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Del TC y de cómo lo entienden en Catalunya

Miguel Massanet
Miguel Massanet
martes, 24 de noviembre de 2009, 05:31 h (CET)
No sé si acabo de entenderlo, pero esto no es algo raro en mí ya que, de un tiempo a esta parte, me cuesta horrores poder explicarme como funciona el Estado, como lo hace el Parlamento y como el Poder Judicial. Ahora resulta que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha decidido que, los ciudadanos afectados por retrasos indebidos de las resoluciones del Tribunal Constitucional, pueden reclamar una indemnización por los perjuicios ocasionados por dicha tardanza. Dando por supuesto que, en vista de las difíciles relaciones entre el Supremo y el Constitucional, debemos suponer que, a los magistrados que han dictado dicha resolución, les debe haber causado un gran placer el haberle podido meter un varetazo a sus compañeros del alto tribunal; lo que sí es evidente es que, nuestra Administración de Justicia, por causas que a los ciudadanos de a pie no nos debieran incumbir –porque para que solucione estos problemas ya tenemos al Gobierno, las Cortes y la propia Administración de Justicia –, está funcionando a medio gas, se eterniza en los juicios y, en ocasiones, demasiadas tal vez, incurre en fallos capaces de levantar ampollas en la ciudadanía, que se lleva las manos a la cabeza solo de pensar ¡en qué manos hemos depositado nuestra confianza y a quienes hemos encargado la interpretación de nuestras leyes!. Pero lo que sí es evidente es que, en los procedimientos penales, civiles, administrativos, contencioso administrativos y recursos de amparo ante el TC; los perjuicios que se suelen derivar, para las partes involucradas en los mismos, a causa de las demoras, los aplazamientos por saturación de los tribunales o demás retrasos de tipo administrativo, no son tenidos en cuenta y, sin embargo, si se valoraran debidamente, con toda seguridad ascenderían a muchos millones de euros, a parte de la angustia, la incertidumbre, la inseguridad jurídica y los perjuicios morales que se les acarrean; sin que exista la posibilidad de reclamar mediante un procedimiento abreviado, rápido y efectivo, las correspondientes indemnizaciones de quienes sean responsables de la tardanza en emitir los fallos o resoluciones o, en su caso, subsidiariamente del propio Estado.

Lo que si causa estupor es que, el Tribunal Supremo, haya tardado tantos años en denunciar una situación evidentemente grave y que se haya permitido, por quien le corresponda, que la más alta institución del Estado en materia constitucional, se haya convertido, de facto, en un ente subsidiario del Ejecutivo y que, para resolver sobre un caso de tanta trascendencia como es el tema del Estatut de Catalunya, deba de estar pendiente de las conveniencia de los gobernantes, mezclando intereses políticos con procedimientos judiciales que, por su propia naturaleza, debieran de actuar con plena independencia de cualquier otro poder, fuere este el Legislativo o el Ejecutivo. ¿A qué viene que se hable de postergar la resolución un año, sólo porque a la señora De la Vega o al propio Rodríguez Zapatero les pueda incomodar que, en el seno del TC, no haya una mayoría suficiente favorable a la legalidad del Estatut?, o ¿qué tendrán que ver las elecciones catalanas, para que se hable de que la resolución se retrase hasta que hayan transcurrido dichos comicios? Es obvio que, a la ciudadanía, le cuesta mucho entender que un órgano judicial como es el TC no tenga la independencia precisa para poder mandar a hacer gárgaras a los del Gobierno y a quien se atreviera a cuestionar, por activa o por pasiva, su independencia para interpretar materias constitucionales.

Y no puedo menos que referirme, una vez más, al inefable presidente de la Generalitat catalana. Parece que el señor Montilla ya no se conforma con haber conseguido ser elevado, gracias a la gateada en el escalafón del trapicheo político, sino que parece que, por infusión divina, el preboste del gobierno de Catalunya, también ha alcanzado el dominio de la carrera de leyes y, en virtud de ello, no ha tenido empacho en advertir, al TC, que no confunda sus facultades interpretativas de las normas emanadas del Legislativo, con la posibilidad de legislar, lo que, es obvio no le corresponde. Seguramente los magistrados de tan alta instancia, impresionados por la amonestación del “President”, habrán tomado buena nota y se limitarán a decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del famoso Estatut. Ahora bien, ya que estamos en momento de recomendaciones, yo me atrevería a recomendarle al bueno de Montilla que, lo que es ilegal, lo que es sancionable y lo que un President, por muy catalanista que ahora pretenda mostrarse, no debiera desconocer es que: no se puede presionar, chantajear, inmiscuirse o pretender condicionar la libertad del órgano judicial para que emita un fallo a gusto de la Generalitat, cometiendo prevaricación.

Entendemos que dónde debiera incidir con especial atención nuestro TC es, precisamente, en esta serie de normas emanadas del “Parlament de Catalunya” por las que, prescindiendo de las normas estatales o contradiciéndolas, están minando, poco a poco, los derechos de aquellos españoles que pretendemos continuar siéndolo y que, sin embargo, cada día que pasa, nos es más difícil continuar usando nuestra lengua y se nos presiona más para que tengamos que aceptar imposiciones arbitrarias de aquellos nacionalistas que pretenden convertir a Catalunya en un país independiente del resto de España. Y es que, señores, lo que sí resulta palmario es que, ningún partido político, exceptuando la UPyD de Rosa Diaz, se toma en serio esto de que se pueda hablar en castellano en toda España o que se estudie en el idioma patrio en todas las comunidades o que se puedan ejercer los mismos derechos constitucionales, cualquiera que sea el lugar de la Península en el que un ciudadano decida ir a vivir. Ni el PP ni el PSOE están por la labor de hacer que se respete la igualdad de todos los españoles ante las leyes; ni hacer que todos paguemos los mismos impuestos, sin que puede admitirse el hecho de que por residir en Navarra o el País Vasco haya personas que paguen menos que en el resto del territorio nacional. ( normalmente los ricachones que se empadronan yací para salir beneficiados de los derechos forales)

Lo más curioso en toda esta estrambótica cuestión de la Justicia y del TC, es que no parece que haya muchos que comprendan cual es la verdadera función de este tribunal. Sin ir más lejos hoy, un articulista de La Vanguardia, el señor Jordi Barbeta, hace la siguiente afirmación en su columna: “El Tribunal Constitucional está para resolver conflictos y está a punto de fallar estrepitosamente si, en vez de resolver el conflicto, que es pars lo que se inventó el tribunal, lo exacerba…”. Evidentemente, este señor no ha entendido la verdadera misión que le cabe a dicha institución judicial, que no es un organismo de conciliación, ni de intermediación ni de arbitraje, no señor, el TC no tiene otra función que comprobar si las leyes que se someten a su consideración de adecuan a lo dispuesto en la Constitución o, por el contrario, la infringen en algún modo, con lo que automáticamente deben ser rechazadas y declaradas, en todo o en parte, ilegítimas. Pero es que en Catalunya existe la creencia de que todo lo que se opone a “la voluntad de los catalanes” (sería muy discutible valorar la voluntad del pueblo por el resultado del referéndum sobre el Estatut, apenas aprobado con un 30% de los votos de los posibles electores) debe pasar por encima de lo que deciden los tribunales estatales y sobre todos el TC. Esta ha sido la consecuencia de la sumisión de ZP a las exigencias nacionalistas y de incurrir en el error de manifestar públicamente que “apoyaría el Estatut que aprobara el Parlament de Catalunya”. De aquellos polvos estos lodos.

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