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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

El mandato de la Sanidad es constitucional

Ruth Marcus
Ruth Marcus
viernes, 27 de noviembre de 2009, 05:45 h (CET)
WASHINGTON -- ¿Está el Congreso atravesando el difícil trance de intentar implantar la reforma sanitaria sólo para que uno de sus principales pilares -- obligar a todo el mundo a contratar un seguro -- sea declarado inconstitucional? Interesante debate para un seminario de derecho constitucional. En el mundo real, no es un gran quebradero de cabeza.

"Este asunto no es serio," dice Walter Dellinger, ayudante del fiscal general durante la administración Clinton.

Pero en algunos sectores se toma en serio, así que vale la pena explicar en qué puntos de la Constitución se concede al Congreso las competencias para promulgar una obligación a los ciudadanos. Hay dos respuestas cortas: las competencias para regular el comercio interestatal y las competencias fiscales.
En primer lugar, la regulación del comercio. El gasto sanitario consume el 16% -- y creciendo -- del producto interior bruto. No puede haber ninguna actividad individual con mayor impacto sobre el comercio que el consumo de sanidad.
Si usted llega sin un seguro a un servicio de urgencias, ello tiene efectos devastadores sobre la economía nacional -- elevando el gasto y las pólizas de todo el mundo. Si usted elige no asegurarse, limita el tamaño de la bolsa de individuos asegurados y -- asumiendo que sea joven y sano -- eleva el coste de las pólizas.

La sección de la Constitución dota al Congreso de las competencias "para regular la actividad comercial... entre los diferentes estados," lo que puede sonar terriblemente generalista. Pero desde los tiempos del New Deal, el Supremo ha interpretado que esta autoridad recoge las actividades locales de implicaciones nacionales.

En el caso de Wickard contra Filburn en 1942, los jueces resolvieron que incluso si una actividad "puede ser local y puede no ser calificada de actividad comercial, aún así, con independencia de su naturaleza, puede ser regulada por el Congreso si tiene un impacto económico sustancial sobre el comercio interestatal."

Por tanto, resolvió el tribunal, el Congreso podía regular la cantidad de trigo que Roscoe Filburn podía cultivar para alimentar a sus pollos. Ciertamente pues, el Congreso puede obligar al nieto de Filburn a contratar un seguro de salud.
El tribunal ha limitado el alcance de la cláusula de actividad comercial en los últimos años, pero también ha confirmado el veredicto del caso Wickard. En las ocasiones en que resolvió que el Congreso se extralimitaba implicaban situaciones en las que la relación con la actividad comercial interestatal era difusa: llevar armas de fuego en las inmediaciones de los centros escolares y emprender actividades de violencia marital.

En los Estados Unidos contra López, el tribunal dictaminó que la Ley de Zonas Escolares sin Armas de Fuego "no es parte esencial de una mayor regulación de la actividad económica, en la que la regulación puede ser limitada a menos que la actividad aludida estuviera regulada."

El mandato individual es "el reflejo de López como caso de regulación de la actividad comercial," afirma el profesor de la facultad de Derecho de Harvard Laurence Tribe.

De acuerdo, hay mucha diferencia entre regular una actividad en la que un individuo elige involucrarse y obligar a un individuo a contratar un bien o un servicio. De acuerdo también, hay mucha diferencia entre hacer obligatorio el seguro de conducción como obligación para acceder al privilegio de conducir un automóvil, y hacer obligatorio el seguro de salud, tanto si el individuo quiere como si no.

Pero el mandato individual es capital para el esfuerzo general por reformar el mercado sanitario. El Congreso puede no tener competencias para obligar a todo el mundo a ir de compras para impulsar la economía. Pero el seguro sanitario es tan importante para la sanidad, y el mandato individual tan relacionado con el esfuerzo por reformar el sistema, que parece un caso diferente y puede que único.

El Congreso tiene claramente competencias para, en la práctica, obligar a las plantillas a contratar un seguro para su jubilación imponiendo una retención en la nómina con la que financiar Medicare. Es extraño que los mismos conservadores que se quejan de una socialización de la sanidad se quejen de obligar a la gente a recurrir al mercado privado.

Lo que nos lleva a la fuente alternativa de competencias del Congreso, las competencias para "regular y recaudar impuestos, aranceles, multas y tributos."
El mandato individual se administra a través del código fiscal: En sus declaraciones, los contribuyentes tienen que presentar pruebas de estar asegurados o, a menos que tengan derecho a acogerse a una exención fiscal por renta limitada, abonar una multa.

El profesor de la facultad de Derecho de Yale Jack Balkin equipara esto con que el Congreso recaude dinero para programas medioambientales subiendo los impuestos a los contaminantes. "El Congreso puede subir los impuestos a la gente cuyas acciones contribuyan concretamente a un problema social que el Congreso pretenda remediar a través de nuevos programas públicos," concluye.

Balkin cita un caso de 1950 ante el Supremo que confirma un impuesto a los distribuidores de marihuana. "Es una cuestión más que seria que un impuesto no deja de recaudarse simplemente porque regula, desalienta o hasta disuade definitivamente de las actividades tributadas," dictaminaba el tribunal. "El principio se aplica hasta cuando la recaudación obtenida es evidentemente ridícula, o el propósito de la recaudación del impuesto puede ser secundario."
A mí me suena a mandato individual.
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