tocqueville, lo que acostumbramos a llamar instituciones necesarias, muchas veces simplemente son instituciones a las que nos hemos acostumbrado.